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TIJUANA, BC - jueves, 29 de septiembre de 2011 - AFN.
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  Las hipocresías.
 Por : Gilberto LAVENANT

TIJUANA BC 29 DE SEPTIEMBRE 2011(AFN).-La Suprema Corte de Justicia de la Nación, puso de manifiesto que no es tan suprema, como presume. No logró anular la reforma a la Constitución de Baja California, que prácticamente niega a las mujeres toda opción en caso de abortos no deseados y por el contrario, deja vigentes leyes que las pueden enviar a prisión, como las más viles de los criminales, hasta por 50 años.

Se trataba de resolver, en base a una acción de inconstitucionalidad, planteada por  Francisco Javier Sánchez Corona, entonces Procurador de los Derechos Humanos en Baja California, si era constitucional o inconstitucional, una reforma a la Constitución local, aprobada por la Legislatura Estatal el 23 de octubre de 2008, que en el Artículo 7 tuteló “…el derecho a la vida, al sustentar en que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida”.

Resulta absurdo, que los máximos juzgadores de nuestro país, avalen el derecho a la vida, desde el momento de su concepción, cuando el nuevo ser, apenas empieza a ser una mera posibilidad, una esperanza, que tendrá un desarrollo de 9 meses, y todavía para entonces, cuando habrá de salir del vientre materno, aún corre el riesgo de nacer muerto, no vivo.

La simple reforma, no puede, por mero decreto, proteger a los concebidos y no nacidos, ni mucho menos reputarlos como nacidos “…para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida”. Los señores Ministros, necesitaban 8 votos para dejar sin efecto dicha reforma. Solo 7 votaron a favor de ello y el resto lo hicieron en contra.

Así es que, se requiere precisarlo, no se trataba de despenalizar el aborto. Se trataba de eliminar una disposición constitucional, absurda, aberrante y criminal, que cierra las puertas a las mujeres que se embarazan, producto de una violación o de un simple descuido, para dar por terminado el embarazo. Los ministros, salvo quienes son del sexo femenino, no estarán obligados a cargar en su vientre a un ser en formación, forzosamente, durante nueve meses.

Los ministros, salvo quienes son del sexo femenino, seguramente no saben, ni les interesa saber, la humillación atroz que sufren las mujeres ante una violación callejera y, ya embarazadas, seguir tolerando el producto de la vejación, que en todo momento les recordará los momentos de la agresión. Con dicha disposición jurídica, que los Ministros se negaron a eliminar, condenaron a los niños producto de embarazos no deseados, a vivir sin cariño, quizás hasta con odio.

Representantes de la iglesia, el PAN y organizaciones no gubernamentales, antiabortistas, el propio Presidente Felipe Calderón y su esposa, actúan hipócritamente, pues aparentemente se preocupan por proteger a los concebidos, pero no nacidos, y hacen poco, muy poco, por los nacidos, por los niños, adolescentes y jóvenes e incluso por las madres de estos, que suman ya 53 millones de mexicanos en pobreza.

Hipocresía, que se refleja en la negligencia o apatía, para dar mejores condiciones de vida a tantos millones de mexicanos ya nacidos, que son una realidad deprimente o lacerante, que reclaman escuelas, hospitales, empleos, y simplemente les dan “atole con el dedo”. Y esto, no educa, no quita el hambre, ni cura males.

Son de esos falsos fariseos, que pregonan religiones, de manera fanática, porque suponen que les funciona aquello de “…A Dios rogando y con el palo dando”. Total, piensan, cada semana acuden a un templo a descargar sus culpas. Y son “almas puras”, llenas de puras mentiras e hipocresías.

Los Ministros de la Corte, mostraron que son simples individuos, llenos de prejuicios, temores y sumisiones, a la religión, o al poder político. Ni parece que hayan ido a la universidad, o si lo hicieron, fue de noche, cuando ya estaban cerradas las aulas. La técnica jurídica, así como los principios fundamentales de derecho, no deben estar sometidos a las religiones, ni a la política.

No es pecado, y no debe ser considerado como delito, el que una mujer, que haya quedado embarazada en contra de su voluntad, por violación o por simple descuido, o bien, que carezca de medios económicos suficientes o necesarios para cubrir o satisfacer sus necesidades más elementales, y por lo tanto las necesidades de sus hijos ya nacidos y las del concebido, pero no nacido, que recurra a la posibilidad de suspender el embarazo, cuyo alumbramiento no le traerá alegrías, sino que aumentará sus angustias. Esto no lo entienden, ni lo comprenden los señores Ministros. Se comportan y resuelven como semidioses.  

Pero, por si fuese poco, ¿cómo es posible que a las mujeres del Distrito Federal, recientemente los mismos Ministros les avalaron el poder abortar ? ¿Qué diferencia hay entre las mujeres capitalinas y las de Baja California ?

Aunque en esta ocasión, no se trataba precisamente de legalizar el aborto, sino de eliminar una disposición constitucional, que parece una barrera ante cualquier intención por legalizar abortos en casos especiales, la reforma impugnada resulta retrógrada, no acorde a la realidad social, económica y política.

Qué lamentable, que el llamado Máximo Tribunal de Justicia del país, no haya sido capaz de brindar justicia a las mujeres mexicanas, negándoles el derecho a decidir sobre su capacidad de reproducción, en casos especiales. Los encargados de administrar justicia, no pueden estar amarrados a fanatismos religiosos, ni a intereses políticos.

Qué lamentable, que los hombres de sotána, así como los políticos –mochos, les llaman- pregonen principios e ideales, que no aplican en la realidad. Esas son meras hipocresías. No se le puede llamar de otra forma. En fin, la lucha aún no termina.

         gil_lavenants@hotmail.com     

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