*. - Expropiación sin indemnización en el Campestre; una "bomba"
DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 22 DE MARZO DE 2021 (AFN). – Un golpe artero y, tal vez donde menos se lo esperaba, le asestaron a la diputada -con licencia- Montserrat Caballero Ramírez, hasta ahora la más fuerte precandidata de Morena en el proceso interno para la presidencia municipal de Tijuana, y lo hicieron sin que ella, ni sus asesores se lo "maliciaran", como se dice coloquialmente.
Si así fuera, también ellos habrían presentado denuncias por gastos excesivos de precampaña en contra de los otros “actores” políticos, ya que queda claro que, si no todos, sí la mayoría de los que se registraron ante su partido para competir por la posición de candidato a alcalde de Tijuana, hicieron fuertes gastos, sobre todo, en carteleras y en una conocida revista, pero… no lo denunciaron.
El hecho es que sus enemigos políticos lograron que la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) revisara el tema, y tal parece que se tejió una trama para que el requerimiento de información, que este organismo envió a la legisladora, no llegara a sus manos sino hasta que, poco o nada, quedara por hacer para Montserrat Caballero.
Queda claro que, en su partido, el delegado del CEN “con facultades de presidente estatal” Ismael Burgueño Ruiz le jugó las contras, y le hizo una trastada para que no pudiera enterarse, ya que estima que ese documento llegó hace aproximadamente una semana, a las oficinas de la Casa Morena, que está -precisamente- en manos de este aspirante, y nadie le hizo llegar el famoso documento.
El tema, recordó, es que Ismael Burgueño se registró -de igual forma- en busca de esa candidatura, y como no se puede ser “juez y parte”, aquí -aunque no hubiese sido esa la intención del político, o no hubiese recibido este documento- se supone que es el representante del partido en Baja California, y tendría que haber estado atento y dado una respuesta.
Ante esa falta de respuesta, la comisión de fiscalización del INE concluyó que Montserrat Caballero estaba aceptando esa responsabilidad, así es que determinó que se le sancionara con la no participación en el proceso que realiza su partido, y en caso de que ya se hubiese hecho la designación correspondiente, determinó que tendría que cancelarse dicha candidatura.
La decisión de esta comisión, tal y como ocurre con las legislaturas, tiene que pasar al Pleno, para que ahí se determine si tiene responsabilidad y, de ser así, confirmarse la sanción establecida, o permutarse por alguna otra, que pudiera ser una multa. Normalmente, en los Plenos aprueban lo que las comisiones determinan, a menos de que existan elementos que permitan establecer que la situación fue diferente.
Monserrat comentó que si esto llegaba al Pleno presentaría un recurso de inconformidad y haría valer sus derechos políticos, pero si esto no ocurría se impugnaría la decisión de la comisión. El hecho es que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral está anunciando una junta para el próximo jueves, en la que ha puesto en agenda ese tema. Además, en esta misma semana debe surgir el nombre del “abanderado”.
Mientras tanto en Morena ha conmocionado esta jugarreta porque, según algunos datos, es precisamente Montserrat Caballero Ramírez la que ha estado encabezando las encuestas y calificaciones que realiza la Comisión de Elecciones de su partido, así es que trataron de sacarla del juego antes de que esto se materializara.
Y, de hecho, ya empiezan a mencionarse nombres de posibles “personajes” que pudieron haber participado en esta “movida”, en la que advierten que, indudablemente, jugó un papel muy importante el presidente Estatal de ese partido.
Se confirma con esto, que la “guerra” no es solamente contra los partidos opositores, sino que es cruenta también hacia lo interno.
*. - Expropiación sin indemnización en el Campestre; una "bomba"
El gobernador Jaime Bonilla al referirse -esta mañana- al tema de Club Social y Deportivo Campestre no dejó duda (como decíamos en fechas recientes) de que va -claramente- por la expropiación de esas instalaciones que operan en Tijuana, desde las primeras décadas del siglo pasado.
Lo que esta mañana señaló, definitivamente, es una “bomba” que ya ha detonado en el “epicentro” de la clase alta de Tijuana, ya que por la dureza de sus palabras no dejó lugar a dudas de que sigue adelante con su proyecto de expropiar esas más de 50 hectáreas de terreno, que se ubican en una de las principales arterias de esta ciudad.
Y no solamente eso, sino que sugirió que no habría indemnización -como marca la ley- en toda expropiación, ya que insistió en que no hay dueños de estos predios ni nadie que tenga la legal propiedad, porque reiteró su seguridad de que estos se los apropiaron de una manera ilegal, y aprovechando el poder político que, históricamente, han tenido los dueños del dinero en esta, como en todas las ciudades del mundo.
El gobernador mismo anticipó que habría problemas o se “pondría difícil” el caso, por esta posibilidad de que no existiera una indemnización, aunque también pareció abrirles la oportunidad de que adquieran legalmente estos terrenos, al señalar que si quieren un campo de golf, que lo compren o que paguen lo que vale.
