*.- "Revienta" enojo empresarial contra disposición gubernamental
*.- ¿Le mandan "mensajes" al general?

Dora Elena Cortés
[email protected]

TIJUANA BC 6 DE ENERO DE 2022 (AFN).- Después de haber iniciado con el "pie derecho" en su relación con el sector empresarial, el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda enfrentó su primer gran "resbalón" que provocó la furia de estos organismos, por la pifia cometida por su equipo especialista de salud.

Y le llamo pifia, porque apenas  anunciaron nuevas medidas para controlar la propagación del covid-19 y sus variantes, y advirtieron sobre "sanciones ejemplares", y más rápido que la "caída" del monumento de López Obrador tuvieron que dar marcha atrás, señalando como información falsa la que ellos mismos proporcionaron a los medios e hicieron llegar a todos los establecimientos de la región.

Y no solamente eso, sino que ahora, la Coepris dejó a la decisión de los empresarios el exigir las pruebas negativas de contagio o el certificado de vacunación, aún a sabiendas de que sin un respaldo oficial no podrían hacer esto, porque se verían envueltos en problemas legales.

En conferencia de prensa que ya publicamos y que aquí reproducimos para ustedes, el propio secretario de salud José Adrián Medina Amarillas anunció hace unos tres días que se había tomado una serie de medidas que se estarían aplicando para controlar el avance del covid-19 y sus variantes Delta y Ómicron, y para hacerlas públicas le pasó la palabra al titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) Erwin Areizaga quien no dejó lugar a duda sobre la firmeza de la decisión.

En ningún momento dijo -como ahora- que se trataba de una "sugerencia" y que solamente se haría en lugares no esenciales con gran cantidad de asistentes, sino que enlistó restaurantes, bares, casinos, y todos aquellos espacios en los que cotidianamente hay concentración de gente.

Les hizo saber que entre los lineamientos establecidos, además de la adquisición de un equipo para monitorear la calidad del aire CO2, los responsables de todos esos establecimientos tendrían que solicitar a sus clientes, trabajadores y proveedores, la presentación de un certificado de vacunación o prueba negativa de covid para poder ingresar.

Y para confirmar el cumplimiento, anunció operativos que se iniciarían de forma inmediata, por lo que los responsables y propietarios de diversos establecimientos empezaron a aplicar la medida, pero en varios casos fijaron en una zona visible el aviso, haciendo notar que esa era una disposición de la Coepris, dependencia del sector Salud del gobierno estatal.

Hay quienes dicen que los integrantes de ese sector y su equipo de especialistas se fueron por la "libre", y en realidad se creyeron autónomos, decidiendo hacer valer estas medidas sin haber informado a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la cual según las mismas fuentes, al haberse enterado de lo sucedido ordenó de manera fulminante, dar marcha atrás en esta decisión que la estaba enfrentando con el sector empresarial.

Los comentarios afirman que les habría dicho que hicieran lo que tuvieran que hacer, pero que esa medida no pasaba.

Sin embargo, hay otras personas que advierten que de ninguna manera se podía haber tomado una decisión de esta naturaleza sin enterarla, o por lo menos, al secretario General de Gobierno Catalino Zavala Márquez, quien debió haber aprobado dichas disposiciones y su anuncio público.

Como fuere, la decisión de dar marcha atrás no sería terrible sino un reconocimiento de que se puede retroceder si algo no funciona, pero aquí lo que molesta es el hecho de que en lugar de salir y reconocer con humildad que se equivocaron, prefirieron colgar de sus redes un aviso en el que señalaban que era falso el documento que circula en redes, advirtiendo que no se impusieron esas medidas por parte de las autoridades sanitarias del Estado, sino que se emitieron recomendaciones para los establecimientos no esenciales, en caso de aforos elevados.

O sea: todos los medios que informamos al respecto mentimos, lo mismo que los empresarios que difundieron las disposiciones oficiales a su clientela. Todos, y no el sector Salud.

*.- "Revienta" enojo empresarial contra disposición gubernamental
 
Hasta el momento ese enojo no se había hecho público, y en una forma sorprendente, en varios negocios advirtieron que acatarían esta disposición oficial, pero en cortito, el comentario generalizado ayer fue de fuerte indignación, aunque se la aguantaron, porque todavía confiaban en que, como ocurrió, pudiese haber alguna reconsideración al respecto.

Y es que ayer mismo, en el gobierno del Estado se vieron titubeantes por las reacciones surgidas, al grado de que empezaron a tratar de desmentir que esta fuera una medida obligatoria y que se pretendiera sancionar a los propietarios de los negocios.

Se dijo que era tan sólo una sugerencia y que se estaba considerando aplicarla si el semáforo epidemiológico así lo requería, pero además, se suspendió una reunión que, a través de Zoom habían convocado desde el sector Salud (para ayer mismo), con el sector empresarial, a fin de reiterar sobre estas medidas.

De igual forma, circuló un audio grabado por Erwin Areizaga mediante el que les hacía saber, que esto estaba en análisis, aunque les advertía que el aforo en los lugares públicos seguía sin cambio y continuaba siendo de un 75%.

De la misma forma, les indicaba que la exigencia de contar con un sensor de calidad de aire co2 continuaba firme, lo cual no es algo que moleste mucho a los empresarios, aunque también les hizo "ruido" porque señalaron que será un gasto más que deberá añadirse a todo lo que ya se invierte en medidas especiales.

