Por: Marco Antonio Samaniego

TIJUANA BC 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.-El día de ayer, el nuevo gobierno estatal presentó ante las instancias correspondientes una demanda penal en contra del ex gobernador Francisco Vega de la Madrid. La cifra que se  publicó es por el monto de 1,200 millones de pesos.  Si sumamos a ello los 1,700 millones que no se le cubrió  a la UABC, son 2,900 millones de pesos que  no tienen explicación. 

Para el caso de la demanda, suponemos que existen bases para ello, en el caso de la deuda a la UABC no existe duda alguna e incluso el propio ex gobernador lo reconoció en declaraciones a la prensa. 

Horas después, el ex gobernador declaró a la prensa que sus actos, en referencia a los 1,200 millones de pesos, tenían el debido respaldo. Sus actos, indicó, fueron transparentes y apegados a la legalidad, por lo  que, indicó, estar a disposición para cualquier autoridad y esclarecer los hechos de la denuncia. Esa afirmación es con respecto a los 1,200 millones, donde Francisco Vega apela a la ley como expresión de la legitimidad de sus acciones. Entonces, ¿En qué momento se puede apelar a la ley y en cuál,  no cumplir con la misma ley, con respecto a la UABC,  esta ley puede pasar sin ser cumplida sin ninguna explicación? 

Presentarse en el ámbito de la legitimidad de la ley no aplica para este caso, dado que quien apela a su cumplimiento, es el mismo que declaró no realizar los pagos que por mandado la ley le obliga. Sería bueno poder preguntarle, ¿bajo qué criterio alguien que no cumplió con la ley puede apelar a esta en su defensa? ¿Para qué casos se  aplica la ley y para cuales no? 

En estos días, en el comité de inteligencia del senado de  Estados Unidos,  se han escuchado los testimonios de varios personajes de la diplomacia  de dicho país, en los que se acusa a Donald J. Trump de tratar de intercambiar (quid pro quo) el apoyo militar a Ucrania por una investigación a una empresa del hijo del ex vicepresidente y probable candidato a la presidencia  por el partido demócrata Joe Biden.  Los militares y diplomáticos que han dado testimonio, bajo juramento, - es decir, un delito  mentir – han  presentado una narrativa del posible acuerdo de realizar dicho intercambio. Los  funcionarios han dado su perspectiva de los actos que les tocó vivir en un ambiente de contradicciones sobre las verdaderas intenciones del presidente estadounidense. 

Los eventos a los que se alude son de 2019, sobre todo entre los meses de abril a octubre. Las preguntas giran en torno  a la duda de qué era lo que se estaba haciendo en dicho país  y que se concluyó por los funcionarios que estaban alejados de la política exterior para cumplir deseos personales del presidente y su posible reelección en 2020. La conclusión de ellos es que el abogado personal de Trump,  Rudy Giuliani tomó decisiones  que desviaron las negociaciones  y que este obedecía la línea directa de Trump. 

Así,  a pocos meses del desarrollo de los acontecimientos, el presidente de Estados Unidos es sometido a escrutinio público en los que se mencionan detalles de la administración. Si  bien el futuro de  dicho proceso es incierto, la pregunta que hacemos es ¿Por qué en México tenemos que esperar a que  se deje el cargo para ser llevados a proceso?  ¿Por qué depende de las relaciones entre el funcionario actual y el ex, para decidir si se vuelve de escrutinio público determinado tema? 

Imaginemos por un momento, el año 2015 o 2016 para poder preguntarle al gobernador en turno, ¿porque dejó de pagar a la UABC? ¿Por qué no le importa la educación superior?  Y si nos pasamos al 2018, ¿por qué ha crecido la deuda de manera escandalosa? Los funcionarios indicados tendrían que dar testimonio de porque no cumplen con sus obligaciones y de quien son las decisiones para no seguir la normativa.  No imagino 2019 porque el resultado en las urnas da una falta de legitimidad impresionante para el ex mandatario estatal.  El punto es que el proceso mismo, la sola idea de ser expuesto ante una condición indiscutible, como es no cumplir con lo establecido en la norma, obligaría a actuar de otra manera. Es decir,  muchos temas no serían iguales si los contrapesos  se tornaran más formales y obligatorios, con temas específicos  y no con ambigüedades ni culpas a otros. Los funcionarios en turno, con documentos en mano, develarían lo que sucedió y no esperaríamos a que se deje el cargo para luego ser enjuiciados. 

Eso sería ejemplar, actuar  desde el primer momento y por tanto establecer límites al poco tiempo de sucedido el evento. Así se gastaría menos dinero en andar buscando  ex funcionarios para ver si son inocentes o no. En cambio, así, los inocentes parecen culpables y las deudas dejaron a miles de personas, estudiantes en este caso, sin poder cumplir con tareas específicas. 

* Marco Antonio Samaniego López.  Doctor en historia por el Colegio de México.

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