Palco de Prensa
Los panistas están que brincan de alegría, porque presumen ser muy listos, pues al presentar una nueva denuncia penal en contra del ex alcalde mexicalense, Francisco Pérez Tejada Padilla, suponen que establecerán las condiciones para posible negociación política.
La negociación podría consistir en: “le perdonamos la vida a Panchito, y ustedes –los priístas- se la perdonan al alcalde Jaime Díaz”, que ya lo traen de la cola.
Los políticos están acostumbrados a negociar todo. Para ellos no hay ética, ni moral. No les preocupa castigar a quienes hayan dispuesto de recursos públicos, sino el evitar que alguno de los suyos sea acosado y fastidiado, hasta el grado de llevarlo a una inminente renuncia o juicio político. Y de ahí a la cárcel.
Alguien les vendió la idea de irse en contra de Panchito, que ingenuamente llegó a considerarse con fuertes posibilidades de llegar a ser gobernador de Baja California. No lo pensaron dos veces, consideraron que resultaría excelente, para parar en seco las críticas y cuestionamientos en contra del alcalde Díaz, que trae una revolución dentro del Ayuntamiento mexicalense.
Aunque ya la oficial mayor del gobierno municipal panista, lo había denunciado, el pasado jueves el síndico procurador, Humberto Zúñiga Sandoval, presentó una nueva, contra Pérez Tejada y varios de sus colaboradores.
La pretensión es enviar a la cárcel, además de al ex alcalde, al ex tesorero municipal y actual síndico social, Francisco Fimbres Gallegos; a Tobías Duarte Corral, ex secretario de Gobierno del Ayuntamiento; a Fernando Martín del Campo Quirarte, ex tesorero; y a Paulo César Hernández Moreno, también ex secretario de Gobierno.
Los presuntos delitos que se imputan a los ex funcionarios priístas son peculado, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos. Destaca la retención de cuotas al Issstecali.
El supuesto desvío de recursos, lo estiman en unos 900 millones de pesos.
Dicen que el que nada debe, nada teme. Sin embargo, el ilícito, consistente en la retención y desviación de las cuotas que tenían como destino el Issstecali, está más que claro, por lo que Panchito confesó que eso le da miedo.
La acción legal contra los priístas, tendría un doble propósito. Frenar el acoso en contra del alcalde Jaime Díaz, y además deteriorar aún más la imagen de los priístas, ante la proximidad del arranque del proceso electoral 2015.
Sin embargo, lo que no previeron o advirtieron los panistas, es que si logran enviar a la cárcel a Panchito y compañía, también abrirían la puerta de las celdas para otros ex alcaldes –se dice que son unos 7- que también retuvieron las cuotas del Issstecali, entre ellos el ex alcalde tijuanense, Jorge Ramos Hernández.
Cabe observar, que el caso del panista Ramos Hernández ya estaba listo para que iniciara el proceso penal, que sin duda alguna terminaría en sentencia condenatoria. Sin embargo, los priístas se guardaron las ganas de reclamar acción penal en su contra, porque corrían el riesgo de que se aplicara la medida contra ex alcaldes priístas, tales como Carlos Bustamante, Javier Urbalejo Cinco, Javier Robles Aguirre, Enrique Pelayo Torres, y el propio Panchito.
Hay un dicho que advierte claramente: o todos coludos, o todos rabones. Ni modo que digan que no, si sí.
Sin embargo, la denuncia en contra de Panchito, exhibe a la Procuraduría General de Justicia de Baja California, como una institución eminentemente política, que genera impunidad y por lo tanto corrupción, pues nunca procede, cuando los indiciados son personajes políticos. Independientemente de la filiación partidista.
Así mismo, ponen en un brete a la señora procuradora, doña Perla del Socorro Ibarra, pues si abre la indagatoria, sigue el procedimiento y finalmente ejerce acción penal contra los priístas mexicalenses, deberá desempolvar una serie de denuncias penales que obran en los archivos de la institución, contra panistas.
Al final de cuentas, el principal responsable de que los alcaldes y ex alcaldes, tengan en bancarrota al Issstecali –le adeudan unos mil 500 millones de pesos- es el propio gobernador Francisco Vega de Lamadrid, pues la PGJE está bajo su dominio y actúa, o es omisa, conforme lo dispone el jefe del Ejecutivo Estatal.
Aquí habría que recordar, que delito no solamente es la acción, sino también la omisión. Por algo dicen que “tanto peca, el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”. Así es que si se procede en contra de Panchito y sus ex funcionarios, también resultaría procedente el irse en contra de Kiko, por haber faltado a sus responsabilidades oficiales.
Sería fabuloso, que se procediera penalmente en contra del ex alcalde mexicalense. Sería un ejemplo, para escarmiento de todos los demás alcaldes y ex alcaldes, que han incurrido en los mismos delitos, pero que “la han librado”, precisamente por las cuestiones políticas.
En todo caso, vale recordar a todos los presuntos indiciados, aquello de: “cuando veas las barbas de tu vecino mochar, pon las tuyas a remojar”.
Lamentablemente, todas estas ilicitudes, han sido materia de negociaciones entre el jefe del Ejecutivo Estatal en turno y los legisladores. Todos son copartícipes de lo mismo. Cómplices, pues.
Como todos tienen cola larga, o sea, no están libres de culpa, nadie se atreve a lanzar la primera piedra. Al interior del PAN, ya han de estar lamentando la osadía del síndico mexicalense, porque el caso de Panchito les llevaría a romper pactos o alianzas.
