REFLEXION DEL DIA.- 
Por:  Lic. Esteban Capella Ibarra

TIJUANA BC 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022.- Recientemente ha sido objeto de mucha atención de medios de comunicación, y líderes de opinión, la propuesta que pretende eliminar la prisión preventiva oficiosa de nuestro orden jurídico, por violar los derechos humanos a la libertad, y a la presunción de inocencia.

Pero ¿qué es la prisión preventiva oficiosa? la prisión preventiva oficiosa, es una medida cautelar que debe ser aplicada por el juez de control a petición del ministerio público, cuando el inculpado sea acusado de cometer ciertos delitos que están especificados en el artículo 19 de nuestra Constitución Política Mexicana.

Significando lo anterior, que se estaría encarcelando a una persona que, posiblemente es inocente del delito que se le acusa, durante todo el tiempo que dure el proceso, sin analizar la posibilidad de aplicar una medida cautelar más adecuada.

Aunado a lo anterior, se da una clara contradicción entre lo establecido en el artículo 19 Constitucional, y lo expresado en el primero que eleva a rango Constitucional los tratados internacionales, significando ello que siempre debe aplicarse lo que más beneficie al detenido, por lo tanto lo que más lo beneficia es lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que la prisión preventiva debe tener un carácter excepcional, así como que el principio de proporcionalidad tiene que aplicarse en todos los casos, para el dictado de prisión preventiva bajo una metodología en la que se considere una finalidad compatible con la Convención Americana y los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Debiéndose además dictarse de forma fundada y motivada, así como revisarse periódicamente mientras no se resuelva la situación jurídica del procesado.

En conclusión, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa está totalmente justificada jurídicamente.

Es momento de que nuestras fiscalías se modernicen, cuenten con bases de datos confiables y con toda la infraestructura necesaria para poder sustentar científicamente la responsabilidad de quienes hoy cometen delitos.

*El autor es Licenciado en Derecho y Activista Ciudadano. 

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