Por: Marco Antonio Samaniego*

TIJUANA BC 26 DE JUNIO DE 2020.- Las noticias que hemos recibido tanto a nivel estatal como federal son buenas: los ricos empiezan a pagar sus impuestos porque han sido presionados para ello.  Así, consorcios empresariales de suma importancia, con presencia en casi todo el país, se dieron a la tarea de pagar impuestos que debían desde hace ocho, seis o cinco años. Dicho de manera simple, pagaron lo que debían y que durante años no se les había cobrado. 

Las noticias son buenas en medio de la condición de incertidumbre que padecemos por el COVID-19. Se reportan ingresos que debieron haberse cubierto desde hace más de un lustro en algunos casos y nos dice a los mexicanos que en efecto, sí hubo consentidos de los gobiernos anteriores. Era cierto lo que se denunciaba con respecto a los grandes deudores que lograban bajo mecanismos inciertos evitar el pago de sus contribuciones.  

En el ámbito estatal, el gobernador Jaime Bonilla a emprendido una interesante campaña semejante. Que paguen los que deben quienes se han beneficiado en sus empresas o negocios con ventajas que no tenemos la mayoría de la población, es decir, los que mes con mes debemos cumplir con el pago de los servicios, como es el caso del agua y el alcantarillado. 

Así, la empresa española que administra el aeropuerto Abelardo L. Rodríguez, luego de indicar que no era cierto, debió hacer lo que todos realizamos: pagar. ¿desde cuando se presenta esta situación? ¿Significa que hubiera sido posible, por ejemplo, pagar a los profesores del sistema estatal, o cubrir el adeudo de la UABC en el caso de que se hubieran pagado los servicios y los impuestos de la forma correcta?

Así, mientras el sistema de alcantarillado de la ciudad está colapsado por numerosos problemas, empresas se dan el lujo de retener los recursos para cuando un gobierno se los reclame de manera directa y luego de la exhibición pública. ¿Dónde está la explicación de gobiernos precedentes que nos digan porque estas empresas lograron tales preferencias? ¿Por qué fue posible que pasaran años y a pesar de no cumplir con sus obligaciones, se mantuvieron funcionado y, por tanto, aprovechándose de la inversión pública para obtener ganancias? ¿Dónde estaban los diputados, autoridades municipales, regidores, senadores, gobernadores, que no se dieron cuenta o no quisieron que se aplicara la ley? ¿Cuál va a ser la consecuencia de la ignorancia o la indolencia?  ¿Por qué nos enteramos hasta el 2020, en plena pandemia, que miles de millones de pesos que pudieron haber invertido en el endeble sistema de salud, hoy cuesta vidas? 

Si MORENA no hubiera ganado en la federación y en el estado, ¿se habría pagado ese dineral? Nunca lo sabremos. Aquí deseamos destacar que los mecanismos de control no han funcionado. Que la ley se ha negociado en beneficio de unos cuantos. Que mientras un amplio sector pagamos impuestos puntualmente, otros no cumplen con las leyes y se benefician de ello. Grandes empresas a las que acudimos cotidianamente, sin tener idea que son evasores y que logran, es de suponerse, lucrar con el tiempo que tienen ese recurso a su disposición. Mientras, los servicios esperan. El sistema de drenaje de Tijuana colapsa y las posibles inversiones que debieron realizarse propician que las reparaciones resultes más costosas. 

Así, lo que se ha comentado en muchas ocasiones sobre los organismos operadores de agua, de que eran las cajas chicas de funcionarios del gobierno del estado, todo indica que se confirma en este momento. Empresas que han gastado millones de m3 no pagaban el servicio y los problemas de mantenimiento han provocado mal servicio a los que menos tienen.  

No se trata únicamente de que quienes lo han permitido sean perseguidos e insultados cuando se vayan del cargo, sino de que se cree un sistema que no permita que suceda. 

Por eso, llama mucho la atención que tengamos un secretario de seguridad y protección ciudadana que obtiene ingresos anuales por 7 millones de pesos, de los cuales 800 000 pesos son por “consultorías y asesorías”, es decir, le sobra tiempo para asesorar dado que los niveles de violencia han disminuido tanto que le da tiempo de “asesorar” por lo bien que se maneja la seguridad pública. Como prueba, el record de muertos que tenemos mes con mes.   

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien prometió a principios de su gestión que dada su pensión de 400 000 pesos mensuales era suficiente, renunciaría a su sueldo del cargo que ocupa. Pero nos esteramos de que esto no ha sido cierto y entre pensión y sueldo, recibe 500 000 pesos al mes. Estamos pues enterados que algo se ha hecho bien, pero que sigue siendo dos países, para unos la ley ¿y para otros? ¿y la austeridad? Esperemos que dentro de unos años no nos enteremos que en este momento se crean grandes deudas al fisco por relaciones encubiertas que benefician a unos cuantos. 

* Marco Antonio Samaniego López.  Doctor en historia por el Colegio de México.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor