Columnista de la SillaRota: LUIS FARÍAS MACKEY

Por sobre cualquier razón, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, dispone (¿impone?): “No vamos a permitir que en Guerrero haya elecciones”.
 
El  sujeto de la oración, al no ser expreso, es un tanto cuanto difuso. ¿Quiénes no lo van a permitir? ¿Cuál es la legitimidad democrática que les asiste? ¿Cuál su peso específico y representatividad en la ciudadanía guerrerense y nacional? Y cuál, aunque queda claro que el Estado de Derecho les es poco menos que insignificante, la base legal de su pretensión y la legitimidad política para permitir o no la normalidad democrática en un estado de la federación.
 
Por sobre ello, y por respeto a los mexicanos todos, mereceríamos conocer las razones que mueven a su prohibición-imposición.
 
Por más legítimo y atormentado que sea el duelo de los padres de los enviados por la Normal Isidro Burgos a Iguala y su posterior desaparición, y por más genuina la empatía que hayan despertado en amplias franjas de la población, su pretensión antidemocrática -no se puede llamar de otra manera- legitima al resto de los ciudadanos mexicanos a exigirles el más puntual esclarecimiento de su imposición. Nadie puede ser privado de sus libertades y derechos sin razón suficiente y, perdonen mi deformación profesional, fundamento legal y legitimidad política.
 
La legitimidad de los padres de Ayotzinapa les faculta a exigir justicia y conocer la verdad. Ésta, por cierto, no puede obviar la información de quién, por qué y para qué envió a los muchachos a “botear” de ¡noche! a  Iguala, bajo engaño de que iban a Chilpancingo y mediante el expediente del secuestro de autobuses, de ser necesario, por la fuerza. Pero esa legitimidad, salvo que me equivoque, no alcanza para imponer a la sociedad guerrerense e, indirectamente, a los mexicanos todos, la conculcación del derecho ciudadano a elegir a sus gobernantes y representantes.
 
De la Cruz dice: “Votar por los mismos es votar por el crimen”. Su discurso es más proclama que explicación. Soy el primero en señalar la crisis y podredumbre de nuestro sistema de partidos y clase política, pero asimilar ambos al “crimen” es un aserto que exige algo más que una simple arenga. La democracia no es perfecta, pero es el expediente conocido menos malo para procesar las contradicciones en la pluralidad social sin mengua de las libertades.
 
Ahora bien, cuestionado De la Cruz sobre si la no realización de elecciones llevaría a Guerrero a la declaración de un estado de excepción y suspensión de garantías individuales, respondió: “No, porque habrá un gobierno popular; por eso estamos formando consejos en los municipios”.
 
Nuevamente el sujeto que forma consejos municipales permanece oculto: ¿Quiénes están constituyendo consejos municipales, por qué, dónde, cómo, cuándo, para qué?
 
Su aserto, además, delata a este anónimo colectivo y permite traducir su mensaje: Algunas personas o grupos en Guerrero no permitirán que se celebren elecciones porque están formando un gobierno popular y, para ello, imponiendo consejos municipales, al margen de la ciudadanía guerrerense.
 
En otras palabras, no quieren que los ciudadanos elijan autoridades, porque buscan imponerle consejos municipales electos (¿?) por quién sabe quién, ni bajo qué métodos. Pero no siendo -sujeto y verbo- públicos, ni en público, se antojan abiertamente antidemocráticos y, por su grado desbordado de violencia, palmariamente atrabiliarios.
 
Si nuestra democracia y sistema de partidos dan grima, el ocultismo impositivo con el que en Guerrero, no sabemos a ciencia cierta quiénes, quieren substituirlos es autoritariamente subversivo.
 
@LUISFARIASM