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Tijuana BC - viernes, 27 de agosto de 2021 - Marco Antonio Samaniego.
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Por: Marco Antonio Samaniego

TIJUANA BC 27 DE AGOSTO DE 2021.- La acusación sobre Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia, coloca una vez más un escenario en el cual, los partidos políticos, aparecen en el centro de acciones que son observadas como posibles ilícitos. Si es inocente, la desconfianza sobre el estado de derecho es evidente. Se fue porque no confía en los instrumentos legales. Su partida, presupone que no cree en la administración de justicia. 

 En eso, comparte la visión del presidente de la república, quien hace unos días afirmó que todo el sistema de justicia estaba podrido. Es decir, tanto el ganador como el perdedor de la elección de 2018, asumen que las personas que administran la justicia carecen de legitimidad para realizar su trabajo. Han pasado tres años de la elección y en este caso del gobierno en turno, y ambos coinciden en un punto central que incide en la vida de todos los mexicanos: ambos desconfían y hablan mal públicamente de un poder fundamental para equilibrar las relaciones entre sectores, grupos y relaciones de propiedad de diverso orden. 

Otro personaje, de origen chileno, Mauricio Toledo, es acusado de malversación de fondos y la Cámara de Diputados, incluido su grupo parlamentario (Morena- Partido del Trabajo), le quitan el fuero y por tanto se abre la posibilidad de que enfrente un proceso legal. Pero, además, el mencionado, había sido reelecto para la nueva legislatura, por lo que, potencialmente, podría realizar la operación cajuela y entrar - como Felipe Calderón en 2006 – debajo de una mesa, un delantal o una sábana, tomar protesta, y de nuevo enfrentar, es de suponerse, otro proceso de desafuero. Sin embargo, este personaje decidió escapar a Chile y presentarse ante las leyes de ese país, en calidad de ciudadano chileno. En entrevista en un noticiero matutino, afirmó no confiar en el sistema judicial mexicano e indicó que, en Chile, sí se impartía bien la justicia. 

Así, estamos ante un escenario de desconfianza y de persecución sustentada en que no tenemos los mexicanos un poder público, esencial, de buena calidad. La pregunta es ¿porque cuando todos los involucrados, han estado en cargos que pueden incidir en ello, no lo han hecho? ¿Para que acceden al poder legislativo si, como apuntan, no han realizado la ardua tarea de generar instituciones confiables? ¿Será porque, la agenda legislativa, le da prioridad a temas que no cambian de fondo nuestro sistema judicial? ¿será que se prefiere abordar asuntos electorales, antes que observar lo que aquí es ubicado como un sistema que tiene problemas de fondo?

Los abogados son quienes tienen la respuesta a las dudas que generan quienes han defenestrado los diferentes órganos judiciales. Ellos son los que cotidianamente enfrentan los procesos y tienen la experiencia que les permite dar una opinión sustentada. Aquí solo se observa un aspecto, quienes han estado en posiciones para revertir los males que indican, no han realizado las acciones pertinentes que permitan modificar lo que hoy denuncian. Desde su cargo como senadores, diputados o dirigentes de los partidos de acuerdo con el caso, han dejado de lado algo que denuncian no por convicción, sino cuando se ven afectados por denuncias de sus enemigos. 

Por tanto, cuando estuvieron en el cargo, no atendieron un asunto que nos compete a todos de manera cotidiana, como es la administración de justicia. Desde ese ángulo, ¿entonces que fue lo que tuvo prioridad y porque dejaron de lado el tema que hoy acusan? Si se hubiera realizado el trabajo, hoy no tuvieran que huir y generar la tensión entre me fui siendo inocente, lo que es injusto de entrada, y si son culpables el tener que gastar impuestos de los mexicanos en buscarlos y traerlos, porque quienes estaban en el poder, violaron las normas que prometieron hacer cumplir. 

El problema es que ellos pueden pagarse sus viajes, irse con el dinero de los mexicanos y asentarse en otro país y en su caso, mandar mensajes y ser entrevistados en territorio que consideran seguro. Pero los mexicanos en general, los que iban a ser beneficiados cuando ellos tenían una labor que hacer, en su inmensa mayoría no están en esa condición y deben enfrentar sus procesos, inocentes o culpables, en medio de esa condición que se denuncia como irregular. 

Todos los mencionados han recibido recursos públicos a través de partidos políticos. Todos han ascendido en base a lealtades, relaciones y discursos que funcionan en el interior de dichas organizaciones que reciben dinero de los impuestos. Es decir, funcionaron en el sistema y prometieron ante los electores hacer que se cumpla la Constitución, pero ellos demuestran que no lo hicieron porque desconfían del sistema de administración de justicia. Y los partidos, que no salen a defender lo que nos dijeron en algún punto que eran los mejores, guardan silencio. ¿Entonces qué es lo que debe modificarse? ¿sólo el sistema judicial, cuando soy acusado, o los órganos políticos de los cuales son resultado y desde los cuales no se establecieron metas especificas que resuelvan los problemas de los mexicanos? 

Aquí apuntamos al inicio del gobierno de López Obrador que la reforma de Estado era indispensable.

Que el tema político tiene problemas de fondo y atrasos que afectan el desarrollo social. Y a tres años, no parece que exista un camino trazado. Por cierto, en su casa, cómodamente, Lozoya, el acusador numero uno de este país, descansa plácidamente, viviendo con los recursos robados, y demostrando que la impunidad puede ser selectiva. 

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.

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