Quienes laboran o prestan servicios en la administración pública, o sea en el gobierno, deben ser individuos con una conducta prácticamente intachable. Tanto en su vida privada, como pública. Lo mejorcito, pues.
Bueno, así debería ser.
Por ello, se les exige carta de no antecedentes penales.
Aunque el sistema no es tan efectivo. Prueba de ello, en días pasados, mediante denuncia anónima, se descubrió que Daniel Corral, falsificó la carta de no antecedentes penales, que presentó para ingresar al gobierno municipal de Tijuana, a ocupar el cargo de Secretario de la Delegación Municipal La Presa Este.
Esto salió a relucir, cuando el titular de dicha delegación, Jehú Sánchez Reyes, fue inhabilitado por haber sido detenido en operativo de alcoholímetros, por conducir un vehículo oficial, con aliento alcohólico.
Corral calentó la silla del Delegado, como encargado de la delegación, pero ni alcanzó a presumir la función, pues de pronto se reveló que la Sindicatura Procuradora lo estaba investigando, precisamente por lo de la falsificación de la Carta de No Antecedentes Penales. Y conste, se presume que no es el único caso. Que pronto saldrán más.
No se ha dicho, si el tal Corral, realmente cuenta con antecedentes penales y que por ello tuvo que recurrir a la falsificación.
Dos casos, de conductas irregulares, en una misma dependencia, sí que es preocupante.
No es precisamente necesario, que los funcionarios públicos, sean hermanas de la caridad. Pero al menos, que acrediten ser personas honestas, sensibles, dispuestas a servir.
Sobre todo, que sean sensatas, sencillas. Porque suele ocurrir, que a la mayoría de quienes ocupan un cargo público, les afecta seriamente el “síndrome del ladrillo”. Por modesto que sea el cargo público, de inmediato les brota la soberbia, lo prepotencia, la voracidad.
Hay quienes consideran, que a los funcionarios públicos en general, se les debería someter a exámenes de confianza. Esos que les aplican a los policías y funcionarios de las corporaciones policiacas. No son 100% efectivas, pero representan un buen principio.
Lo ideal sería, que existiera un archivo con la información suficiente, incluyendo fotografías y huellas dactilares, de todo funcionario público o aspirantes a serlo.
Esto, para consultarlo, a fin de verificar que en el expediente de determinada persona, no hay malos antecedentes. Y no solamente los de carácter penal, sino también los sociales y morales en general, que resulten denigrantes o reflejen aspectos negativos y que por lo tanto pueden reflejarse en la función pública.
Porque, se debe partir de la base, que muchos individuos son deshonestos y, por lo tanto, ocultan, disimulan o niegan, sus vulgaridades y deshonestidades. Con mayor razón, sus antecedentes delictivos.
Indudablemente, el caso del delegado municipal y del secretario que habría de sustituirlos, no son los únicos en el gobierno municipal de Tijuana, con irregularidades.
El columnista recibió, en forma anónima, copias de constancias de otro funcionario municipal, que obviamente no debería estar laborando en la administración pública.
Su nombre, Manuel Ramón Macías Abaroa. Apenas el pasado 8 de septiembre, tomó posesión de la Subdelegación Insurgentes de la Delegación Municipal Cerro Colorado. Ya antes fue Subdelegado en Sánchez Taboada.
Por cierto, en el boletín de prensa, relativo al acto de su toma de posesión, el titular de la Delegación Municipal, el Arq. Pablo Gerardo Sánchez, le dió la bienvenida.
En especial, le dijo que directamente el Alcalde Jorge Astiazarán Orcí, le dió la noticia de su designación como subdelegado, refiriendo que lo conoce “por su gran humanismo y ganas de servir a la gente, con una propuesta fresca y juvenil para apoyar a los más vulnerables”.
Las constancias recibidas por el columnista, indican que Macías Abaroa, no es precisamente humanista, dispuesto a servir a la gente, ni mucho menos para apoyar a los más vulnerables.
Por el contrario, ha incumplido en las obligaciones de derecho de familia, en perjuicios de dos hijos. Los hechos constan en el Expediente 1550/2009, relativo al Juicio Sumario de Alimentos, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar, del Partido Judicial de Tijuana.
En dicho asunto, se estableció que debería otorgar, provisionalmente, pensión alimenticia a favor de sus hijos. Lo hizo parcialmente, pero luego incumplió, lo que dió lugar a que fuese denunciado, toda vez que esto es constitutivo de delito, previsto en el Artículo 235 del Código Penal vigente, y que es sancionado con prisión de 3 meses a 4 años y de 10 a 50 días de multa, así como privación de los derechos de familia, en relación con la víctima o el ofendido.
Esto dió lugar a la integración de la Causa Penal 391/2012, dentro de la que se le dictó auto de formal prisión y por lo tanto se inició proceso en su contra, siendo recluído en el penal de La Mesa. La ficha de ingreso es del 15 de octubre del 2014 y en la misma se anotó, como su ocupación : servidor público. Actualmente está en libertad bajo fianza.
De Macías Abaroa, hay muchas cosas feas, en las redes, como el que la Sindicatura Procuradora lo investigaba, siendo SubDelegado en Sánchez Taboada, por supuesto uso de documentos falsos. Toda una fichita. Los “mejorcitos”, dicen. Qué desfachatez.
