Palco de Prensa
Por : Gilberto LAVENANT
La Constitución General de la República, claramente establece que “Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos” y advierte, que los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por ese solo hecho, su libertad y la protección a las leyes”.
Sin embargo, en la práctica, patrones sin escrúpulos, hacen como que no conocen la Carta Magna, se aprovechan de las necesidades de muchos mexicanos, especialmente indígenas, jornaleros agrícolas, y los explotan, cual si fuesen bestias de carga. Parece una exageración, pero es cierto.
El pasado lunes 16 de marzo, el propio titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, anunció, casi como un hallazgo y una enorme hazaña, que la dependencia a su cargo, rescató a unos 200 tarahumaras, que laboraban en condiciones de explotación e infrahumanas, en Comondú, Baja California Sur.
Comondú, se ubica en el centro de Baja California Sur. Obviamente, es territorio mexicano y sin embargo puede ser considerado como zona de esclavitud.
Los indígenas, fueron reclutados en Creel, Chihuahua, por una empresa denominada El Cerezo, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, domiciliada en Guanajuato y con engaños los trasladaron a Comondú, Baja Californnia Sur.
Trabajaban en la cosecha de papa, les daban 200 pesos semanales como préstamo, con la promesa de que al final recibirían el pago íntegro de su salario.
Estos trabajadores, entre quienes se encontraban sus familias, 13 de ellos menores de edad, al menos 167 sin registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y por lo tanto sin servicios médicos, vivían hacinados en pequeñas chozas y con serias limitantes de agua.
Lo único que faltaba, era que les pusieran grilletes. Los trajeron de lejos. Les resultaba difícil regresar, por su simple voluntad.
Con descaro, Navarrete Prida reveló que la denuncia la habían recibido un año atrás. O sea, durante 365 días, vivieron y laboraron en tales condiciones. Negar que esto sea esclavitud, que es totalmente contrario a lo que señala la Constitución, es una mentira.
Una situación, casi similar, es la que prevalece al sur de Ensenada, en el Valle de San Quintín. Ahí también son explotados los trabajadores agrícolas, indígenas traídos de otras entidades del país.
Los empresarios agrícolas de San Quintín, son de los más prósperos del país. Libremente explotan a los jornaleros. Nadie se atreve a frenarlos, porque se trata de los hombres más poderosos de la región. Prácticamente los que quitan y ponen funcionarios.
Las denuncias que alguien se atreve a presentar, por explotación y violación a sus derechos humanos y laborales, generalmente no prosperan. Van a parar al archivo muerto.
Esto es del conocimiento de las autoridades federales, estatales y municipales. Siempre lo han sabido y poco o nada han hecho para impedirlo. Esto es lo que puede llamarse la esclavitud tolerada, solapada, soslayada. Por ello es que el sur de la entidad prácticamente se está incendiando.
Al no encontrar respuesta a sus reclamos, es que han decidido denunciar públicamente la explotación de que son objeto. Nadie les ponía atención, nadie volteaba a verlos. Nadie los escuchaba.
Por eso es que decidieron bloquear la Carretera Transpeninsular en varios puntos. Fue la única manera que encontraron de llamar la atención. Paralizar la economía de la zona.
Empero, las crónicas de los hechos, describen cómo los jornaleros son sometidos con la fuerza pública. Les llaman al diálogo, cuando que nunca los escucharon. Eran algo así como fantasmas.
Incluso, los descalifican, afirmando que hay profesionales de la agitación infiltrados, provocando este conflicto social.
Pero nadie habla de formar una comisión, para recorrer los campos agrícolas, convertidos en centros de explotación, para constatar la realidad.
Esto no es nuevo. Tiene una larga historia. Tal vez porque se trata de indígenas traídos de otras partes del país, nadie sale en su defensa.
Los patrones agrícolas, como los de Comondú, han basado su prosperidad económica en la explotación de seres humanos, como si se tratase de simples esclavos.
Pero todo tiene un límite. En San Quintín, hace mucho que los explotadores lo rebasaron.
Si las autoridades, tanto federales, como estatales o municipales, no se deciden a intervenir y frenar todo esto, sin duda alguna pronto lo van a lamentar.
Los jornaleros agrícolas, ya dieron un primer paso. Hoy, muchos mexicanos están a la expectativa, en espera de una respuesta rápida, certera y contundente.
Sin embargo, cabe advertir, que la fuerza bruta, no es la respuesta anhelada. El Estado Mexicano, no debe someter a los explotados, sino protegerlos. La bomba puede estallar.
