AFN POLÍTICO: Desalojarán a bomberos de la Central
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AFN POLÍTICO: Desalojarán a bomberos de la Central

TIJUANA BC - lunes 9 de septiembre de 2019 - DORA ELENA CORTÉS.
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*.- Firma Ayuntamiento convenio judicial para el 30 de septiembre

DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (AFN).- Si el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro llegó dejándonos sin recolección de basura en Tijuana durante varios días, ahora se habrá de retirar dejando a la ciudad, o por lo menos a un vasto sector que es servido por la Central ubicada en el primer cuadro de esta frontera, sin el servicio de bomberos, porque estos a su vez, el 30 de septiembre en que concluye la administración del panista, deberán desalojar la Estación Número 1 que opera en la calle Quinta de la zona Centro.

Como alguien dijo, el no recolectar la basura durante varios días para después anunciar una “emergencia”, nos dejó fétidos olores, mala imagen y el enojo de muchos tijuanenses, pero el que un sector de los bomberos no pueda atender un servicio o una emergencia, que aquí si son verdaderas, en tan sólo unos minutos puede costarnos fuertes daños materiales, y por ende económicos, pero lo peor, la pérdida de vidas.

Pero usted se estará preguntando a qué viene todo esto, y la respuesta es tan sencilla como que el gobierno de Gastélum Buenrostro, a través de su oficial mayor María de Los Ángeles Olague Contreras y el jefe del jurídico Leonardo Martínez Delgado decidieron firmar un convenio judicial con el propietario del lugar en el que actualmente operan los “traga-humo”, después de que el arrendamiento prácticamente había pasado a ser “indefinido”, por los diversos recursos legales interpuestos por el gobierno de la ciudad.

La Estación Número Uno en la que se cuenta con una pipa grande y una “bombera” se ubica en la calle Quinta o General Emiliano Zapata número 7568 y 7580 de la zona Centro, propiedad de Luis Zamora Gandía quien aceptó establecer un contrato con el gobierno de la ciudad, con una vigencia de 1 de enero de 2017 al 30 de junio del mismo año.

Según lo que se establece en documentos el señor Zamora Gandía “interpeló judicialmente” al ayuntamiento de Tijuana, mediante una diligencia de jurisdicción voluntaria de terminación de contrato, con número de expediente 1776/2017 en el juzgado Quinto Civil de Tijuana. El gobierno de la ciudad se opuso “en tiempo y forma” a este trámite, por lo que el asunto se volvió indefinido, argumentándose la vigencia del contrato de fecha 18 de julio de ese mismo 2017. Se establece que la administración municipal consignó ante otro juzgado las rentas “que hasta el momento había dejado de percibir el arrendador por concepto de pago”.

Se indica además que el señor Zamora retiró en el juzgado Primero de lo Civil, donde se depositaron las rentas, lo correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre de 2017. Además se anotó en los documentos que hasta el momento en que se realizó el convenio judicial, al arrendador no se le debía cantidad alguna, ya que todo estaba cubierto hasta julio de 2018.

Zamora Gandía, por la causa que hubiese sido, tenía todo el derecho de rescindir el contrato, y al ayuntamiento de buscar prolongarlo en tanto se encontraba una solución, porque no es lo mismo desalojar una oficina administrativa que una Estación de Bomberos, sin embargo, pese a que no tenían resuelto este tema, las partes decidieron firmar este Convenio judicial que determinaron que se hiciera efectivo hasta el 30 de septiembre de 2019, fecha en que coincidentemente concluye la administración municipal panista, y empieza otra, ahora de corte “morenista”. A todas luces se nota que se buscó cubrir toda esta administración, pasando la “pelota” al gobierno siguiente.

El convenio judicial lo firmaron los funcionarios ya señalados, que además convocaron para estar presente al capitán José Luis Jiménez González, encargado de despacho de la Dirección de Bomberos de Tijuana, así como el arrendador Luis Zamora Gandía.

Hasta aquí posiblemente las opiniones se dividirán, porque no faltarán aquellos que digan que esta administración no podía ir más allá de su término constitucional (aunque lo hizo por muchos otros asuntos, sobre todo contrataciones grandes), y habrá también aquellos que se molesten por el hecho de haberse fijado esa fecha sin tomar en cuenta que los nuevos funcionarios apenas se estarían asentando en sus posiciones.

