Palco de Prensa
El periódico capitalino Reforma, volvió a atizar al asunto de los amparos para la importación de autos usados, dando nombres de empresas y presuntos involucrados en estos oscuros negocios, en donde destacan los priístas Enrique Acosta Fregoso y Eli Topete Robles –los de la charla telefónica de junio del 2012- así como Javier Bernal Mateus.
La nota alusiva, de Agencia Reforma, fue remitida a los medios de todo el país, el pasado lunes 7 de julio, por la mañana. En Baja California, apareció en la página 22-A del periódico Frontera, de la edición de ayer martes 8 de julio. Sin duda alguna, se han de haber cimbrado los cimientos y estructuras del sistema político mexicano.
Y no es para menos. Según la nota, “El gobierno federal y el Poder Judicial de la Federación indagan una red de tráfico de influencias que importa vehículos a México”.
“En dicha red –agrega- estarían involucrados altos mandos del SAT, jefes aduanales, jueces, magistrados, legisladores y líderes priístas”. Cualquier cosa.
Agencia Reforma precisa que : “En la indagatoria destacan 18 empresas que pagan montos millonarios a funcionarios federales y titulares de juzgados y tribunales de Baja California y el Edomex que han permitido que miles de autos chocolates ingresen al país desde EU sin cumplir los requisitos necesarios”.
Indica que, en la investigación de tales irregularidades, participa el Poder Judicial Federal, la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Quienes conocen esto, dicen que a través de estos amparos se han importado alrededor de 600 mil autos a lo largo de la frontera mexicana y que los involucrados han amasado enormes fortunas, que no encuentran lugar para almacenarlas, a fin de no tener que depositarlas en los bancos, tratando de evitar el ser descubiertos.
La lista de presuntos involucrados, que cita Reforma, es larga. El Juez federal, Daniel González Vargas, suspendido a mediados de junio pasado, quien era el titular del Juzgado Segundo de Distrito, en Mexicali. Al momento de la suspensión, era titular del Juzgado Primero de Distrito de procesos Penales Federales, en Villa Aldama, Veracruz. Otro juzgador, es Héctor Guzmán Castillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito.
Reforma señala que : “Las investigaciones apuntan hacia los propietarios de las empresas y cabilderos que realizan gestiones con funcionarios del SAT y jueces” y refiere que : “Entre ellos se encuentran Héctor Pedroza, diputado local del PRI en el Edomex y líder de la CNOP, y Enrique Acosta Fregoso, exlíder de la CNOP en Baja California, exdelegado de la Sedatu y actual delegado nacional del PRI en Baja California Sur”.
“Así mismo –agrega-, Eli Topete Robles, exdiputado en Baja California y excandidato a Alcalde de Mexicali; Hiram Rojas Hernández, casinero y exdirector de enlace legislativo de la Comisión Especial de Aduanas y de la Cámara de Diputados en la Aduana de Juárez y Ensenada”.
Luego hace referencia a la conversación telefónica entre los priístas bajacalifornianos, Enrique Acosta Fregoso y Eli Topete Robles, revelada por Reforma el miércoles 6 de junio de 2012, en la que de manera coloquial comentan el asunto de la importación de autos usados, mediante amparos.
El columnista, autor de Palco de Prensa, en base a nota publicada el lunes 16 de junio del año en curso, en el portal de la revista Proceso, en la que se daba a conocer la suspensión de un juez federal y un secretario de acuerdos, sujetos a investigación de los amparos otorgados para la importación de autos usados, recordó y transcribió parte del diálogo entre Acosta Fregoso y Topete Robles.
Esa referencia del columnista, incomodó al priísta Acosta Fregoso, quien remitió al columnista carta aclaratoria, mediante la cual pretendió deslindarse del asunto de los amparos relativos a la importación de los autos usados y se dijo ajeno a la actuación de los funcionarios judiciales suspendidos.
Habrá qué esperar, la postura que asumirá Acosta Fregoso, ante esta nueva publicación de Agencia Reforma, que apareció a inicios de la presente semana. Seguramente está atareado, redactando cartas aclaratorias, para hacerlas circular en todo el país, presumiendo inocencia.
Reforma hizo circular un cuadro de supuestos involucrados en este escándalo, citando nombres de empresas, socios y promotores de amparos para la importación de los autos usados. Destaca la empresa Cristi Automotriz, con la que relaciona al exdiputado local Eli Topete Robles, Roberto Ruiz Armas, agente aduanal y a Hiram Rojas, exenlace legislativo de la Comisión de Aduanas de la Cámara de Diputados con Aduanas de Ciudad Juárez y Ensenada, además de consejero del Casino de Mexicali.
Otras dos son Grupo Empresarial Caoman y Grupo Empresarial Yamve, con las que relaciona a Javier Bernal Mateus, exAdministrador de Aduanas, exdirector del centro SCT y exdelegado del IMSS en Baja California; Enrique Acosta Fregoso, exlíder de la CNOP en la entidad, exdelegado de Sedatu y delegado del CEN del PRI en Baja California Sur; a Benito Reyes Corrales, exsubsecretario de gobierno de Baja California y Saúl Yáñez Venegas.
Esta investigación se está llevando a cabo, desde tres frentes distintos : el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hace a la actuación de los funcionarios judiciales. El SAT, Sistema de Administración Tributaria, por la evasión de impuestos, así como por la Secretaría de la Función Pública Federal, por aquellos funcionarios federales involucrados.
Todo indica que el asunto de los amparos, para la importación de autos usados, está más apestoso, de lo que muchos imaginaban. Que los involucrados, son muchos y harto conocidos, que aprovecharon sus posiciones para lograr ganancias ilícitas. Por el momento, el escándalo ya estalló.
