AFN POLÍTICO: Villanueva: en lugar de "chocolates" la cárcel
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AFN POLÍTICO: Villanueva: en lugar de "chocolates" la cárcel

TIJUANA BC - miércoles, 26 de febrero de 2020 - DORA ELENA CORTÉS.
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*.- Regularizarán chocolates, anunció Bonilla
*.- Es tomadura de pelo advierte Kiki Méndez

DORA ELENA CORTÉS
afntijuana@hotmail.es

TIJUANA BC 26 DE FEBRERO DE 2020 (AFN).- Tal parece que  a Fidel Villanueva, quien dirige la legendaria -como ilegal, insisten algunos- Anapromex le espera en el futuro la cárcel, y ahora sí podría ser sancionado por el fraude que reiteran las autoridades que hace con propietarios de vehículos cuya estancia es irregular en México, porque el Congreso del Estado aprobó este día la iniciativa que establece penas de cárcel a quien expida engomados, láminas o cartones, a los autos de procedencia extranjera ilegal.

O sea, que finalmente le tumbaron el negocio a Villanueva, y también a los de la otra organización denominada Onappafa, que durante varios lustros se han enriquecido argumentando preceptos legales que -según estos- les permiten traer estas unidades sin que puedan ser decomisadas.

Y el negocio lo encontraron, en el momento en que decidieron crear sus respectivas organizaciones para supuestamente defender a los poseedores de esos vehículos, por una cierta cantidad de dinero que les intercambian por engomados que los distinguen como integrantes de sus organizaciones.

En algunos momentos de nuestra historia, y gracias a los centenares y centenares de automovilistas a los que presumiblemente representaban, llegaron a tener influencia sobre algunos políticos que lo respaldaban, y prácticamente se “blindaron” ante las autoridades, ya que ante cualquier intento de hacer decomisos de estos vehículos, de inmediato sacaban a relucir la “insensibilidad” de los gobiernos que estaban afectando la economía de muchos “pobres” que requerían de sus carros para trabajar, y que por sus condiciones de vida, no tenían para hacerse de un vehículo regular, ni mucho menos de los que se producen en agencias nacionales.

Ahora, después de las advertencias que hizo el gobernador Jaime Bonilla Valdez, y en medio de una campaña de oposición a esta medida por parte de opositores y de personas movidas por estas organizaciones (en algunos casos), y en otros por consideraciones muy válidas sobre lo que estaba en juego, el Congreso del Estado finalmente aprobó la creación del Instituto de Identidad Vehicular, y con éste, del censo de los llamados autos chocolate.

Se hicieron reformas al Código Penal de Baja California para que quienes incurran en esta ilegalidad enfrenten penas de prisión, y con 18 votos a favor y tres en contra de los diputados panistas -y del PRD- además de una abstención, se aprobaron los dos dictámenes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales para crear el referido Instituto, y llevar a cabo el registro de autos de procedencia extranjera.

El gobernador Jaime Bonilla Valdez ya había venido señalando de manera enérgica la actividad  irregular de esas organizaciones, y específicamente de Fidel Villanueva quien estuvo retándolo ante los anuncios de establecer este censo, por lo que reiteró el gobernador que ya no va a permitir que Anapromex, Fidel Villanueva, ni ninguna otra organización, sigan engañando a la gente.

Por su parte Amador Rodríguez Lozano, secretario general del gobierno estatal comentó hoy en entrevista con Agencia Fronteriza de Noticias que con esta iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad -que hoy fue votado- se sancionará con penas severas cualquier acto fraudulento, como el que llevan a cabo las organizaciones ya señaladas, dijo.

También sugirió al representante de Anapromex -Fidel Villanueva- que se vaya del Estado, si no quiere enfrentar estas sanciones ya votadas a favor.

Rodríguez Lozano dijo qué el gobierno del Estado no pretende realizar operativos de decomiso de autos irregulares, ni que tampoco utilizaría la información recabada en el padrón que se va a elaborar con esos fines, ni mucho menos entregaría la base de datos al SAT para su uso con fines de decomiso, en tanto que el gobernador de la entidad señaló que la autoridad federal sí puede hacer esos decomisos, además de los que se detecten que han sido utilizados para cometer algún delito..

El compañero Enrique Sánchez Díaz en su columna de hoy nos refiere una entrevista que en Mexicali otorgó el gobernador de la entidad, y también nos hace saber que el mandatario informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmará el decreto de regularización de autos “chocolate” en su próxima visita -que podría ser para abril o para mayo como dice la canción- aunque otra fuente nos indicaba que sería durante el mes de marzo.

Bonilla ya había anunciado en entrevista en el programa AFN POLÍTICO Y ALGO MÁS, que seguiría insistiendo ante el presidente sobre la necesidad de que firme ese decreto de regularización de autos porque esa fue una de sus promesas para Baja California, que se encuadraría dentro del programa de Zona Libre para la entidad, y por lo que dijo ayer en la capital del Estado, finalmente el presidente ya se lo confirmó.

Hay que recordar que Bonilla Valdez estuvo en días recientes en la Ciudad de México, y después en Baja California Sur, y en ambos lugares tuvo la oportunidad de intercambiar algunas palabras con el presidente mexicano, el que además le confirmó su apoyo y aprobación para el magno proyecto de la ampliación a 8 carriles de la carretera que une a Ensenada con Guerrero Negro en Baja California Sur.

Pero volviendo al tema de los autos chocolate, el gobernador Bonilla señaló que se habrá de crear el Registro Estatal de Vehículos -con el apoyo federal- para que se puedan importar las unidades que actualmente están circulando de manera irregular, con un costo de $600 dólares, y no los 1,500 que actualmente valen.

Repitió -lo que ya nos había dicho- en el sentido de que las importaciones se harían a través de la aduana mexicana, no solamente porque de esta forma resulta más económico sino –también- porque esas unidades ya están aquí.

En su momento, Amador Rodríguez Lozano hizo saber que mientras que el Sistema de Administración Tributaria tiene las facultades legales para decomisar los vehículos que estén en nuestra entidad de manera ilegal, el gobierno de Baja California tan sólo hará el censo para saber de quiénes son esos vehículos, considerando que en muchos delitos registrados se utilizan este tipo de autos.

También justificó el cobro de una tarifa –que se ha informado que será de mil pesos- ya que dijo que la creación del Instituto estatal que llevará a cabo ese registro, tendrá su vez un costo en instalación, equipamiento y operación, adicionalmente del monto que se deberá pagar para cubrir una inspección mecánica de esos vehículos para determinar los efectos ambientales que pueden tener, aliviando así, una problemática que afecta particularmente a Tijuana y Mexicali.

*.- Es tomadura de pelo advierte Kiki Méndez

El que levantó la voz de inmediato fue el Partido de Acción Nacional (PAN) a través de su dirigente estatal Enrique Méndez Juárez, quién consideró esta medida como “una tomadura de pelo y otro golpe al bolsillo de los bajacalifornianos”, añadiendo que tal parece que está mal que cobren otros pero sí cobra Bonilla estará bien.

El dirigente señaló que costará más de mil millones de pesos a los bajacalifornianos esta medida (aunque sería interesante saber de dónde surge esa cifra) a cambio “de nada” y afirmó que los diputados de Morena le aprobaron al gobernador Bonilla algo -que en su punto de vista- es “claramente un instrumento recaudatorio”.

Kiki Méndez consideró que la creación de este Instituto, tal como la propia reforma lo establece –advirtió- no resuelve el problema de fondo que es la falta de regularización de estos autos de procedencia estadounidense, sino que por el contrario –consideró- se les quiere cobrar cada año a los ciudadanos $1000 pesos más el costo de la verificación vehicular “sin que esto les garantice a estos, ni mucho menos al resto de la población, seguridad y legalidad en la planta vehicular que circula en el Estado”, además de que dijo que nadie les puede garantizar a esos propietarios que otra autoridad no les quite sus carros, lo cual es cierto, aunque quienes andan en este tipo de vehículos “se la juegan”, y saben cuál podría ser el destino final de sus unidades.

Pero volviendo a las palabras del dirigente panista, Méndez aseguró que Jaime Bonilla “una vez más les está viendo la cara los ciudadanos que menos tienen, y que juega con su inteligencia, disfrazando un Instituto que plantea, que con la entrega de calcomanías resolverá el problema del medio ambiente, cuando su encargado renunció “denunciando que existe menosprecio al tema”, refiriéndose al ex regidor de morena Manuel Rodríguez Monárrez.

Por esto le hizo un llamado al gobernador “para que dé marcha atrás a esta medida” y no cometa lo que para los panistas es “un error más”, con lo que consideró  “un absurdo y recaudatorio Instituto”.

También cuestionó la intención del gobernador de castigar a las asociaciones civiles que entregan láminas, que engañan a la gente, y que tampoco regularizan los autos, como ahora advierte que lo hará su gobierno.

PD.- Hace tiempo que no teníamos noticias del ex primer compadre del Estado (que por cierto, en su momento nos aseguró que nunca lo fue, aunque si tenía amistad), Fernando Beltrán, quien -hasta lo último que supimos- se había trasladado junto con su familia a España, unos dicen que de vacaciones, y otros que para vivir un rato por allá.

PD1.- Pero en días recientes le comentaron al reportero del barrio, que ya lo vieron departiendo muy tranquilamente, y disfrutando de la exquisita cocina que se sirve en Casa Plasencia (ubicad sobre el bulevar Agua Caliente) en compañía del secretario de Economía y Turismo Sustentable, Mario Escobedo Carignan.

PD2.- Rápidamente reaccionó el secretario General de Gobierno del Estado Amador Rodríguez Lozano, a la denuncia que le hicieron a Agencia Fronteriza de Noticias un grupo de custodios de los penales de la entidad, quienes hablaron de situaciones muy delicadas, una de estas que reconoció el propio subsecretario Castilla, en el sentido de que su hijo va a los penales a litigar, considerando que tiene derecho como todos los abogados.

PD3.- Negó que se le otorgaran privilegios como el de permitirle entrevistarse con sus clientes en salas especiales (como se muestra en la gráfica obtenida del video que nos entregaron en exclusiva), argumentando que ese día tuvieron un problema dentro del penal, y que por lo tanto, los abogados pudieron utilizar ese despacho.

PD4.- Lo interesante es que dijo que esto se dio porque hubo “un movimiento de personas que empezaron a quemar colchones en el penal”, lo que no sabíamos que había ocurrido, ya que hasta el momento se han reportado “sin novedad” en las prisiones.

PD5.- Amador Rodríguez Lozano anunció que estaba solicitando al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Ángel Mora Marrufo, una investigación en torno a esas denuncias, tras conocer de las mismas, a través de AFN. Muy bien.

PD6.- La cónsul de Estados Unidos en Tijuana, Sue Saarnio, se reunió este día con el fiscal estatal Guillermo Ruiz Hernández para firmar un “memorándum de entendimiento” que permitirá formar la Unidad Especial de Investigación, con el propósito de combatir delitos relacionados con la elaboración y uso de documentos falsos. 

PD7.- La Coparmex estableció un posicionamiento en torno a la Ley de Confianza Ciudadana demandando que tenga reglas claras y no se use como mecanismo de control político, y aunque dijeron estar de acuerdo “si corresponde a un mecanismo de confianza entre la ciudadanía, empresas y gobiernos”,  señalan que observan aquí que pese a que se intenta fomentar la inversión y el crecimiento de los negocios a partir de que estos no sean extorsionados por inspectores o funcionarios corruptos, también consideran que esta Ley puede prestarse a ser utilizada como un mecanismo de control político.

PD8.- Señalaron que el padrón de confianza es un registro propuesto por el gobierno federal para los ciudadanos y empresas, que vendrá a sustituir las revisiones que hacen los inspectores de las dependencias federales, y se hará a través de un sorteo y  análisis estratégico, para determinar las personas elegidas que sí serán inspeccionadas.

PD9.- Sin embargo, insisten en que establece diversas excepciones y no detalla cuál será el procedimiento para las empresas que no se quieren inscribir en ese registro, rechazando ser parte de este padrón, ni tampoco qué otros beneficios podrán recibir las empresas además de la supresión de las inspecciones.

PD10.- De hecho, creo que no es nada nuevo, ya que un mecanismo similar atienden empresas maquiladoras fronterizas, para poder llevar sus productos de exportación hacia mercados de Estados Unidos, por lo que los empresarios ya deben estar familiarizados con esto.

PD11.- Hablando de la Coparmex, en el Portal del compañero Isaí Lara Bermúdez, denominado “Punto Norte”, aparece su columna bajo el título: “Coparmex hablaba de cobardía, hasta que le tocó actuar”.

PD12- Y refiere algo interesante: no obstante que los empresarios de la Coparmex pusieron “el grito en el cielo” exigiendo a las autoridades cumplir con su labor y brindar la seguridad necesaria, tras de que uno de los delincuentes que se agarraron a balazos con la policía en el operativo en el que cayó el Chapito Leal, no fueron capaces de firmar un documento señalando que estaban de acuerdo con la incursión policiaca, para que detuvieran al tipo que se metió a sus instalaciones para resguardarse, lo cual provocó que se calificara de improcedente la detención que hicieron los municipales.

PD13.- Los representantes de la Coparmex se molestaron -como era lógico- porque en ese momento sesionaban los integrantes  del organismo de jóvenes que pertenecen a esta Confederación Patronal Mexicana, sin embargo no cumplieron con su obligación ciudadana de apoyar, para que esa investigación no se cayera. Ni modo suele suceder...

PD14.- La sala regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó este día la decisión del Tribunal de Baja California, que determinó la pérdida de registro como partido político de Transformemos, antes PES local. Los magistrados establecieron que este partido político no reunió el número de votos necesarios para conservar su registro en Baja California, y por lo tanto, le fue cancelado.

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