Y como la justicia no se detiene, la licenciada Adriana Vanessa Gallardo Martínez, subdirectora del área civil de la Consejería Jurídica municipal y apoderada legal del actual ayuntamiento de Tijuana informó con fecha 23 de julio de este año al encargado de despacho de la Dirección de Bomberos, que el día 30 de este mes deben salir a la calle con todas sus “chivas”. Después de recordarle el convenio firmado el 14 de agosto de 2018 ante el juzgado civil, se le indica que deberá darse “la desocupación del bien inmueble identificado como calle Quinta General Emiliano Zapata número 7,568 y 7,580, Zona Centro, a más tardar el día 30 de septiembre de 2019.

El reportero del barrio que al enterarse de esto se dio vueltas por el ayuntamiento para saber más al respecto, fue enterado que no obstante que esta situación se sabía desde julio del año pasado, poco o nada se hizo para resolver el problema y tener un lugar en firme para reubicar a los elementos de bomberos de esa Central. Inclusive algunos de estos, apoyados por empresarios, se dieron a la tarea de buscar una solución, por lo que hubo quienes dentro del sector productivo ofrecieron colaborar para que se erigiera una Central digna de Tijuana, pero ponían como requisito lógico que se hiciera en un terreno de la ciudad, para que no volviera a ocurrir esto que está sucediendo.

No se otorgó ese terreno, no obstante que durante las últimas sesiones se estuvieron desincorporando del patrimonio municipal algunos predios para venderlos o permutarlos a empresarios. Lo que se sabe es que para que no queden en la calle se les podría instalar temporalmente en lo que se conoce como el “archivo muerto” de la ciudad, que se encuentra en la avenida Madero entre las calles seis y siete de Tijuana.

La solución a este problema debió buscarse con prioridad desde que se empezaron a complicar las cosas en este sentido, ya que se ha dicho, y repetido hasta el cansancio que se requiere una Estación en el mero centro de la ciudad, dentro del llamado Primer Cuadro, y no por capricho, sino porque desde ahí se atiende a una población de más de 150,000 habitantes que se ubica en toda esa área, en colonias como la Altamira, Morelos, México, también hasta la Cacho, Chapultepec y otras, en donde los tiempos de respuesta son de entre cinco y siete minutos.

Si los sacan de esa área, los tiempos de espera subirían más de 10 minutos adicionales, lo que en este tipo de emergencias significan la vida o la muerte de las personas, y la cuantía de los daños que se pudiesen registrar; inclusive se ha hablado de llevarse esta Estación a la avenida Internacional, sin embargo, aunque parecen pocos kilómetros, el tráfico vehicular que por ahí se da afectaría precisamente esos tiempos de respuesta.

Hay quienes piensan que esta Estación podría ubicarse dentro del Parque que se construyó entre las calles Ocho y Constitución, en donde estaban sus antiguas instalaciones, que decidió demoler el gobierno de Carlos Bustamante Anchondo, ya que se indica que tan sólo con 350 metros (aproximadamente), se podría operar.

Inclusive en aquella ocasión cuando Bustamante determinó desalojar las instalaciones de Policía y Tránsito Municipal, la Cárcel Pública y Bomberos, hubo empresarios de la zona que sugerían que en ese parque que se erigió se instalaran estaciones para ambos servicios, que señalaban que favorecerían al área central, y por lo tanto estaban dispuestos a apoyar cualquier proyecto que en este sentido se hiciera.

Así es que a rezar para que en estos tiempos de altas temperaturas no se presente ningún siniestro en la zona de influencia de esta estación de bomberos, ya que si no estarán en operaciones de mudanza, se encontrarán en la calle como cualquier ciudadano desalojado. Ahí tendrá una gran tarea que emprender, recién llegado al gobierno, el nuevo alcalde Arturo González Cruz.

PD.- La futura presidenta municipal del ayuntamiento de Mexicali Marina del Pilar Ávila Olmeda ya decidió lo que hará para su toma de posesión, y está convocando a la ciudadanía para el 30 de este mes, en la Explanada de Catedral en el Centro Histórico de Mexicali.

