Parece algo absurdo o aberrante, que los encargados de hacer, reformar o derogar las leyes son ignorantes en materia de Derecho y, por lo tanto, desconocen el alcance de lo que aprueban, reforman o derogan. Incluso, que ni siquiera leen. Simplemente levantan la mano. Por algo, el añejo mote de “levantadedos”.
Tratando de poner al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, contra la pared, a principios del 2014 crearon la Ley Federal de Consulta Popular. Reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución federal, relativo a los derechos de los ciudadanos, que precisa: “Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional”, conforme a las bases señaladas en el mismo numeral.
La intención era, primero, presionar al Presidente de la República, al dar a conocer que los mexicanos podrían decir sí o no, ante un cuestionamiento específico. Segundo, si se lograba que un determinado número de mexicanos respondiera a la encuesta en sentido afirmativo, que el resultado fuese vinculatorio, o sea obligatorio para las autoridades.
Los legisladores federales –como el chiste de aquel que oye “rana” y salta- consideraron que si acudían los mexicanos, que en su mayoría están inconformes y molestos por las condiciones socioeconómicas del país y sobre todo, la evidente ineficiencia gubernamental para su mejoría, pondrían en apuros al jefe del Ejecutivo Federal, o sea al presidente de la República, simplemente realizando una encuesta sobre un tema específico.
Pero –igual que como ocurre con las “letras chiquitas” de los contratos- los legisladores no leyeron el resto del contenido de dicha disposición constitucional. Si lo hubieran leído, habrían observado que la petición para una consulta popular, puede hacerla el presidente de la República o el equivalente al 33% de los integrantes de cualesquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, pero que debe ser aprobada por la mayoría de las mismas.
Que en caso de que fuesen ciudadanos, los peticionarios, deberían ser, al menos, el equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, o sea 1 millón 600 mil. Se advierte, que para que el resultado de la encuesta sea vinculatorio, o sea obligatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federal, se requiere la participación del 40% de los electores. Algo prácticamente imposible.
Pero algo especial, sabrían, que no pueden ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos, reconocidos por la propia Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, que refiere las condiciones de la forma de gobierno; la materia electoral; los ingresos y egresos del Estado; la seguridad nacional, así como la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.
Así es que, simplemente, sin un razonamiento lógico, vieron el tema de las consultas populares, como ideal para presionar al gobierno federal. Para formalizar esto, crearon la Ley Federal de Consulta Popular, reglamentaria de la Fracción VIII de la Constitución Federal.
El dictamen correspondiente, fue aprobado por la Cámara de Senadores, el 27 de febrero del 2014, con 103 votos a favor, 10 en contra y una abstención.
A su vez, la Cámara de Diputados federal, la aprobó el 7 de marzo del año en curso, con 362 votos a favor, 57 en contra y 4 abstenciones.
Una vez aprobada por ambas Cámaras, la Secretaría de Gobernación ordena la publicación de la Ley Federal de Consulta Popular, en el Diario Oficial, el pasado 14 de marzo.
Ya teniendo la ley en la mano, los partidos políticos se dieron a la tarea de definir las preguntas para las consultas que propondrían y a juntar firmas para apoyarlas.
El PRD entregó en la Cámara de Diputados 86 cajas con 2 millones 356 mil 664 firmas. La pregunta sería: ¿Estás de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética? Los perredistas suponían que con esta encuesta, lograrían dejar sin efecto la Reforma Energética.
A su vez, Morena, de López Obrador, entregó 2 millones 700 mil firmas, al solicitar que la encuesta fuese sobre el cuestionamiento siguiente: ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica? Cancelaría la privatización del petróleo, dizque.
El PAN entregó 2.5 millones de firmas, cuestionando: ¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión de Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Ceneval? Suponían que, con ese “gancho”, arrollarían en los comicios del 2015.
Por su parte, el PRI entregó 139 cajas con 6 millones 75 mil 752 firmas, para consultar a los mexicanos sobre la posible reducción de 200 a 100 diputados plurinominales y eliminar 32 senadores. Esta, hasta con los ojos cerrados. Que desaparezcan todos los legisladores.
El procedimiento para la validación y realización de las encuestas, consiste en entregar las firmas al Poder Legislativo, pedir al INE que verifique las firmas y remitir la solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que califique la constitucionalidad del tema. Y, como dicen en el rancho, ahí fue donde “la puerca torció el rabo”.
La SCJN, de una forma un tanto simplista, resolvió que son anticonstitucionales las encuestas sobre salario y la Reforma Energética, porque es una de las limitantes constitucionales, o sea que tienen relación con los ingresos y egresos del Estado.
Las “letras chiquitas” que los diputados federales no leyeron, por la prisa de levantar la mano para aprobar la Ley Federal de Consulta Federal. O bien, “una taza de su propio chocolate”. Eso les pasa, por ser simples “levantadedos”.
