DESDE MI SOFÁ
Por: Obed Silva
(Militante del PRI)

TIJUANA BC 27 DE OCTUBRE DE 2019.- Como no hay plazo que no se cumpla, el pasado 17 de octubre se difundió una edición especial del Periódico Oficial del Estado de Baja California mediante la cual se publicó el decreto número 351 emitido por la XXIII Legislatura de nuestra Entidad.

El citado decreto 351 se refiere a la mal llamada "ley Bonilla".

Puntualmente, el PRI presentó su acción de inconstitucionalidad en contra de la aplicación de la norma que prevé para el 31 de octubre de 2024 como el término del periodo para la próxima gubernatura de Baja California. 

A la impugnación del PRI se sumaron las del PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, del gobernador Francisco "kiko" Vega De Lamadrid y hasta el INE quien demandó del Tribunal Electoral una "acción declarativa" al respecto. 

Es probable que los recursos presentados se acumulen en un voluminoso expediente con lo que se puede pronosticar que el asunto se resolverá en un largo plazo. 

Al admitir a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas, el Ministro José Fernando Franco González Salas negó la suspensión de los efectos de la norma impugnada aduciendo que el acto reclamado es de tracto sucesivo y que por tanto su aplicación no se consuma en un solo momento. 

Al criterio del Magistrado hay que agregar que el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución de México dispone que; "La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada." 

Por lo tanto el uno de noviembre el Ingeniero Jaime Bonilla Valdez asumira el cargo de gobernador número 15 de Baja California y lo hará para fungir por un periodo de cinco años conforme a la norma vigente al momento de su toma de protesta.

Hecho que a la luz del criterio emitido por el Ministro ponente no tiene relevancia sin embargo con el tiempo podría llegar a tenerla.

Desde el día en que el Congreso Local aprobó la discutida reforma, se han vertido sesudos análisis denunciando "el atentado a la democracia" y la idea de que se utiliza a nuestra Entidad para ensayar cómo prolongar el periodo del Presidente López Obrador. 

El respecto, López Obrador ha reiterado que el asunto de la ampliación de mandato en Baja California no está en sus manos. 

Ha dicho que ahora no es como antes y que el Presidente no influirá en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cuyos miembros les corresponde resolver en definitiva.

El Poder Ejecutivo ha dicho que no influirá a favor ni en contra con los Ministros de la Suprema Corte pero ante tal determinación los malosos se preguntan; ¿los demás poderes públicos también se abstendrán? 

El sospechosismo de los más acérrimos adversarios de AMLO les llevó a concluir que la revocación de mandato promovida por el Presidente tiene como propósito su reelección.

En consecuencia, para los más rudos adversarios de López Obrador tanto la ampliación del periodo de mandato en Baja California como la consulta de revocación de su mandato tienen como objetivo el de ampliar el periodo del actual Presidente de México.

Bajo esa lógica, la revocación y la ampliación se convertirían en vasos comunicante del mismo propósito.

En mi anterior colaboración en AFN pregunté ¿a cambio de qué? los Senadores priistas votaron en favor de la iniciativa lopezobradorista respecto de la probable revocación del mandato al actual Presidente de México.

Una fuente de la Ciudad de los Palacios me comentó que lo que se dice en el Senado es que el apoyo de los senadores del PRI fue a cambio de invalidar el periodo de cinco años al próximo Gobernador de Baja California. 

Si lo anterior fuera cierto, la pregunta que surge es; ¿para beneficio de quién o de qué?

Lo que me comentó la fuente puede parecer inverosímil, exagerado y fuera de la realidad. El tiempo se encargará de desmentir o de confirmar lo dicho.

NOMAS POR JODER:

Una minoría podría preservar el periodo de cinco años para nuestro próximo Gobernador. Lo anterior en razón de que para invalidar la norma impugnada se requiere el voto de al menos ocho Ministros de la Suprema Corte. 

Lo anterior significa que para los doctores será más fácil conseguir la simpatía de tres que de ocho.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.