PD1.- Sólo falta que en Tijuana, el actual presidente municipal de la ciudad Juan Manuel Gastélum Buenrostro se empecine en que su gobierno termina el 30 de septiembre y no acepte que se haga la ceremonia oficial de toma de posesión del nuevo alcalde, sino hasta el día siguiente 1 de octubre. De hecho, el reportero del barrio comenta que la toma de posesión de Arturo González Cruz podría ser en una sesión ordinaria de Cabildo.

PD2.- Por cierto, hablando del futuro presidente municipal, éste dijo que a partir del 1 de octubre todas las dependencias del ayuntamiento de Tijuana serán revisadas en forma minuciosa, para constatar cómo son entregadas a la administración pública, y esto se hará ante Notario y la misma sociedad, que podrá ser testigo a través de conferencias video-grabadas.

PD3.- Inclusive González Cruz, anunció que  parte de la entrega- recepción la hará a integrantes de la sociedad civil y profesionistas, para involucrarlos en el tema y que conozcan el estado real que guardan los bienes muebles, inmuebles y equipo, como el de los camiones de basura, patrullas, parques, y todo aquello que corresponde al ámbito municipal. 

PD4.- Y una noticia triste: ya no tendremos espectáculo municipal, y deberemos  buscar nuevas programaciones, o de plano volver a Netflix, debido a que también se anunció que este lunes se llevó a cabo la última sesión entre las comisiones de enlace de la presidencia municipal saliente y entrante, en la que se volvió a señalar la falta de transparencia de los actuales funcionarios, como es el caso de PROMUN –Fideicomiso Promotora de Tijuana- que no entregó la información solicitada; también se denunció “la negatividad por parte de la Dirección de Desarrollo Social, para llevar a cabo los recorridos por los centros comunitarios”. 

PD5.- Efectivamente hubo otros funcionarios y responsables de dependencias que sí se involucraron en los trabajos y entregaron toda la información correspondiente, lo que luego aprovechó para presumir el actual alcalde (después de que el futuro munícipe lo comentó en una esas reuniones), sin embargo esto lo hicieron, no por la voluntad de la  administración, sino -inclusive- pasando sobre esta, al considerar que al entrante gobierno le asistía la razón.

PD6.- Además, hubo quienes lo hicieron “bajo el agua”, informando a los funcionarios entrantes sobre mucho de lo que se ha hecho, dentro de esta administración, así como de las instrucciones recibidas, en el sentido de que no respondieran a las preguntas de los integrantes del equipo de transición.

PD7.- Dentro del actual ayuntamiento de Tijuana, se están llevando a cabo las glosas con los funcionarios municipales, tras el Informe que semanas recientes rindió el presidente municipal, a puerta cerrada, y con ausencia de regidores. El tesorero Ricardo Chavarría fue uno de los que compareció hoy, y no la tuvo fácil porque el regidor Manuel Rodríguez Monárrez le habló sobre “la corrupción evidente” que dijo que existe en tres casos en los que se tienen pruebas, como es Turbofin, el tema del “Burro Loco” y lo referente al parque Benito Juárez.

PD8.- El tesorero le respondió que “aunque tengamos en redes la etiqueta de un gobierno corrupto, tenemos la fuerza de los tribunales” ¿¿?? Ni tardo ni perezoso Rodríguez Monárrez le espetó que somos “la primera ciudad de México que ha logrado corromper al Sistema Estatal Anticorrupción” por el caso del Burro Loco, que corresponde a un contrato otorgado a una empresa con esa denominación, para que preste servicios profesionales de consultoría financiera, cuyo giro comercial es la compra-venta de abarrotes, carnes y licores.

PD9.- El caso aquí es que se denunció que uno de los propietarios es Jorge Topete Calvario, comisionado del Sistema Estatal Anticorrupción, y el contrato fue de 9.86  millones de pesos. Rodríguez Monárrez también le preguntó sobre cómo era posible que en el caso de Turbofin hayan participado tres filiales.

PD10.- Y como ya es costumbre, oficialmente no se informó, ni mucho menos se convocó a las glosas que iniciaron este día dentro del gobierno municipal, y que involucró a varios de los funcionarios del ayuntamiento.

PD11.- Mañana martes 10 de septiembre, continuarán con la segunda jornada de las glosas, en sesiones maratónicas.

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