DESDE MI SOFÁ

Por: Obed Silva
(Militante del PRI)

TIJUANA BC 13 DE OCTUBRE DE 2019.- Como dicen; "el hilo siempre se rompe por lo más delgado".

En su reciente visita a Baja California el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, declaró que la dependencia federal investiga la "corrupción política" de funcionarios de primer nivel (federales y locales) por los temas de autos chocolate, tráfico de personas y empresas fantasma. 

A lo largo de los últimos tres años la percepción que la mayoría de los bajacalifornianos hemos teniendo del Gobernador del Estado es negativa.

Las sospechas y señalamientos de presuntos actos de "corrupción política" se le acumularon tanto al Gobernador, que la mayoría de los habitantes del Estado las asumen como ciertas.

No obstante lo anterior, hasta hoy no se había presentado una formal y bien sustentada denuncia sobre los actos imputados.

Ahora, es muy probable que la piedra de toque que brinde a la población el anhelado castigo por los presuntos actos de corrupción del Gobernador lo sea el asunto del subsidio a la UABC. 
 
Durante meses el Gobernador Francisco "kiko" Vega de Lamadrid ha respondido con evasivas a la UABC señalando al Gobierno Federal como el culpable de no poder entregar el subsidio que por más de mil quinientos millones de pesos le debe a la UABC.  

Antes de  su visita a Baja California, el Presidente López Obrador fue tajante al afirmar que el Gobierno Federal no le adeuda a la Universidad Estatal y anunció que el Secretario de Hacienda ofrecerá un informe al respecto. 

En el mismo tenor y como parte de la marcha universitaria del pasado viernes, el rector de la UABC, Daniel Valdez Delgadillo, presentó ante el Congreso Estatal una demanda de juicio político en contra del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, del Secretario de Gobierno Francisco Rueda Gómez, del Secretario de Finanzas Bladimiro Hernández Díaz, del Secretario de Educación Miguel Ángel Mendoza González y en contra de quienes resulten responsables. 

El Rector universitario también anunció que presentó denuncias ante la Procuraduría de Justicia del Estado y la Fiscalía General de la República por presuntos delitos cometidos por los señalados.

Las imputaciones que hace la UABC a los funcionarios estatales consisten en presuntas violaciones a la Constitución Política del Estado de Baja California en perjuicio de los bajacalifornianos en materias de; el derecho humano a la educación, perjudicar los intereses públicos fundamentales así como la de corrupción en sus modalidades de abuso de autoridad, peculado y colusión de servidores públicos.

Parte de los argumentos que tiene la UABC para sustentar sus imputaciones se apoyan en el hecho de que el Gobernador junto con los demás funcionarios denunciados presuntamente se coludieron para desviar los recursos obtenidos por concepto del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo (impuesto sobre nóminas) para transferirlos ni más ni menos que a seis empresas desaladoras de agua beneficiarias de diversos contratos de APPs. 

Se estima que los mencionados contratos de APPs tienen un valor de 72 mil millones de pesos mismos que se pagarán con el producto de la recaudación del impuesto sobre nóminas durante los próximos 37 años.   

Lo anterior, le fue aprobado a "kiko" por los Diputados de la tristemente célebre XXII Legislatura.

La presunta irregularidad surge dado que desde el inicio de la administración de "kiko" a la fecha, el Congreso Local ha venido aprobando en las Leyes anuales de Ingresos del Estado una sobretasa al impuesto sobre nóminas que debe "destinarse exclusivamente para la educación superior del Estado". 

En consecuencia, la imputación de presuntos actos de corrupción del Gobernador y coacusados se podría actualizar cuando en conjunto promovieron que el Congreso Local aprobara pagar a particulares con los ingresos públicos obtenidos por la sobretasa al impuesto sobre remuneración al trabajo cuya recaudación debió ser destinada de manera exclusiva al financiamiento de la educación superior en Baja California. 

Al abrirse las carpetas de investigación por las denuncia penales presentadas por el Rector de la UABC pudiera suceder que en la secuela de la investigación los infaustos Diputados de la XXII Legislatura podrían también ser considerados como presuntos responsables. De tal suerte que es probable les resulte citación a declarar respecto a su participación activa u omisiva con relación a los hechos denunciados. 

De lo que se sabe hasta ahora, la punta del iceberg apenas se ve.

En su clásica retórica, el gobierno panista declaró que las denuncias del Rector de la UABC "no merecen comentarios.. ya que se consideran acciones con sesgos visiblemente político-partidistas e intereses ocultos". 

Ya veremos si los Diputados morenistas y los fiscales opinan lo mismo. 

NOMAS POR JODER:

No hizo a Tijuana la mejor ciudad de México.

Miles de muertes lo perseguirán hasta después de su muerte.

Perdió la reelección.

El gobierno del Estado lo denunció por delitos ambientales.

Le prohibieron jugar golf en el Club Campestre.

Las desgracias nunca vienen solas y "el patas" lo sabe...

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