Durante décadas, los pueblos indígenas mexicanos han aguantado padecer pobreza, abusos, despojos y un trato desigual injustificado, tanto por su color de piel o por hablar su lengua originaria, a pesar de que existe una legislación que prohíbe y sanciona la discriminación. 

A partir de este día, la historia política del país debe cambiar de rumbo, burlarse de los representantes de nuestros pueblos originarios no es broma ni un chiste de comediante. 

Tras sostener una reunión de trabajo en Guanajuato, a menos de 3 semanas previas a las elecciones federales de este año, un audio exhibe públicamente a Lorenzo Córdova burlándose de los pueblos indígenas. Es una conversación entre el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y su secretario ejecutivo, en el que se refiere de forma despectiva a unas asesorías en materia electoral para pueblos indígenas.

Desde abril de 2014, la Cámara de Diputados eligió a Lorenzo Córdova como Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral por un periodo de 9 años; el país se encuentra en la recta final de las elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados.

En el audio de referencia se muestra a Lorenzo Córdova diciendo: "No mames cabrón. Hay que escribir unas crónicas marcianas de los indígenas desde el INE”, “Quihubo, jefe gran nación chichimeca. Vengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones"

Pero además el presidente del INE considera “dramáticas” las reuniones en que se entrevistó con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un tema tan delicado y doloroso que incluye a las víctimas de desaparición forzada, un tema que meses atrás, sacó a las calles a miles de mexicanos a exigir justicia y todo esto resulta chistosísimo para él, hasta considerar la posibilidad de escribir unas divertidas crónicas “marcianas” sobre el lenguaje oral de los nativos de las comunidades indígenas.

“Desde la dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón. No mames. No voy a mentir. Te lo voy a decir como hablaba ese cabrón: ‘Quihubo jefe gran nación Chichimeca’”, dice Córdova. “Yo no sé si hable así pero no mames”, le repite a su secretario al tiempo que se burla con risas muy definidas.  “O acabamos muy divertidos o acabamos en el siquiatra”,  se les escucha a Lorenzo Córdova entre carcajadas.

Lorenzo Córdova Vianello es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un doctorado en investigación de Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia, es Investigador –con licencia- del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM en donde imparte las cátedras de "Teoría de la Constitución", "Derecho Constitucional" y "Derecho Electoral". Hijo de Arnaldo Córdova, filósofo y prestigiado investigador emérito de la UNAM, considerado uno de los más destacados estudiosos de la ciencia política en México.

Lorenzo Córdova ha sido, además, docente en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. 

¿Pero para qué sirve tanta preparación académica si desconoce o no respeta las leyes sobre discriminación en nuestro país? Y sobre todo, le falta la educación principal: la de los valores morales, los valores de solidaridad, empatía y respeto... Respeto es tratar a los demás con la misma consideración con que nos gustaría ser  tratados.

La falta de respeto es propia de las personas desconsideradas y egoístas, insensibles en alto grado al entorno social. Es tal la  indiferencia de Lorenzo Córdova con respecto a los grupos de condición vulnerable: familiares de víctimas desaparecidas e indígenas, que pasa por alto la extensa legislación que busca la justicia social y la igualdad de condiciones para estos mexicanos. 

Esta burla sobre su lenguaje causa un daño considerable a la sociedad y a los millones de indígenas del país en particular, y más desde la posición en que se encuentra el presidente de esta institución política, pilar de la democracia, pues ha pisoteado su dignidad y su derecho a ser respetados.

El respeto es un valor que permite que se pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de las personas y sus derechos.  Por el contrario, la falta de respeto genera violencia y enfrentamientos. Cuando dicha falta corresponde a la violación de un derecho, de una norma o de una ley, incluso es castigada a nivel formal, que puede ser una multa económica, la destitución o inhabilitación si es funcionario, o hasta la prisión.

La mala educación, la falta de tolerancia con respecto a las ideas o formas de vida de las personas en desigualdad social, la ausencia de valores, la soberbia y el egocentrismo son algunos de los factores que más frecuentemente originan esas faltas de respeto de forma y fondo, que bajan de manera vertical, de los gobernantes hacia los gobernados convertidos en discriminación y xenofobia. Desde el poder hasta los vulnerables.

¿Acaso no conoce ése erudito del derecho, ése doctor en Teoría Política, los artículos 1 y 2 de nuestra Constitución Mexicana? 

Legislación contra la discriminación

El artículo 1° Constitucional es muy claro: “Queda prohibida toda discriminación MOTIVADA POR ORIGEN ETNICO o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El artículo segundo también destaca: "La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos".