Y como decíamos, esta determinación del Ejecutivo estatal que ya tiene planeado establecer ahí un parque público “para beneficio de la ciudadanía”, será una “bomba” que empieza a reventar, porque, aunque había una tímida reacción, por el enojo entre aquellas familias que sí se sienten propietarias de este sitio por haber adquirido muy costosas acciones, ya se presentó una solicitud de amparo ante la justicia federal, que fue aceptado por un juez.
Por otra parte, quien ha sido una abierta voz contra de esta decisión del gobernador, y está haciendo llamadas constantes a través de las redes, es el exdiputado local, Adrián Roberto Gallegos Gil, quien llegó a la legislatura impulsado por el Partido Verde Ecologista de México, en el período de 2004-2007.
De hecho, el día de ayer todavía hizo otra publicación llamando a sus consocios del Club Campestre que forman -dijo- parte del gobierno estatal, para que no permitan esta acción. En forma textual, escribió: “Queridos amigos míos que forman parte del gobierno estatal y que son socios del Club Campestre de Tijuana, no violenten el estado de derecho ni traicionen a su Club”.
No obtuvo muchas reacciones, y apenas cuatro comentarios y tres compartidas, pero ninguna de parte de los presuntos socios que -a la vez- son funcionarios de la administración actual.
Además, en otro mensaje -también escrito el día de ayer- acusó de que un supuesto negocio inmobiliario de Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno estaría “detrás de la expropiación del Club campestre de Tijuana”, aunque no ofreció ninguna prueba ni documento que fundamente este dicho.
No es esta la primera ocasión en que este Club ha estado en riesgo de desaparecer, como lo narran en su propia historia, precisamente por la indefinición legal de su patrimonio que, desde los años cuarenta señalaban y que provocaron la intervención de un presidente de la república, como fue Abelardo L. Rodríguez, quien aseguran que les cedió sus terrenos, de los que en algún momento fue propietario, por ser uno de los socios del exclusivo Casino Agua Caliente, después cerrado por el presidente Lázaro Cárdenas para dar paso ahí, a un centro educativo.
El Campestre debió enfrentarse a la posibilidad de perder sus terrenos cuando la Inmobiliaria California S.A (ICSA), demandó su devolución, junto con -prácticamente- todo el territorio de Tijuana para sucesores de la familia Argüello, fundadora de esta ciudad, y posteriormente, cuando jóvenes que pretendían la creación de la Universidad Autónoma de Baja California (UAC) se instalaron en esos terrenos.
En el primero de los casos se evitó que el juicio llegara a su fin, de manera satisfactoria para los herederos de los Argüello, con el pago de 5,000 pesos que 15 empresarios dieron (cada uno) en los años 60.
En el segundo de los casos -que ocurrió en 1971- estudiantes iniciaron un movimiento para adjudicarse esos terrenos para la creación de la UABC, por lo que el Gobierno del Estado adquirió terrenos del ejido Tampico, en Mesa de Otay para donarlos para ese fin, y de esta forma, se diluyó el peligro para los socios del Campestre.
En esta ocasión, los integrantes de este Club están peleando de manera legal ante la justicia Federal, y un juez admitió la solicitud de amparo que presentaron ante la posibilidad, se dijo, de que se verifique la expropiación.
Un comunicado del despacho De Hoyos y Avilés, en el que participa el expresidente Nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, informó que Ignacio Ochoa Alldredge -miembro del Club Campestre y socio de esta firma legal- promovió un amparo en contra los actos del gobernador, el cual fue admitido por el juzgado séptimo de distrito en materia de Amparo y Juicios federales, bajo el expediente 180/2021.
En el comunicado se dice que el juzgador concluyó que, los miembros del Club Campestre Tijuana “cuentan con interés legítimo para solicitar el Amparo ya que, el acto expropiatorio afectará su derecho fundamental de propiedad, así como otros derechos humanos como: el libre desarrollo de la personalidad, derecho a la salud, a la cultura física, y práctica del deporte; a un medio ambiente sano y de acceso a la cultura.
También refirió que la resolución del juez de distrito constituye “un precedente importante ya que reconoce el derecho los miembros del club a defender -por sí mismos- sus derechos constitucionales”, y estableció que con esta resolución judicial “se abre la puerta para que cada socio del Club Campestre inicie su propia defensa en contra del “atentado” -como lo llamaron- que se está perpetrando desde el gobierno del Estado en contra la propiedad privada.
Por su parte, Jorge de Hoyos Walter, de la misma firma de abogados, señaló que: “se preparan actos ilegales, no sólo la expropiación como tal, sino que, advirtió, funcionarios del gobierno están modificando registros históricos de la propiedad del rancho Tijuana (Tía Juana) para justificar de esa manera su conducta ilegal.
También se hizo saber que el juez resolverá en una audiencia fijada para el 26 de marzo de este año si otorga la suspensión de los actos reclamados “para que no se tomen las instalaciones del Club Campestre”; de la misma forma se indica que el gobernador ha manifestado “de manera reiterada su intención de proceder a la expropiación de este Club sin que exista alguna causa de utilidad pública que justifique este proceder.
