AL FILO DE LA NAVAJA
Por: Raúl Ramírez Baena
@RalBaena

TIJUANA BC 16 DE FEBRERO DE 2020.- A mis cinco lectores y a los editores de los medios que tan generosamente me publican, ofrezco una sincera disculpa por el provisional retiro de mis columnas semanales.

Recientemente asumí la Coordinación de la Oficina Foránea de la CNDH en Tijuana, con presencia regional en Baja California y San Luis Río Colorado, Son., responsabilidad que, aún bajo los nuevos tiempos de austeridad republicana, exige dedicar mi mayor tiempo y esfuerzo en favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, de las personas quejosas, de los grupos en situación de vulnerabilidad y de las demandas sociales.

Me sumo al equipo de la Mtra. Rosario Piedra Ibarra para transformar a la CNDH en una institución más comprometida con las víctimas, más cercana a las comunidades y a la gente; una institución del Estado Mexicano no sólo autónoma sino también independiente del gobierno, que cumpla consecuentemente con sus objetivos de promover y defender los derechos humanos.

Sé que, en estos tiempos, la tarea a cumplir en la nueva CNDH no va a ser fácil por lo complejo de las relaciones sociedad-gobierno, por la ruptura del tejido social, por la agudización de la violencia criminal y la violencia de género, por la polarización de la sociedad (sobre todo a partir de la irrupción de las redes sociales), por la precarización del ingreso familiar y por la crisis de consciencia social que agudiza las fobias y filias del grueso de la población. Todo ello, a partir del modelo de desarrollo impuesto a las y los mexicanos por décadas, que provoca un sinnúmero de problemas y retraso social, entre ellos, violaciones a los derechos humanos.

A lo anterior habrá que añadir la coyuntura que nos tocó vivir, sobre todo en las fronteras, para atender la crisis humanitaria de nuevos huéspedes, personas desplazadas y solicitantes de asilo que en masa han llegado a esta frontera del interior del país y del extranjero, huyendo de la violencia, el crimen, la corrupción oficial y la pobreza en sus lugares de origen; personas con derechos plenos que, al estar aquí, el Estado Mexicano está obligado a proteger y a garantizar sin discriminación de ningún tipo, respetando y haciendo respetar su dignidad humana, tarea que requiere de la comprensión y la solidaridad del pueblo mexicano, trato que demandamos para nuestros connacionales en el vecino país del norte.

La CNDH debe atender las demandas sociales cuya omisión o no satisfacción por las autoridades, en lugar de su solución, provoca la movilización popular. Las acciones de desobediencia civil que surgen a partir de violaciones no resueltas a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales (educación, salud, vivienda, trabajo con salario digno, recreación y cultura, vestido y calzado y servicios públicos), culturales (incluidos derechos de pueblos y comunidades indígenas) y ambientales. Así es como se forman colectivos y grupos que luchan por sus justas demandas.

Además del drama migratorio, el Estado aún no ha dado aún pasos definitivos para prevenir e investigar de manera efectiva, entre otros, los homicidios violentos, la desaparición forzada de personas –con responsabilidad de autoridades-, la desaparición por particulares (generalmente cometidas por la delincuencia organizada), la tortura y los feminicidios. 

La desatención que data de gobierno anteriores, ha dado lugar a que las víctimas actúen por cuenta propia, como lo hacen madres y familiares de personas desaparecidas que toman acciones de búsqueda en sus manos, los grupos de resistencia o manifestantes que irrumpen con violencia en la vía pública, como por ejemplo, mujeres y estudiantes que exigen, demandan y gritan el fin de la violencia de género y su peor manifestación, los feminicidios (a pesar de alertas de género, que requieren de máxima capacitación y sensibilización de autoridades preventivas como primeros respondientes, de procuración e impartición de justicia), más grave aún que los desmanes que provocan en las calles.

El momento actual que vive la humanidad y la nación exige la atención prioritaria de las autoridades en favor de las demandas de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos (las autoridades de Baja California tienen una deuda pendiente con las víctimas, no cumplida, al no instalar aún la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, como lo exige la ley), por justicia social, por seguridad y en favor de las personas en condición de vulnerabilidad (niñas, niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia de género, migrantes, indígenas, indigentes, personas con discapacidad, LGBTTI, sexo servidoras, adultos mayores, personas adictas y en condición económica y social precaria).

Por lo pronto, en Mexicali y su Valle, la CNDH ha refrendado de manera consecuente con su mandato, su compromiso con el Derecho al Agua, al emitir la Recomendación 01/2020, la primera de la actual ombudsperson nacional, al señalar las acciones oficiales que pueden impedir el goce pleno y efectivo de este derecho, con una visión de sostenibilidad que asegure el suministro por el Estado del vital líquido a las generaciones presentes y futuras, poniendo en el centro de atención a las personas y no al capital y las ganancias, aunque sea inversión extranjera directa trasnacional, aunque se afecten otros intereses.

Así pues, que conste, no me voy a descansar. 

Sigo, como siempre, a sus órdenes.

Gracias!

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.