Los nuevos retos.
Por : Gilberto LAVENANT
TIJUANA BC 31 DE OCTUBRE DE 2011.-El jueves 20 de octubre del año en curso, apuntaba aquí, en Palco de Prensa, que luego de haber dedicado varios meses a la reforma política, que aunque incompleta, cubrió mucho más de lo que se esperaba, ahora los legisladores estatales se preparan para darle una sacudida a la estructura del Poder Judicial del Estado. Señalaba entonces que esto no es ningún secreto, pues en sus diversas exposiciones, los diputados estatales hablan y advierten que ahora van tras el Poder Judicial. Que no es cuento.
Apuntaba otras cosas más, a propósito de las intenciones reformistas del Poder Legislativo, respecto al Poder Judicial, pero por ahora solo baste reflexionar sobre los nuevos retos que han de enfrentar a partir del día de mañana, en que deberán decidir si reeligen a la Lic. Maria Esther Rentería Ibarra, como Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, o si se elige a quien la supla en el cargo.
Para quienes no lo sepan, deben saber que, de manera cobarde, en tanto que se hizo bajo la máscara del anonimato, individuos sin escrúpulos en los últimos días han estado circulando, vía correo electrónico, una lista de supuestas fallas en que dicen incurrió la Licenciada Rentería Ibarra y además, señalamientos en el sentido de que carece de posibilidades, legalmente hablando, para reelegirse, que incluso algunos diputados locales ya elaboraron una especie de dictamen en ese sentido.
La identidad de los autores, ya es perfectamente conocida, así como sus presuntas relaciones al interior del Poder Judicial. Se sabe que en los próximos días se procederá administrativamente en contra de tan nefastos e intrigosos personajes, no precisamente porque estén señalando verdades que duelan, sino porque, utilizando espacios e infraestructura oficial, se distraen en campañas de desprestigio, apostándole a la posibilidad de cobrar favores a quienes pretenden beneficiar. Bueno, si sus aliados quedan al frente del Tribunal Superior de Justicia. De lo contrario, el tiempo de su permanencia en la institución, está limitado.
Pero al margen de insidias e intrigas, quien quede al frente del Poder Judicial del Estado, enfrentará serios retos. El primero de ellos, ante las manifiestas intenciones reformistas de los legisladores locales, consiste en no permitir, de manera alguna, que la administración de justicia se vicie con intereses partidistas. Solo eso faltaría, que PRI y PAN, se distribuyan los espacios del Poder Judicial, como si fuesen tajadas de pastel o partes de un botín.
Hasta el momento, al menos públicamente, los juzgadores, sean jueces civiles o penales de primera instancia, o magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, han resistido la tentación de refugiarse en los partidos políticos, para conseguir ascensos o garantizar su permanencia en la función de administración de justicia. Si de por sí las cosas no están del todo bien, imaginen nada más que se llegue al grado de identificar a los juzgadores por siglas partidistas y que estos atiendan más a las consignas y lineamientos de los organismos políticos de su filiación, que a los principios generales de derecho y normas jurídicas. Sería el colmo de los colmos.
Otro de los retos que enfrentarán los Magistrados integrantes del Poder Judicial del Estado, y en especial quien quede al frente del mismo, es vigilar que las intenciones reformistas, se ajusten a la técnica jurídica, y no a meras ocurrencias, que sean ellos los que den el primer paso para ello y que se acuda en consulta a todos los órganos colegiados, en todas las materias. Que las reformas sean integrales respecto a los códigos.
Y todavía más, ya es tiempo, de establecer las bases para que la carrera judicial sea una realidad. Que no lleguen a ocupar cargos judiciales, por mero compadrazgo o amiguismo. Es más, que por ningún motivo se permita que individuos carentes de experiencia en el terreno de administración de justicia, lleguen a ocupar plazas de magistrados, o de jueces, como si fuese un premio político, pues esto irá en deterimento de la administración de justicia. Quien sueñe o aspire a ejercer la función de juzgador, que empiece desde abajo.
Atención especial merece el procurar la dignificación de la administración de justicia. Los juzgadores, sean de primera o de segunda instancia, deben estar dotados de una sólida solvencia moral y ética. Que su desempeño sea transparente, eficiente y fuera de toda duda. Duele escuchar comentarios que indican, aunque en muchos casos sea sin fundamento alguno, que los tribunales son como mercados sobre ruedas, donde la justicia se vende al mejor postor.
En ese tenor, la verdad, el Poder Judicial del Estado, no garantiza, de manera alguna, que todos y cada uno de sus funcionarios, sean justos, imparciales y ajenos a corruptelas. Cuando menos, se deben fijar los lineamientos para que los criterios que hagan valer los juzgadores, tanto de primera como de segunda instancia, sean los más ajustados a la doctrina, a los principios generales de derecho y a las normas jurídicas vigentes, de forma tal que resistan cualquier análisis y la más dura de las críticas.
También atención especial merece el poner la justicia al alcance de los ciudadanos comúnes y corrientes. La conseja popular dice que el rigor de la justicia, solo se aplica a los pobres, en materia penal, pues por regla general los ricos, ni siquiera pisan la cárcel. Para ellos la impunidad, es un blindaje que resíste cualquier embiste legal.
Lo mismo puede decirse en materia civil. Muchos ciudadanos, lamentablemente, pierden su patrimonio, porque la falta de recursos económicos, no les permite tener la asesoría jurídica elemental. Son como náufragos perdidos en el mar, infestado de tiburones. Para ellos, la injusticia, es el pan de todos los días.
Y aunque el cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justciai del Estado, no es político, como representante de uno de los tres poderes que constituyen el Estado de Baja California, quien ocupe dicho cargo, debe tener la madurez y capacidad suficiente, para representar dignamente al Poder Judicial durante el desarrollo del comicio presidencial del 2012 y el estatal del 2013, sin servilismos, ni sometimientos, ni complicidades.
