Palco de Prensa
El objetivo principal de todo partido político, es llegar al poder. Esto es, ostentar, a través de uno de sus miembros, la Presidencia de la República, la gubernatura estatal o, en su caso, la alcaldía municipal de su comunidad.
Bajo esa regla, quien ostente alguna de esas posiciones, se convierte en el jefe político, en principio de quienes habitan en la comunidad que representan y en especial de los militantes del partido que lo llevó al poder.
En consecuencia, los miembros del partido en el que milita el Presidente de la República, o el de la entidad que encabeza el Gobernador, o en su caso el municipio que gobierna el alcalde, tienen la obligación partidista de avalar y acatar las disposiciones, programas y acciones de cada uno de estos gobernantes.
En el caso de los legisladores priístas, siendo del mismo partido en el que milita el Presidente Enrique Peña Nieto, estaban obligados a respaldarlo en el proceso de creación, aprobación y aplicación de las reformas estructurales, aunque en lo personal las consideraran nocivas para ellos y para la sociedad de la que forman parte.
Bajo tales lineamientos, aunque la sociedad en general los criticó severamente, políticamente hablando, desde el punto de vista partidista, los legisladores actuaron correctamente al levantar la manita para aprobar las iniciativas de Peña Nieto y luego al defenderlas, como si fuesen propias. Esto es congruente, desde el punto de vista partidista.
Sin embargo, en otras cosas, en el caso concreto de los priístas bajacalifornianos, actúan incongruentemente. Esta semana, durante la Sexta Reunión Plenaria del PRI, celebrada en el Estado de México, Aurelio Nuño Mayer, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, dijo que el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto y del PRI, es absoluto con el combate a la corrupción y con la transparencia.
Dicho en pocas palabras, si el Presidente de la República dice que hay que dar el combate frontal a la corrupción, todos los priístas del país, deben actuar en ese mismo sentido. Hacer lo contrario, implica una traición y una incongruencia.
No se vale, repetir, como loros parlanchines, lo que declara el Presidente Peña Nieto, y en la práctica, hacer todo lo contrario, o sea solapar, encubrir y proteger a los corruptos, del partido que sean, y con mayor razón si se trata de priístas.
Eso es precisamente, lo que están haciendo los priístas bajacalifornianos. En lugar de combatir a los corruptos, como proclama el Presidente Peña Nieto, se han dedicado a encubrirlos, solaparlos y protegerlos.
Esta es la actitud que han asumido, ante las actuaciones indebidas de los anteriores alcaldes priístas de los cinco municipios de la entidad, Carlos Bustamante Anchondo, de Tijuana, Enrique Pelayo Torres, de Ensenada, Javier Robles Aguirre, de Playas de Rosarito, Javier Urbalejo Cinco, de Tecate y en especial de Francisco Pérez Tejada, de Mexicali.
Los priístas bajacalifornianos, en particular las dirigencias del tricolor, al igual que los legisladores locales, en lugar de exigir que se proceda en contra de los exalcaldes priístas que hayan incurrido en irregularidades, se han dedicado a protegerlos, para evitar que sean sentados en el banquillo de los acusados, se les exijan cuentas y se les sancione, conforme sus acciones u omisiones.
En el caso del exalcalde tijuanense, Carlos Bustamante Anchondo, se acumularon las irregularidades. Destaca el asunto de las luminarias, que adquirió en arrendamiento, a un valor cuatro veces superior a su costo de compra. A más de un año de haber concluido su gestión, la Sindicatura Procuradora ha estado filtrando información, en el sentido de que habrá de reclamarle responsabilidades, a sabiendas de que ya venció el plazo para ello.
Pero, además, parece mostrar interés solamente respecto a uno de los tantos asuntos, aquel relativo a concesiones para la instalación de carteleras publicitarias, otorgadas a una empresa de su propiedad, estando impedido legalmente para beneficiarse a sí mismo. El caso implica que sea dejada sin efecto la correspondiente aprobación y determinar el retiro de las carteleras instaladas en base a tal acuerdo, nulo de pleno derecho.
Esto es suficiente, para sospechar que no se trata de perjudicar o sancionar al exalcalde, sino de blindarlo, emitiendo una resolución deficiente, con tal intención. Algo así como dar atole con el dedo.
Las acciones protectoras y solapadoras, se repiten en los casos de los exalcaldes Enrique Pelayo Torres, de Ensenada, Javier Urbalejo Cinco, de Tecate y Javier Robles Aguirre, de Playas de Rosarito. Cual si fuesen los hijos mimados del priísmo bajacaliforniano, no quieren qe nadie los toque. Ni con el pétalo de una rosa.
Tratándose de estos personajes, es claro que el PRI negoció con el gobernador panista, Francisco Vega de la Madrid, para que las denuncias penales en contra de ellos, se envíen al archivo muerto, sin importar el tamaño o gravedad de las irregularidades en que hayan incurrido.
Mención especial merece el caso del exalcale mexicalense, Francisco Pérez Tejada. Lo acusan de haber ocasionado daños patrimoniales al gobierno municipal de Mexicali, por más de 900 millones de pesos, y no permite que se le enjuicie políticamente, a fin de fincarles responsabilidades.
Apenas se plantea la posibilidad de enjuiciarlo, sin pensarlo dos veces, los diputados priístas, al igual que sus aliados del PVEM y PT, votan en contra. Les vale gorro el discurso del Presidente Enrique Peña Nieto de combatir la corrupción. Ellos la alientan, la solapan y la encubren. Son totalmente incongruentes con el compromiso presidencial.
