El abordaje sigue
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El abordaje sigue

TIJUANA, BC - lunes 29 de septiembre de 2014 - Gilberto LAVENANT.
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Palco de Prensa

Aunque algunos se hacen los desentendidos e incluso juran que no forman parte del proyecto, lo cierto es que la trama para el abordaje político del Poder Judicial del Estado, sigue adelante. El plan ya estaba debidamente “planchado”. Sin embargo, las cosas se complicaron, porque surgieron reclamos por todas partes, que lo “arrugaron”.

Esto salió a la luz pública, luego de aquella reunión en un restaurante de Tijuana, en la que kikistas, hankistas y castrotrentistas se sentaron en torno a una mesa, para negociar. El punto de partida fue que los hankistas plantearon que sus dos consejeros del Consejo de la Judicatura, cuya gestión concluye el 30 de noviembre, continúen en el cargo dos años más. 

Luego trascendió que el kikismo ponía como condición, para negociar, y acceder al planteamiento  de los compas hankistas, el que apoyen el proyecto de nueva Ley del Issstecali, con la que el gobernador Kiko Vega pretende dar un paliativo a la crisis financiera de dicha institución, aunque eso implique lesionar los derechos de los burócratas. Al menos esa fue la postura de Salvador Morales Riubí, secretario particular de Kiko.

Por el castrotrentismo, asistió a las negociaciones René Mendívil, coordinador de la fracción parlamentaria priísta en la Legislatura estatal, quien puso sobre la mesa su proyecto personal de lograr la candidatura del PRI para alcalde de Tijuana, en los comicios del 2016.

Cerrado el trato y al grito de los mosqueteros, aquel de “todos para uno y uno para todos”, decidieron poner manos a la obra.

Días después, trascendió que el diputado del PVEM, Fausto Gallardo, había presentado un proyecto de reforma constitucional para satisfacer los deseos de los hankistas, en el sentido de que sus dos consejeros del Consejo de la Judicatura, Carlos Jiménez y Andrés Garza, continúen aferrados a la chamba, hasta por 8 años más.

Aunque inicialmente se manejó con sigilo el texto de la iniciativa, de pronto alguien la hizo circular, lo que hizo posible que muchos se percataran de que lo publicado por el columnista, era verdad. Incluso, que el asunto es más delicado de lo que se imaginaban.

Para hacer efectivo el abordaje político al Poder Judicial del Estado, la idea es que los consejeros hankistas, quienes llegaron a la Judicatura mediante el “voto traidor” de la también hankista, Edna Mireya Pérez, en el 2010, sigan firmes en la chamba, para seguir con el resto del plan.

Por ello la propuesta de reforma constitucional, para que sigan encaramados en el Consejo de la Judicatura durante dos años más, alargar a seis años, la duración del cargo y establecer la posibilidad de ser reelectos para un período más, con lo que permanecerían  ahí durante un total de 12 años, tiempo suficiente para politizar por completo al Poder Judicial.
 
Además, la reforma constitucional propuesta por el diputado Gallardo, les abriría la puerta a estos dos hankistas, para convertirse en magistrados, o sea juzgadores de segunda instancia, en materia común, aunque carezcan de experiencia judicial. Incluso con una pobre trayectoria como litigantes.

A partir de aprobarse la citada reforma constitucional, los consejeros se dedicarían a someter a magistrados y jueces para que operen conforme a las consignas que se les establezcan, a presionar a aquellos que se rebelen, hasta retirarlos del cargo, para ubicar a sus recomendados en las plazas vacantes. Para ellos, sería fabuloso tener en sus manos la administración de la justicia. Para venderla al mejor postor.

Todo indica, que al joven diputado del PVEM, también hankista, solamente lo usaron para que presentara la propuesta de reforma constitucional, de la que no entendió su alcance y propósitos. Prueba de ello, es que ahora evita aparecer en público, porque no sabría responder cuestionamientos, sobre el abordaje.

Sin embargo, no todos los legisladores se han “tragado la píldora” de las supuestas intenciones reformistas de referencia. Uno de ellos, el diputado Juan Manuel Molina, del Partido Movimiento Ciudadano, presidente de la Comisión de Justicia, advirtió que está difícil la situación, en torno a este tema.

En especial, por el tiempo para llevarla a cabo. Los consejeros concluyen su gestión el 30 de noviembre. Tratándose de una reforma constitucional se requiere mayoría calificada, o sea 17 votos para su aprobación, y luego el aval de 3 de los 5 ayuntamientos. Independientemente de los conflictos legales y políticos que esto pudiese generar, apenas alcanza el tiempo para iniciar el procedimiento de elección de nuevos consejeros. De paso, tienen que atender lo de la glosa del Primer Informe de Kiko y los presupuestos 2015.

Pero, ya se escuchan las voces de protesta de diversos Colegios de Abogados,  que se han pronunciado en contra del abordaje. Entre éstos, el “Ignacio Burgoa Orihuela”, de Tijuana, encabezado por el licenciado Rodolfo Arévalo Mendoza y que reclama a los legisladores que “como representantes constitucionales de los intereses del pueblo, vean por las necesidades de sus representados, que en momentos como el que ahora se vive, de crisis económica, volteen a ellos y no se avoquen a beneficiar a individuos en lo particular”.  
   
Asimismo, advierten que los actuales consejeros de la Judicatura, nombrados por la Legislatura, así como por el gobernador, “no reúnen el perfil necesario y suficiente, para desempeñar tan delicada encomienda”.

En cuanto al proyecto de reforma constitucional, presentado por el diputado Fausto Gallardo, afirman que “lo encontramos inmotivado e intrascendente”, observando que “hay un gran rezago en el Código Civil y en el Código de Procedimientos Civiles para la entidad”, entre otros ordenamientos jurídicos. Bueno, los consejeros hankistas, del abordaje, ni siquiera litigan.

Lo cierto es que siguen aferrados en el proyecto del abordaje. Hay mucha tela de donde cortar.

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