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MEXICO, DF - domingo, 11 de septiembre de 2011 - Raúl Ramírez Baena.
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TIJUANA BC 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011.-

JESUS FRANCISCO BALDERRAMA SANCHEZ
Por: Raúl Ramírez Baena*

 

El título de esta columna se refiere al nombre de un ayudante de albañil de 31 años de edad, que el 04 de abril de 2011 fue desaparecido por la Policía Estatal Preventiva de Baja California (PEP) en el poblado Guadalupe Victoria del Valle de Mexicali, municipio de Mexicali, caso que en su momento tuvo un alto impacto mediático.
 
Ese día, Jesús Francisco trabajaba cuidando un domicilio en ese poblado, en compañía de un menor, cuando irrumpió un comando de ocho agentes de la PEP que lo encerró en un cuarto para someterlo a crueles torturas, posiblemente investigando casos.
 
Un tío de Jesús fue a visitarlo y, al percatarse al igual que otros vecinos del fuerte operativo y de la presencia de cuatro unidades de la PEP frente a la propiedad, decidió quedarse en una esquina a observar el desenlace: Los testigos vieron cómo los agentes sacaron del domicilio un bulto envuelto en una sábana blanca, que metieron en una de las patrullas antes de retirarse a toda prisa. Este evento cambió para siempre la vida de la familia Balderrama, de condición humilde, que dependía económicamente de Jesús.
 
El tema mereció amplios titulares de prensa cuando el dirigente de la CNC en Mexicali amenazó con organizar un mitin a las puertas del edificio del Poder Ejecutivo en Mexicali, para demandar la aparición de Jesús y el castigo a los agentes responsables. El riesgo de partidizar el caso bastó para que el mismísimo Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa, y el Subsecretario, Cap. Eduardo Montero, convocaran a la madre y a la hermana de Jesús a una reunión en las oficinas de la SSPE, prometiéndoles investigar su paradero. Hasta ahí quedaron las cosas.
Una vez que el tema se enfrió en la opinión pública, las autoridades no han vuelto a reunirse con los familiares, no han ofrecido más información sobre el caso y no se conocen avances en la investigación. Ante ello, hacemos las siguientes consideraciones:
 
Se califica como DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS cuando en esta participan agentes del Estado, por acción, omisión o aquiescencia. Constituye un crimen de lesa humanidad tipificado así por la Corte Penal Internacional de la ONU (Estatuto de Roma) y por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. México es Estado Parte de ambas, por tanto, obligado a acatarlas;
    La legislación internacional establece que la Desaparición Forzada de Personas es un delito permanente, tipificado además como delito grave por el Código Penal del Estado de Baja California  (Capítulo II Bis, Artículo 167 Bis);
    Al estar plenamente identificados por los testigos ocho agentes de la PEP como responsables y en consecuencia estar éstos suspendidos, a todas luces constituye un caso de Desaparición Forzada de Persona que amerita la acción penal.

 
Es importante que la sociedad conozca la dimensión y gravedad de estos hechos en función del vacío de información, sobre los términos de ley respecto a este crimen. Algunos creen que, como no aparece Jesús Francisco ni vivo ni muerto, “no hay cuerpo del delito”, cuando el delito consiste, precisamente, en que no se sabe el paradero de la víctima, el cual seguramente conocen sus victimarios, los agentes de las PEP.
 
Llama la atención cómo se manejan políticamente las autoridades estatales de Baja California. Desde hace varias semanas, los familiares de Jesús Francisco han solicitado infructuosamente audiencia con el gobernador José Guadalupe Osuna Millán.
 
Sin embargo, el gobernador recibió de inmediato y fuera de agenda a los padres del menor Carlos Alberto Oceguera Farías, (a) “Charli”, muerto violentamente en julio pasado por otro menor compañero suyo en un Cobach de Mexicali, que demandaban al Juez de Adolescentes revocar la fianza que liberó al inculpado, y al Congreso local incrementar las penas en los delitos graves cometidos por adolescentes, demandas éstas a las que en el acto se sumó el mandatario estatal así como diputados locales.
 
De igual manera, el pasado mes de agosto y también fuera de agenda, el gobernador recibió a su llegada a Mexicali a los niños integrantes del equipo de beisbol que representaron a México en el mundial de la categoría, realizando un brillante papel.
 
Recientemente, el gobierno estatal se cimbró por el aberrante crimen y tortura del joven Oscar Enrique Lucero Jaramillo, cometido en Mexicali por cuatro agentes de la PEP el pasado 14 de agosto de 2011, exigiendo los familiares la renuncia inmediata del Secretario Daniel de la Rosa Anaya y del director de la PEP, Oziel García Hernández, así como la desaparición de la corporación policíaca estatal; demandas que por supuesto no fueron concedidas. Los familiares de la víctima tampoco han sido recibidos.
 
A pesar de los múltiples crímenes y delitos cometidos a lo largo de su existencia, documentados incluso por la Sección de Denuncia y Control Social de la actual legislatura de Baja California, la PEP es una “Policía Estatal Acreditada” por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y “Certificada” por Insyde, ONG dedicada entre otras cosas a ofrecer asistencia técnica a gobiernos locales y a la sociedad civil en materia de Seguridad Pública.
 
El gobernador Osuna Millán debe liberar ya al Procurador General de Justicia de Baja California, Rommel Moreno, para que el Ministerio Público ejerza en lo inmediato acción penal en contra de los ocho agentes de la PEP suspendidos y que desaparecieron a Jesús Francisco Balderrama Sánchez, sobre todo al existir ya una Fiscalía Especializada para casos de Desaparición Forzada en la entidad. El riesgo es que el crimen quede impune como muchos más. Por lo pronto, el caso será presentado en breve por las ONG al Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas de la ONU.
 
*Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC

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