Acusó el comunicado que, el gobierno del Estado pretende “afectar el derecho a la propiedad privada”, pero -además- señala: “ha manifestado públicamente que no pagará el valor de los bienes, contrariando con esto, de manera directa lo que establece la ley de la expropiación.
Por su parte el gobernador fue duro y contundente al insistir en que estos son terrenos de la nación, que no hay dueños legales a la vista; que no han pagado ni siquiera las deudas del agua, ni el impuesto predial, y precisó que él “no está en contra de la propiedad privada”.
Aseguró que respeta esta, siempre y cuando “la paguen”, y advirtió que si los hombres de dinero en Tijuana quieren un campo de golf “está bien, pero que lo paguen; que lo compren… que se lo paguen a la nación”.
Reiteró que los anteriores gobernantes solaparon estas actitudes, porque ellos mismos se beneficiaban con los servicios de ese Club al que iban para jugar golf, y esto -dijo- ha sido aprovechado por la mesa directiva para conseguir beneficios “por medio de intercambios con la administraciones pasadas”. Afirmó que quienes están en posesión de este Club “se apoderaron” de esas más de 50 hectáreas “a través de maniobras jurídicas y políticas”.
También dijo que este Club privado no ha rendido ningún beneficio a la ciudad, y que la “chusma”, o sea, el resto de la población que no pertenece a éste, nunca tenido la oportunidad de ingresar “ni siquiera al estacionamiento de ese lugar”. Dijo que él mismo, apenas ha ido cuatro veces -en toda su vida- a este establecimiento.
Pidió a la población que “no se asusten con el petate del muerto”, ya que dijo que si tienen su propiedad -de manera legal- no pasará nada; aseguró que no les van a quitar algo lo tienen pagado, y en el caso del Campestre insistió en que no les pertenece y lo han explotado durante muchos años porque compraron acciones de 50, 60, 70 mil dólares. “Y no son dueños de nada. No pagaban el agua hasta que se las cobramos”, reiteró.
ANA Y CONDA. – Se confirma una vez más: “De que la perra es brava…”
PD.- Ahora son los hombres, operando detrás de las mujeres.
PD1.- El gobernador no se conformó con lo que dijo con respecto al Campestre, y sus integrantes, sino que también señaló que Jorge Hank está en las mismas “porque se robó -acusó- los terrenos en los que ahora opera su corporativo.
PD2.- En el caso de Hank Rhon, el gobernador Bonilla Valdez no ha hecho ninguna advertencia (abierta o directa) sobre alguna posible expropiación, pero sí ha insistido en que esos terrenos no le pertenecen, ya que se los apropió de manera irregular, insistió el mandatario.
PD3.- Tal y como lo anunció, hoy se registró como candidato al gobierno de Baja California -por el PES- el empresario Jorge Hank Rhon, y fue acompañado por ocho de sus hijos y el presidente nacional del partido que hoy abandera, Hugo Érick Flores Cervantes.
PD4.- Y en un acto que no pasa de ser simbólico, porque no tiene validez oficial, el dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), José Alfredo Ferreiro Velasco extendió un “certificado” a nombre del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, en el que se le reconoce su derecho a ser el candidato de este partido para la presidencia municipal de Tijuana.
PD5.- Y a menos de que tengan alguna exoneración de juez para el teniente coronel, este certificado no le servirá más que para enmarcarlo, y ponerlo en una de las paredes de su casa.
PD6.- Es que, sin resolver su problema legal, ni presentarse con todos los requisitos que exige la autoridad electoral, el teniente coronel no podría participar en esta elección 2021, cuya campaña inicia el 4 de abril próximo.
PD7.- Otra importante “baja” sufrió el Partido de Acción Nacional con la renuncia de Marco Antonio González Arenas, quien ha sido de los más reconocidos y prominentes panistas, desde aquel 1989 en que consiguieron contundentes triunfos en Baja California.
PD8.- González Arenas entregó su “carta renuncia” al presidente del comité municipal, Rodolfo Enríquez, agradeciendo sus atenciones y, sin entrar en detalles del porqué de su retiro de un partido en el que militó los últimos 30 años, queda claro que lo hace para sumarse -de lleno- al proyecto de Julián Leyzaola.
PD9.- González Arenas participa -desde hace algunos años- en un grupo denominado “Ciudadanos con Ley”, y todo hace indicar que, será uno de los candidatos a diputado, en representación de ese partido.
PD10.- Y muy probablemente, después de González Arenas vendrán otras renuncias de conocidos panistas, ya que hay más blanquiazules que participan en ese movimiento.
PD11.- José Cruz Holguín hizo este día un reconocimiento al gobernador Jaime Bonilla por el apoyo que, dijo, ha brindado a la preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, de la que es director, sobre todo, porque a esta institución le condonó el pago de 50 millones de pesos que, se habían acumulado por concepto de pago de agua.
PD12.- Ahora sí, ya mero llegan las vacunas a Tijuana