Estos aparatos para estar registrando la calidad del aire en interiores, pueden encontrarse -en promedio- de 2000 a 3000 pesos en tiendas en línea, según lo que pudimos ver.

Pero dejando eso de lado, los empresarios afirmaron que la exigencia de solicitar una prueba negativa de covid o el certificado de vacunación sólo llevaría a una mayor corrupción, porque no solamente habría personas que los falsificaran y vendieran, sino que esto sería un motivo de mayor extorsión para algunos inspectores, de los que aseguran que buscan cualquier pretexto para sancionarlos.

Eso al margen de que la medida ya  generó problemas con ciudadanos que exigían su derecho a decidir, y también a recibir los servicios que por ley no se les pueden negar.

Pronosticaban que las filas, que ya de por sí se hacen frente a los establecimientos para poder ingresar cuando el cupo autorizado está a su tope, ahora serían más largas y habrían de generar mayores tiempos de espera, en tanto se revisaba a cada persona para comprobar que  cumplía con ese requisito.

Afirmaron además que tampoco son especialistas para determinar si un documento es falso y se preguntaban si los inspectores llegarían a los establecimientos y molestarían a sus clientes para que mostraran sus certificados, y constatar así que cumplieron con lo que el grupo de especialistas decidieron.

Se preguntaban si ellos mismos, o sea los inspectores, habrían de desalojar a aquellos que no cumplían con el requisito, o cuyos documentos parezcan sospechosos, o si entre las sanciones ejemplares estaría la clausura.

Los epítetos que le atribuyeron a esta medida y a sus autores variaban, e iban  en todos los tonos, y esto es comprensible cuando también anticipaban que, de mantenerse dicha medida, volverían a perder negocio, como ya ha ocurrido durante los dos últimos años, al margen de todas las molestias ya señaladas.

La decisión de exigir la vacunación universal a pruebas negativas de covid como ayer les decía, me parece buena, aunque muchos insistan en el hecho de que va contra los Derechos Humanos de las personas, pero creo que no era cargándole a los empresarios la responsabilidad que corresponde al gobierno, bajo la amenaza de sanciones ejemplares, de no convertirse en los guardianes de ese orden.

*.- ¿Le mandan "mensajes" al general?

Prácticamente desde el primer día en que inició sus funciones como secretario de Seguridad Ciudadana el general Gilberto Landeros Briseño, no ha cesado la actividad criminal en todos los puntos de la entidad.

Tal pareciera que los delincuentes le están dando la "bienvenida" al nuevo funcionario Estatal, o le mandan mensajes retándolo, aún cuando Landeros presumió que estando él en la zona militar, mantuvo a Tijuana fuera de los primeros lugares de criminalidad en los que ahora se encuentra de nueva cuenta, tras su regreso una década después.

Pero es sólo el principio, y falta ver qué es lo que el general hará, y cómo responderá a estos individuos, que no se han detenido para seguir cometiendo atentados y ejecutando.

En principio está teniendo acercamientos con los diversos sectores y ayer empezó encabezando una reunión de seguridad a la que asistieron la gobernadora Marina del Pilar y los alcaldes de los diferentes municipios.

Este jueves  programó una reunión presencial en Tijuana con integrantes del sector empresarial, y el fin de semana se encontrará con un grupo de reporteros en una charla informal.

El acercamiento es bueno y esperemos que los planes sean mejores, aunque ayer resultó preocupante que delimitara su responsabilidad y señalara, prácticamente, que esta recae, principalmente, en los ayuntamientos cuya policía está más cercana a la ciudadanía.

Y es que si lo piensa así y considera que la responsabilidad principal no es de él, entonces ¿Cómo cumplirá con su ofrecimiento de ayer, en el sentido de retornar a Baja California a una situación más tranquila en materia de seguridad?

ANA Y CONDA.- Hay situaciones que tienen una vida muy efímera.

PD.- Debe haber maneras más inteligentes de hacer las cosas.

PD1.- ¿Quién es el funcionario, cuyo caso -"fast track"- de covid-19 coincidió con el "puente" de fin de año?

PD2.- A la que ayer no le fue muy bien, fue a la ex diputada Miriam Cano ahora secretaría de inclusión en el gobierno Estatal ya que fue corrida con gritos y abucheos de una comunidad que visitó en San Quintín.

PD3.- Los lugareños, muy enfadados con la funcionaria, le hicieron saber de manera estruendosa que no la querían ahí.

PD4.- El alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles estuvo ayer en Tijuana y aprovechó su estancia aquí, para sostener una entrevista con Agencia Fronteriza de Noticias.

PD5.- Nuestra compañera Even Ezer Bustos, aprovechó para preguntarle si su frenética labor en esta "segunda vuelta" como presidente municipal tiene que ver con una intención de volver a buscar la gubernatura -en el momento adecuado- pero como buen político al fin, Ayala Robles respondió que por el momento no piensa en eso.

PD6.- Tal vez sólo faltaría agregar que sí le abona, y que muy seguramente esa pretensión no ha dejado de estar entre sus planes.

PD7.- Un legislador muy activo -sin lugar a dudas- es Ramón Vázquez, quien cada día realiza una labor de asistencia social por toda la entidad y por lo tanto, el de Reyes no fue la excepción 

PD8.- Aprovechó para llevar botargas -con su cara- y así, como "superhéroe" entregar roscas de Reyes a los niños, con motivo de esta fecha.