Palco de Prensa
Por : Gilberto LAVENANT
Al fin una buena noticia, en el ámbito educativo. Gobierno y dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, pactaron sus diferencias económicas, comprometiéndose a reanudar clases el próximo martes.
Dos semanas de incertidumbre. Dos semanas de inactividad escolar en el sistema educativo básico. Pérdida de tiempo y molestias, tanto para padres de familia como para estudiantes. Sobre todo, preocupación por la interrupción, por tiempo indefinido, de la educación.
Cual si fuese algo intrascendente, propio de un simple error involuntario, las partes pactan un convenio, cuyos alcances se desconocen, y de manera simplista recurren al “borrón y cuenta nueva”.
No debe ser, así tan simple. Se trata de la formación de miles de niños y jovencitos. Se trata de recursos públicos, mal manejados. Por lo tanto, es obligación de las partes, explicar y precisar, quienes son los culpables de todo esto y qué tipo de sanciones habrá de aplicárseles.
Durante más de 15 días, entre dime y te diré, tuvieron a miles de padres de familia, “con el Jesús en la boca”, sin poder programar su vida diaria, pues además de la responsabilidad del trabajo diario, tenían que estar al pendiente de sus hijos, durante el tiempo que comúnmente pasan en un plantel educativo.
Los protagonistas se agarraron del chongo, en una batalla mediática y finalmente, cual comadres, celebran un convenio, cuyo contenido y alcance solamente ellos conocen, y anuncian el regreso a clases, como un acto gracioso.
Y todavía, como meras vedetes, cada uno de los protagonistas, toma un ejemplar del supuesto convenio y lo muestran, para la foto oficial. Que desvergüenza.
Dada la magnitud del problema, los montos económicos y los miles de afectados, es obligación de ambas partes, reconocer y señalar culpables. Hecho esto, exigir que se les finquen responsabilidades. En especial, garantizar que no se volverá a incurrir en las mismas fallas y negligencias.
Aunque ya se habla de que habrá movimientos en los períodos de receso escolar oficiales, deben mostrar o acreditar, con una evaluación a fondo, que no habrá efectos negativos en la educación básica. Que los estudiantes estarán capacitados, para continuar su preparación escolar, en el siguiente ciclo.
Que se verifique, que no haya un solo grupo sin maestro. Que a todos los afectados, se les repondrán las clases no recibidas.
Que tendrán el cuidado, y la responsabilidad, de reparar o eliminar las fallas administrativas, para que en lo sucesivo no vuelva a pasar lo mismo. Tanto en el aspecto económico, como en el terreno de la educación.
Y aunque todavía no se han cubierto los adeudos pendientes, si lo toman a la ligera, en cualquier momento puede volver a pasar lo mismo. Si los torpes y negligentes, encargados de procesar la información, relativa a las labores de docentes y el pago correspondiente, continúan en sus puestos, al menos cobrando, sin cumplir cabalmente con sus funciones y responsabilidades, esto continuará “patas pa´arriba”.
Quedan muchas preguntas, pendientes de respuesta.
¿Quiénes fueron, realmente, los culpables de esto?
¿Por qué los razagos administrativos y económicos?
¿Si todo está presupuestado, por qué se omitió el pago de interinatos?
¿Por qué decían los funcionarios estatales, que la obligación de pago, estaba a cargo del gobierno federal?
¿A dónde se destinó, o dónde quedó, el dinero presupuestado para el servicio educativo?
¿Cuánto costó, solucionar este conflicto ?
¿Es cierto, que la suspensión de clases, además de la exigencia de pagos adeudados, tuvo fines electoreros?
¿Qué los dirigentes del magisterio, empujaron esta problemática, hasta la suspensión de clases, para abonar a sus respectivos proyectos políticos personales?
¿Será cierto que parte de la negociación, consistió en ofrecerles candidaturas a puestos de elección popular, para los comicios del 2016, a dirigentes e integrantes de los sindicatos de maestros ?
Dicen, que “la burra no era arisca. La hicieron”.
Para evitar especulaciones y sospechas, en torno a este asunto, debe hacerse público el contenido y alcance del convenio suscrito, para lograr la reanudación de clases.
Si los sueldos de profesores y el costo de operación de los planteles educativos, corresponden a un servicio público y se cubren con recursos públicos, el convenio suscrito es de orden público. Nada de arreglos en lo oscurito. Nada de “borrón y cuenta nueva”.
