Definitivamente, no. Hacerlo requiere de una reforma a la administración pública que tuvo que haberse iniciado hace años. Buena parte del gasto está determinado por distintos ordenamientos jurídicos, otra responde a compromisos multianuales o a obligaciones laborales.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación lo inamovible en el corto plazo puede ser cercano al 77.5% del total. Aún siendo posible reasignar todo el gasto, no sería razonable hacerlo para todo el presupuesto, al menos sin un sistema consolidado de información que evite fallas en el proceso que pongan en riesgo la provisión de servicios públicos. No obstante, si se tiene la voluntad de hacerlo, puede ser la oportunidad de realizar cambios a un tramo del presupuesto, cuyo proceso de asignación es evidentemente deficiente y que responde a presiones políticas y a la falta de voluntad para reducir el costo administrativo del gobierno.

Lo anterior, tiene que ser acompañado de un presupuesto basado en resultados, como mecanismo que guíe la asignación presupuestal en el futuro. Para ello, se tienen que cambiar cuatro aspectos fundamentales del proceso presupuestario 1) las deficientes reasignaciones que realizan los diputados al aprobar el presupuesto, 2) el poder discrecional de la propia SHCP al modificarlo durante el ejercicio, 3) el hecho de que las evaluaciones no tengan impacto en las asignaciones de gasto y 4) la falta de un sistema de indicadores de gestión sólido.

La principal deficiencia del presupuesto se origina en la Cámara de Diputados. Año con año se consolida un sistema clientelar, por medio del cual los legisladores ganan recursos a proyectos inviables, o no son necesariamente pertinentes, o son demasiado fragmentados.

El juego consiste en que los diputados no intervengan en las grandes decisiones sobre gasto y en cambio reciban recursos para proyectos en sus entidades o municipios. Con esa dinámica se cuela de todo, algunos buenos proyectos, otros innecesarios y sin duda, mucha corrupción. No existen ni una oficina de presupuesto del Congreso ni un banco de proyectos que ayude a garantizar la calidad de las propuestas de los legisladores.

Se trata de un gasto que no se evalúa, que se fiscaliza muy poco (en buena medida por su dispersión) y que genera problemas muy serios como la falta de grandes proyectos de infraestructura, cultura y deporte. Para resolverlo se requiere tomar dos decisiones. Uno es construir instituciones y reglas para la discusión informada, transparente y productiva del presupuesto en el Congreso.

La otra, es tomar la decisión política de cambiar la estrategia de evitar las discusiones de fondo en materia de finanzas públicas, a cambio de repartir cachos del presupuesto. El gobierno debería ofrecer cambios presupuestales que garanticen efectividad en el gasto a cambio de eliminar o, al menos, limitar los etiquetados. Eso podría mejorar el uso de más de 100 mil millones de pesos.

La otra gran fuente de discrecionalidad en el presupuesto en el ramo 23 que administra la propia Secretaría de Hacienda. En el informe de resultados de la Cuenta Pública 2013 la ASF señala que este ramo reasignó más de 585 mmdp, es decir casi el 15% del presupuesto aprobado. Por cierto, la propia Auditoría Superior señala que la SHCP no ofrece la información suficiente para acreditar el cumplimiento del programa de austeridad, ni una metodología adecuada para alcanzar sus objetivos.

El ramo 23 sirve para todo, lo mismo para completar los faltantes en pensiones, que en los gastos de los Estados en los servicios educativos o para administrar los fondos regionales y metropolitanos. Sirve, claro, para financiar proyectos, útiles desde el punto de vista político, que son difíciles de etiquetar en otro ramo que tiene reglas más precisas para su ejecución.

Mi punto es que la reforma presupuestal tiene que necesariamente acotar y transparentar el enorme poder que otorga a la Secretaría de Hacienda un fondo de estas características. Se requiere, como señala la ASF, mejores mecanismos para decidir las reasignaciones, basadas en criterios establecidos y en información de indicadores. De nada servirá asignar mejor, si buena parte de lo aprobado será modificado sin un sistema transparente y eficiente y que responde a la lógica política.

Por otro lado en México se hace evaluación de buena calidad, particularmente en el área educativa de salud y de política de desarrollo social. Tenemos buena y mucha información de los programas federales en esos temas, que ha servido para mejorar algunos procesos, pero poco, o nada, para asignar mejor el gasto.

Ahí tenemos una muy buena oportunidad de presupuestar mejor con base en información que ya generamos. La evaluación es mucho más escasa en áreas de política como infraestructura, fomento económico y agricultura. En el primer caso se han desmantelado las instituciones de planeación y prácticamente no existen planes a largo plazo, ni proyectos efectivos.

La evaluación de infraestructura se limita a los análisis costo-beneficio, aunque la ASF en el informe mencionado señala problemas en la información que se utiliza. La política de fomento y la agrícola está capturada por grandes productores y organizaciones. Sobra decir la nula evaluación de los fondos federales por convenio que ejercen los estados y sobre todo, del gasto en seguridad pública, cuyo monto se incrementa año con año sin mediciones de desempeño.

Todo lo anterior se resume en la falta de un sistema de evaluación de la gestión pública que genere información e indicadores para la mejor toma de decisiones a la hora de asignar y ejercer el gasto. Falta también, un acuerdo político para reducir y ordenar la toma de decisiones de gasto que no respondan a consideraciones técnicas.

El riesgo, me temo, es que los conservadores, los que consideran que bajos niveles de gasto público son buenos para la economía, aprovechen la coyuntura para mantener a México como una de las naciones que menos recauda impuestos y que por lo tanto, menos gasta.

El gasto público es un elemento indispensable para construir una sociedad más justa y una economía competitiva. Es por eso que tenemos que tomar con seriedad la propuesta del gobierno de reformar el presupuesto. Si se realiza, puede generar enormes riesgos, pero también oportunidades. Es un proceso que necesariamente, para ser exitoso, va a requerir de un intenso debate público. 

@vidallerenas