Para combatir el racismo y la discriminación racial, la Organización de Naciones Unidas adoptó en 1965 la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y estableció el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La Convención fue firmada por México el 1 de noviembre de 1966 y ratificada el 20 de febrero de 1975. 

De modo similar, tenemos la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, aprobada y proclamada el 27 de noviembre de 1978 por la Conferencia General de la UNESCO, donde se destaca su igualdad en cuanto a dignidad y derechos. De este modo, la diversidad de sus formas de vida y lenguas no pueden ser fundamento, en ningún caso, de prejuicios raciales ni legitimar, en la norma o en la práctica, ninguna conducta discriminatoria. 

Es necesario mencionar que, además del marco normativo internacional de protección contra la discriminación racial, existen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en cuyo artículo segundo, habla de la libertad e igualdad de los pueblos, las personas indígenas y su derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular por su origen o identidad indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece, en su artículo tercero, que los pueblos indígenas y tribales deben gozar plenamente de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.  

A partir del año 2000 se concretaron acciones de política y legislación relativas a la prohibición de la discriminación y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En 2003 se decretó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyo artículo 4º reconoce lo que la Constitución plantea respecto a la no discriminación, y la define como “toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”. Esta ley estableció, asimismo, la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED.

En 2003 se decretó la transformación del Instituto Nacional Indigenista en Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para realizar acciones conjuntas entre el gobierno de México y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en materia de combate a la discriminación, particularmente contra los pueblos indígenas. 

Indígenas: en franca desventaja

En nuestro país, según los últimos datos del Censo de Población y Vivienda 2010, hay 15.7 millones de personas indígenas, quienes en su mayoría viven un momento sensible, de hartazgo de las faltas de respeto de los gobernantes, discriminación racial en todas sus formas y expresiones que se han traducido en malos tratos, abuso laboral, abuso policial, abuso sexual, abuso en todas las modalidades hasta llegar a las violaciones constantes de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

La discriminación contra los indígenas se manifiesta de norte a sur en nuestro país en los bajos índices de desarrollo humano, económico y social, en la extrema pobreza, la insuficiencia de servicios sociales, y la gran desigualdad de trato laboral entre indígenas y no indígenas. Los rezagos acumulados entre la población indígena la colocan en situación de franca desventaja frente al resto de la población nacional, víctima de discriminación y exclusión social, con bajos índices de desarrollo social y humano por ser pueblos indígenas. Las principales víctimas son las mujeres y los niños y niñas, así como los migrantes indígenas en zonas urbanas.  

Un ejemplo: el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) con base en la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto 2012, señala que el 39.2 por ciento del total de la población de habla indígena se encuentra en pobreza extrema, mientras que el 27 por ciento de la población de habla indígena de 15 años o más no sabe leer y escribir. Según cálculos de los propios maestros de enseñanza indígena en Baja California, el caso es más grave: casi el 80 por ciento de la población indígena establecida y nacida en la zona sur de Ensenada, no ha concluido la enseñanza primaria.

Datos del Conteo de Población de INEGI en 2010, refieren que 75 de cada 100 personas hablantes de lengua indígena no son derechohabientes a servicios de salud a nivel nacional. Del 25 por ciento que sí es derechohabiente de tales servicios, 45 de cada 100 son por parte del Seguro Popular, no del IMSS ni del ISSSTE, por tanto, no tienen trabajo fijo. 

Por eso, no se vale ponerse dignos en la Cúpula del INE y creer que porque se va a denunciar la "intervención ilegal" de conversaciones telefónicas y que acudiendo a la Procuraduría General de la República a levantar una denuncia penal por esta filtración, se van a minimizar los hechos. 

Todos los funcionarios y legisladores al rendir protesta como tales, se han comprometido así: ¿Jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución? Y si no lo hiciere, ¡Que la nación me lo demande! 

Estos delitos de discriminación y xenofobia contra nuestros indígenas deben parar. La sociedad mexicana debemos exigir que la actuación de nuestros políticos se base en principios como igualdad de trato, de oportunidades y de respeto hacia los grupos étnicos, para que posibiliten una convivencia pacífica y justa, sin discriminación sin violar las leyes; quien no lo quiera entender, que se le sancione y se vaya, que la nación se lo demande. 

Comencemos demandando como parte de la nación. ¡Que se vaya Córdova!

Lorena Rosas, periodista de investigación y defensora de derechos humanos de indígenas, mujeres y migrantes.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.