Columnista de la SillaRota: JAIME TALANCÓN

 La detención del alcalde de Iguala así como el sorprendente y por qué no decirlo, cobarde deslinde de todos aquellos actores políticos y partidos que lo impulsaron, pero que insisten en no conocerlo, -pese a las múltiples fotografías que demuestran lo contrario-, hace inevitable subir al debate el dilema sobre si las normas vigentes que buscan que los partidos políticos conduzcan sus actividades dentro de los cauces legales, son suficientes y sobre todo eficaces para garantizar que en todo tiempo, éstos asuman la responsabilidad moral y jurídica, derivada de los actos de sus militantes.
 
Lo anterior resulta de especial relevancia ya que si bien la ley de partidos establece las obligaciones de éstos y sus miembros, y la ley electoral establece un catálogo de conductas consideradas como infracciones, así como sus respectivas sanciones, lo cierto es que éstas, están prácticamente enfocadas a regular el cumplimiento de normas de operación internas como institutos políticos, así como las reglas de comportamiento antes, durante y después de un proceso electoral.
 
¿Cómo entonces regular y sancionar políticamente aquellos actos ilegales que realizan los ciudadanos, -militantes o no- fungiendo en una posición pública a la que fueron llevados por un partido determinado?
 
La máxima jurídica establece que nadie está obligado a lo imposible y es cierto, nadie puede asumir costos por lo imprevisible pero, acaso los hechos de Iguala no eran previsibles siendo que desde tiempo atrás, eran públicos los vínculos del alcalde y su esposa con grupos del crimen y no obstante, fue llevado a esa posición por su partido.
 
Es cierto que en el caso Abarca-Ayotzinapa, ha habido consecuencias penales para el ex alcalde y sus cómplices; sin embargo, ¿cuál es la consecuencia contra el partido que lo impulsó políticamente, que omitió ser minucioso en la designación de su candidato y que facilitó la llegada de un delincuente a una posición de poder?
 
La respuesta es ninguna y suponiendo que se pudiera encuadrar algún supuesto de las conductas establecidas en la norma electoral, la sanción sería si acaso, económica.
 
No se podía prever el nivel de imbecilidad con el que se conduciría el ex alcalde, pero sí que en algún punto, habría un resultado negativo y eso debería tener un costo real, -además del moral- para quien omitió su deber de vigilancia, al postular a ese candidato.
 
La “culpa in vigilando” o deber de vigilancia de los partidos políticos, deriva de una tesis del Tribunal Electoral en la cual en esencia, se establece que los partidos políticos son imputables por la conducta de sus miembros y personas relacionadas con sus actividades y por tanto,éstos deben velar por la conducta de sus integrantes ya que si violan las normas, además de la sanción al militante, el propio instituto político asume un costo por faltar a su deber de vigilar.   
 
Pongamos en su debida dimensión el origen y efectos de esta figura jurídica, con un caso análogo en el que un hospital omite exigir licencia de profesión, historial laboral y cartas de recomendación a una persona que contrata como “cirujano”. Cuando muere un paciente por negligencia, resulta que el “médico” no lo era y por tanto, el hospital es responsable ya sea por la figura de “culpa in vigilando”, -faltar a su deber de vigilancia- o por su similar, “culpa in eligendo”, que se traduce en -culpa por una mala elección-.
 
Interesantes figuras para forzar el ánimo diligente de los partidos políticos y evitar que se tomen a la ligera, el decidir a quién le abren la puerta de acceso a los cargos públicos. El detalle y como se mencionó, es que ni las reglas electorales ni las tesis del tribunal, han planteado un alcance que obligue a los partidos políticos a velar por la conducta de sus miembros, cuando éstos ya ejercen el cargo para el que los postularon.
 
El caso Abarca es emblemático al exhibir que frente a actos criminales realizados por un gobernante, no sólo no hay costos para el partido que lo postuló sino que pareciera que llegó al cargo por obra y gracia del Espíritu Santo, porque en el ámbito terrenal, es la hora en que nadie, ni políticos ni partido, asumen responsabilidades.  
 
Así, resulta urgente explorar vías legales tendientes a prevenir la infiltración de grupos criminales en las organizaciones políticas, a partir de subir el costo de responsabilidad de los partidos políticos por negligencia, al momento de elegir sus candidatos.  
 
Colombia y Perú, fueron contundentes al establecer en sus legislaciones la figura de “curul vacía” o “silla vacía” a través de la cual, cuando un congresista está involucrado con el delito de narcotráfico, lavado de dinero o terrorismo, además de la sanción penal que lo obligue a separarse de su escaño, el partido político pierde el derecho de reemplazarlo con el legislador suplente, quedando la silla vacía por el resto del periodo.  
 
El examen tendría que ir más allá. El partido político que postule un candidato sin acompañar en el expediente, un análisis integral que avale el estudio de buena reputación y de estar libre de señalamientos obscuros en su localidad, frente a un proceso criminal entablado contra algún servidor público emanado de sus filas, podrá ser sujeto a la pérdida del derecho a remplazar una curul en el Congreso, y/o a perder el derecho a presentar candidato en esa circunscripción o municipio, en el siguiente proceso electoral.   
 
Sería sano un mecanismo para que en México, las sillas de poder que se corrompan con la delincuencia, se rompan, se vuelvan sillas rotas que no puedan ser remplazadas.     
 
Sin duda habría que cuidar muchas aristas en un modelo de esta naturaleza, para garantizar su efectiva e imparcial aplicación. La creación de la nueva Fiscalía General de la República y la entrada en vigor del Nuevo Modelo de Justicia Penal, son una coyuntura idónea para estudiar su viabilidad. 
 
En cualquier caso, hay que recordar que los partidos políticos son entidades de interés público y su financiamiento, esencialmente proviene de los impuestos por lo tanto, si éstos atendiendo a un auténtico sentido cívico, moral y democrático, no tienen el tamaño para dar la cara a la ciudadanía y para asumir sus responsabilidades de Estado, será óptimo ajustar la ley, para que empiecen a hacerlo.
 
@_Talancon_