Baja California y su nueva reforma política

Por: Abel Muñoz Pedraza

 

MÉXICO DF 30 de septiembre de 2011.- Continuando con el ejercicio que planteó Gilberto Lavenant en su columna del 23 de septiembre,  referente al análisis que llevó a cabo en torno a los 12 puntos que agrupan la reforma política que el pasado 27 de septiembre fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado de Baja California, en esta ocasión, se pretende dar continuidad a este tema y desarrollar nuestro punto de vista al respecto.

 

La nueva reforma política, que entrará en vigor en noviembre de 2013, viene a darle un giro importante al sistema de gobierno con el que estamos acostumbrados, ya que incorpora nuevos instrumentos para cumplir con la función de gobierno que ni siquiera se aplican a nivel federal,  logrando así un mejor equilibrio en la balanza de las facultades que tiene el ejecutivo y legislativo estatal, lo cual permite que un poder no esté por encima de otro. Sin embargo, también existen puntos dentro de la reforma que pueden ser muy cuestionables. A continuación se detallan algunos y las implicaciones que pueden generar.

 

La justificación planteada para aprobar la revocación de mandato, a funcionarios públicos electos por medio del voto, va en el sentido de que la ciudadanía puede destituir a los malos gobernantes antes de que finalice el periodo para el que fueron elegidos, habiendo transcurrido un tercio del mandato. Los funcionarios que pueden ser revocados son: el gobernador del estado, el presidente municipal, los síndicos, los regidores y los diputados locales. 

 

El procedimiento para llevar a cabo consiste en presentar una solicitud suscrita que contemple por lo menos al 10% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de Baja California. Para el caso del gobernador, se requiere que el 10% corresponda a todo el estado, respecto a los presidentes municipales, síndicos y regidores, el 10% debe de corresponder al municipio y, para los diputados locales, se necesita el mismo porcentaje para el distrito al que corresponde. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) será el encargado de la realización del proceso.

 

En este sentido, es muy fácil vender la idea de que este método, para revocar a funcionarios públicos, producirá mejores gobiernos, sin embargo, es un mecanismo riesgoso y plagado de dudas, ya que puede generar inestabilidad política y escenarios de ingobernabilidad, además de que puede orientar a los gobernantes a establecer gobiernos populistas para evadir los riesgos que implica una posible remoción.

 

Sin duda alguna, los malos funcionarios públicos deben de ser deshabilitados y castigados, sin embargo, hay que ser cuidadosos con el método y, en este sentido, los sistemas parlamentarios cuentan con mejores mecanismos para destituir a los gobernantes. Por ejemplo, como ya se ha comentado en este espacio, en un sistema parlamentario el electorado elige a los legisladores, y éstos a su vez al jefe de gobierno, ya sea cuando un partido alcanza una mayoría requerida para hacerlo solo o, formando coaliciones de gobierno entre diferentes partidos. Cuando el jefe de gobierno pierde la confianza del partido o de la coalición que lo nombró, se aplica el mecanismo de moción de censura y lo destituyen. 

 

Un argumento válido para los creyentes de que los diputados locales bajacalifornianos no se animarían a remover a un gobernador o a un presidente municipal, considerando que con la nueva reforma política contarán con un mecanismo de moción de censura y, que es preferible que la ciudadanía cuente con este instrumento para que ésta sea la que castigue a los funcionarios públicos, sería que, como es la misma clase política, se llegan a acuerdos para no golpearse entre ellos y, cuando le toque el momento de gobernar al adversario, éste tendrá compasión por los derrotados y los dejará continuar con su carrera política, a pesar de que en un momento dado haya cometido actos ilícitos. Aquí aplica el dicho popular de “perro no come perro”.

 

Sin embargo, este argumento, que podría ser válido en un momento, perdería fuerza si se hubiera incluido en la reforma la reelección legislativa. En la mayoría de los países con sistemas parlamentarios, y en algunos sistemas presidenciales, se cuenta con este mecanismo, ya sea por un número limitado de periodos o ilimitadamente. En México, no es bien vista la reelección por razones históricas, sin embargo, es tiempo de ponernos a pensar en los aspectos positivos que puede traernos.

 

Sin reelección legislativa, es mucho más probable que nuestros representantes escojan al Congreso como trampolín para saltar a un puesto de elección popular más atractivo o para que estos se incorporen a un gobierno con un cargo importante. Es decir, como menciona Giovanni Sartori, bajo esta limitación, un miembro del Congreso es básicamente alguien que está buscando un “trabajo temporal” y que tiene tres años para encontrar otro. También, la no reelección legislativa dificulta la adquisición de experiencia por parte del representante, lo cual incide en el tipo y calidad de leyes que elaboran y, en consecuencia, nos afectan. 

 

El aspecto más importante que ofrece la no reelección legislativa, es que impide un cierto grado de autonomía que todo representante popular debe tener con respecto a su partido, ya que éste le rinde cuentas al partido político que lo propuso para competir por ese puesto y espera que, al terminar su periodo, le vuelva abrir las puertas para contemplarlo en otro cargo. Es decir, le rinde cuentas al partido y no al ciudadano, el cual le daría su voto por un buen desempeño dentro del Congreso en caso de que existiera la posibilidad de reelegirse.

 

En general, la reforma política de 2011 para Baja California se puede considerar como buena, ya que incluye temas como el de la iniciativa ciudadana, iniciativa preferente, consulta popular, ratificación de gabinete, acotamiento del fuero constitucional, entre otros, sin embargo, hay detalles que, como el que se comentó en esta columna, pueden ser peligrosos, y que en una situación difícil, podrían echar por la borda un avance novedoso en materia política y electoral. 

 

Para terminar

 

Aprovechando el espacio que me ha brindado AFN para externar mis opiniones y puntos de vista sobre temáticas que acontecen diariamente en los procesos políticos locales y nacionales, quiero expresar mi apoyo a las mujeres bajacalifornianas sobre el derecho a decidir respecto al tema del aborto. Lamentablemente, la votación dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no fue suficiente para revocar la legislación que el Congreso del Estado de Baja California aprobó en 2008 por iniciativa de la bancada panista y del partido Nueva Alianza de la XIX legislatura, la cual protege la vida desde la concepción y penaliza el aborto con cárcel. Como reflexión personal, pienso que un Estado puede regular ciertas conductas humanas en beneficio de una sociedad para evitar el caos y la anarquía, sin embargo, el intentar regular preferencias personales es distinto, ya que el ser humano valora y prioriza necesidades de manera subjetiva. El negar la posibilidad a que una mujer decida sobre sus derechos sexuales y reproductivos es una muestra del atraso que tenemos como país y del machismo que sigue imperando dentro de gran parte de la sociedad mexicana. 

 

* Abel Muñoz Pedraza es estudiante de la maestría en Estudios Sociales con línea en Procesos Políticos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la Ciudad de México. Es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Tijuana. Correo electrónico: [email protected]

Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor.