DESDE MI SOFÁ
Por: Obed Silva
El semanario Zeta, en su edición del día 6 de mayo de 2019 reveló que 33 grupos de personas habían tomado, entre enero de 2017 y marzo de 2019, 491 veces las casetas de peaje de Tijuana, Rosarito, Ensenada y El Hongo.
Dicho semanario informó también, que Capufe habían presentado 449 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República en contra de al menos 45 personas perfectamente identificadas.
A la fecha, ni Capufe ni la Fiscalía Federal han informado si alguno de los denunciados fue sometido a proceso judicial.
Para el caso del reclamo ciudadano respecto del peaje en el puesto de cobro número 34 de Playas de Tijuana, hay antecedentes remotos y específicos.
En el reclamo han participado los residentes afectados pero también ha sido bandera de políticos, candidato y legisladores que han gestionado, sin éxito, ante SCT la gratuidad en la circulación por la autopista 1D entre Tijuana y Playas de Rosarito.
El 7 de julio, en un hecho insólito, el gobernador del Estado emitió un Decreto por medio del cual dispone que; "quienes transiten el tramo de la de Playas de Tijuana a la caseta de Rosarito de la carretera federal 1D dejarán de pagar el peaje respectivo".
Al mismo tiempo, el Ejecutivo Estatal instruyó a sus Secretarios gestionar ante Capufe "entregue al Gobierno del Estado el tramo carretero mencionado para su operación y mantenimiento".
Se presume que los concesionarios de la carretera federal 1D son Banobras-Farac sin embargo, de acuerdo con la publicación de la SCT en donde se consignan los Títulos de Concesión otorgados a través de la Dirección General de Desarrollo Carretero, tal concesión no aparece.
Hago la anterior afirmacion conforme a lo que se consigna del día 26 de julio de 2018 al de hoy en la direccion; http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-desarrollo-carretero/titulos-de-concesion/ en la cual los sedicentes concesionarios de la 1D, no aparecer como tales.
En la controversia sobre el tramo de la carretera federal 1D, hay muchas más aristas que la justa demanda de los residentes de Tijuana por la eliminación del pago de peaje.
Una de ellas es que el tramo de la carretera 1D en disputa, forma parte del territorio de la delegación Playas de Tijuana, por lo que dicho municipio debería jugar un papel primordial en el ordenamiento social y urbano de ésa zona.
Lo anterior, resulta casi imposible en razón a que Capufe al administrar la columna vertebral que significa para la zona la carretera 1D, se convirtió más en un obstáculo que en una solución para el desarrollo urbano del lugar.
De acuerdo con la actualización del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población 2008-2030 del IMPLAN, esta delegación municipal tiene una extensión de 6,188.06 hectáreas.
De las seis mil hectáreas que tiene la delegación municipal, hasta 2008, el 20.8% era para vivienda, el 2.61% para uso comercial e industrial y el 3.4% destinado a servicios públicos, derechos de vía y equipamiento.
El estudio del IMPLAN dice que hasta 2008 el suelo baldío representaba el 73% del territorio de la delegación, lo cual nos explica la razón del porqué, en los últimos 10 años, se han construido desarrollos habitacionales de gran dimensión al este y sureste de esa zona.
Los miles de millones de pesos invertidos en viviendas con un alto valor agregado por estar frente al mar, trajeron aparejada la demanda de servicios públicos como; vialidades, electricidad, seguridad pública, salud, educación y esparcimiento.
Particularmente, el suministro de agua potable, drenaje sanitario, alejamiento y tratamiento de aguas negras son hoy un factor detonante del conflicto social en ese sector de Tijuana.
En el mismo rubro, y como parte de la conflictiva, está también la operación del estratégico sistema para el alejamiento, tratamiento y disposición de las aguas residuales que produce la ciudad de Tijuana y que son trasladadas a la laguna de oxidación de agua negras de la CESPT en Punta Bandera.
La importancia de eficientar la red de tratamiento de aguas residuales es de tal magnitud que va más allá de lo local pues impacta nuestra relación binacional por la contaminación del mar que provocan millones de litros de aguas sin tratar descargados en la costa limítrofe a la carretera 1D.
Parte de la solución al anterior problema es suprimir las descarga de aguas negras al mar, que las mismas sean tratadas y conducidas al Valle de Guadalupe a través de un acueducto de 53.7 kms, construido sobre el derecho de vía de la carretera 1D hasta la Misión.
Dicho contrato fue concesionado por el gobierno panista de "Kiko" Vega al grupo empresarial Israelita ODIS ASVERSA S.A de C.V.
La inversión estimada del proyecto es de mil trescientos millones de pesos, de los cuales el 20% procederán de ODIS ASVERSA y el 80% de créditos bancarios.
Este proyecto tiene muchos intereses en juego y al parecer, los burócratas de SCT y Capufe estarían deteniendo la ejecución del mismo.
La otra arista del conflicto es la inaccesibilidad por la carretera federal a las colindantes tierras al sureste de la carretera 1D, lo que ha provocado la existencia de lugares convertidos en nichos para la operación de la delincuencia.
La displicente, burocrática y celosa actitud de Capufe en la administración de la carretera 1D se ha convertido en un obstáculo que para lograr un ordenamiento urbano, la construcción de infraestructura, el acceso de los residentes a sus viviendas y el de las policías locales encargadas de la seguridad pública.
En política hay que hacer que las cosas sucedan y, en mi opinión, es lo que el gobernador Bonilla ha hecho.
Lo que inmediatamente saltó a la vista es la pésima asesoría que le han brindado al gobernador Bonilla, en este y otros asuntos, provocando una constante, innecesaria y feroz crítica de los medios de comunicación de alcance nacional.
Valdría la pena que el Gobernador hiciera algo al respecto y corrija tan evidente deficiencia.
NOMAS POR JODER:
La soberbia de los altos funcionarios federales se recrea a diario. Un reciente ejemplo de ello lo tenemos en las declaraciones de LópezGatell quien, ahora, culpa a los Estados de que no mengue la catástrofe de la Covid-19.
La convicción en el sentido de que "después de indios verdes todo es provincia", retroalimenta el virreynal estilo de gobernar.
