DESDE MI SOFÁ
Por: Obed Silva

TIJUANA BC 18 DE OCTUBRE DE 2020.- La política privatizadora de servicios públicos en México inició después de la crisis económica de 1994.

Desde esa época el gobierno federal empezó a privatizar muchas áreas de servicios reservados hasta entonces a la administración pública.  

Coincidentemente, en Baja California bajo el principio de "la subsidiaridad" los gobiernos panistas han impulsado entusiastamente la privatización de servicios públicos. 

Quienes atestiguamos la sesión de Cabildo de Tijuana del día 14 de octubre nos transportamos a los años en donde los panistas se esforzaron por concesionar la recolección de basura, el alumbrado público, el agua potable, las vialidades, la seguridad y otros más que no lograron privatizar.  

Causó asombro que en menos de diez minutos y sin discutir el asunto, el Cabildo aprobará concesionar por diez años una parte del servicio de seguridad pública de la ciudad.

La única renuente fue la regidora Mónica Vega quien "medio le movió el tapete a algunos ediles" pero no logró mover sus conciencias. 

A los ediles tijuanenses les pasó de noche la prohibición establecida en el artículo 17 de la Ley del Régimen Municipal que dispone lo siguiente; "con las previsiones y procedimientos que establezca el reglamento respectivo y con excepción de los servicios relativos a seguridad pública y tránsito, los Ayuntamientospodrán concesionar bienes o la prestación de los servicios públicos a su cargo,..."

Insólito resultó que el único regidor panista tuviera el poder para agendar en una  sesión de Cabildo un acuerdo de tal trascendencia.

Más extraño fue que los morenistas le aprobaran al panista una de las políticas más criticadas por el Presidente López Obrador a los "gobiernos neoliberales".

Es común que en cada administración municipal aparezcan quienes ofrecen construir puentes, instalar luminarias, recoger basura doméstica, suministrar electricidad, administrar servicios, cobrar el predial, recuperar impuesto sobre la renta, refinanciar la deuda pública, gestionar inversión federal y últimamente rentar patrullas. 

Los generosos oferentes buscan que la administración pública les entregue en "concesión" tramos importantes de los servicios que por obligación legal debe prestar el Ayuntamiento a los habitantes de Tijuana.

La carencia de recursos, las cargas económicas y laborales cada vez más pesadas hacen difícil que las nuevas administraciones presten los servicios públicos a los que están obligados.   

Ante tal escenario, los gobiernos panistas impulsaron trasladar al ciudadano el pago de los servicios públicos mediante la fórmula de "concesionar" a particulares los mismos.

De esta manera, por ejemplo, si usted necesita estacionar su auto en alguna avenida céntrica de nuestra ciudad, tiene que pagarle a un concesionario por ocupar la vía pública. 

Congruente con la visión panista, en la sesión de Cabildo del 14 de octubre, el regidor albiazul Arnulfo Guerrero presentó un acuerdo para que el Cabildo concesione el cobro de multas de tránsito mediante el uso de "terminales digitales" que reciban el pago a través de tarjetas electrónicas. 

Con voz lastimera, el regidor panista reveló que el XXIII Ayuntamiento tiene un déficit de 300 millones de pesos producto de la pobre recaudación originada por la Covid19.  

Para el caso, el negocio del que hablamos, según se dijo, representa un monto de 14 millones de pesos al mes que suman 168 millones de pesos al año. 

Es evidente que el fin de concesionar el cobro de multas de tránsito es recaudatorio pues el panista aseguró que con las "terminales electrónicas" los policías van a poder multar más y más fácil. Sobre todo a los turistas, según lo enfatizado por el mismo regidor.  

Lo cierto es que el "servicio" que se pretende concesionar en realidad hará socio de la recaudación al concesionario.

Lo anterior en atención a que la concesión por concepto de multas de tránsito debe producir un "punto de equilibrio" que permita recuperar la inversión de la empresa privada, actualizar el equipo, pagar comisiones bancarias y obtener ganancias para "el concesionario". 

Esto significa que los policías deberán de cumplir con una cuota diaria de multas que permitan alimentar las necesidades económicas de "la concesión".

Habrá quien argumente que el Cabildo no está concesionando el servicio de seguridad pública de tránsito sino el "soporte tecnológico" para que la policía aplique y cobre infracciones. 

Con ese criterio, en el futuro el Cabildo podría concesionar la renta de armas, radios, uniformes y hasta las macanas de los policías que integran los cuerpos de seguridad pública. 

En este asunto no sorprende que la política "neoliberal" de concesionar los servicios públicos la impulse un regidor panista ya que el Pan tiene como eje de gobierno entregar los servicios públicos a la iniciativa privada.

Lo que resultó  sorprendente es que los morenistas miembros del Cabildo de Tijuana hayan aprobado la propuesta "neoliberal" del panista quién debe estarse sobando las manos y muerto de la risa al evidenciar la tremenda incongruencia e ignorancia de quienes presumen ser "los actores del cambio verdadero". 

NOMAS POR JODER:

La Suprema Corte de Justicia resolvió que el Gobierno Municipal ya no puede cobrar en los recibos de CFE la electricidad del alumbrado público.

Por tanto, es probable que el gobierno de la ciudad decida concesionar tal servicio a una empresa privada que instale luminarias y nos las cobre a los tijuanenses.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor