*.- El pleito entre la Síndico y la Oficial Mayor

DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 20 DE  OCTUBRE DE 2019 (AFN).- La desaparición de poderes que sugirieron unos, y promovieron otros, ante el tema de la ampliación de la gubernatura en Baja California -de 2 a 5 años- con justificada o injustificada razón, porque como se ha dicho eso lo determinará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora sí que procede en el estado mexicano de Sinaloa.

Ahí con el frustrado -como fallido- operativo realizado por el gobierno federal, queda claro que los poderes locales de Sinaloa no tienen ningún control sobre su entidad, no solamente porque se ha logrado llegar a este punto (por causas que podrían ser analizadas por separado) sino porque además se vieron ausentes en estos recientes hechos, seguramente porque consideraron que era un operativo que traía el gobierno federal mexicano. Al margen se podría decir que quedó claro, que tampoco existe una coordinación entre los tres niveles de gobierno en dicho estado.

Sé que recientemente, con motivo del caso Baja California, se dijo que para que procediera una desaparición de poderes tendrían que desaparecer de hecho de manera física los representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en una entidad (digamos, como consecuencia de algún hecho fortuito o grave accidente) sin embargo, también se ha dicho que procede cuando queda claro que en una entidad ninguno de los mencionados tiene control.

Y aquí podemos estar seguros que eso ocurre, porque el crimen organizado y el narcotráfico en Sinaloa, han imperado desde muchos años atrás. Han crecido a niveles tan terribles como los que vimos el  jueves pasado, al grado de que se atreven no sólo a retar, si no a rivalizar con el mismo gobierno mexicano.

El poder judicial por lo visto no ha sido capaz de aplicar sentencias que envíen fuertes mensajes a quienes desean ingresar en el mundo del narcotráfico, porque vemos que delincuentes enganchados con este, han brotado como arroz, y seguramente el legislativo también ha sido omiso en la promulgación de las leyes necesarias para no permitir que Sinaloa se haya convertido en un narco-estado como sin lugar a dudas lo es, lamentablemente para los sinaloenses de bien que hay muchos.

Del poder Ejecutivo ni qué decir, porque hay que ver que su policía no sólo ha estado ausente en este tema, sino en muchos de los casos involucrada (sin temor a equivocarnos) por los resultados vistos hasta ahora.

Ante lo ocurrido por la detención de Ovidio Guzmán López, el gobierno federal está obligado a tomar control de esa entidad, no sólo para rescatar a Sinaloa de las garras del narcotráfico, y hacer prevalecer el orden, las leyes y la constitución en general, sino para recobrar su honor que quedó muy maltrecho, no sólo a nivel nacional sino internacional, ante un acto que se acepte o no, nos hizo ver doblegados y arrodillados ante el crimen organizado.

¿Que Andrés Manuel López Obrador tomó una buena decisión al detener los hechos en Sinaloa para resguardar centenares de vidas? eso queda claro y ¡qué bueno! No se empezó como en administraciones anteriores al no dar su brazo a torcer para no verse mal, sin embargo, tampoco se le puede poner en el altar de un héroe, como sus seguidores lo están pretendiendo, porque fue su mismo gobierno, su misma administración, la que puso en riesgo esas vidas, ante el operativo fallido (calificativo que ellos mismos aceptaron) que llevaron a cabo sin una clara estrategia para lograr la detención de un individuo con las características de Ovidio Guzmán.

Probablemente el presidente no ordenó ese operativo, y ni siquiera podría haber estado enterado ante su empecinamiento -aquí sí- de dejar los temas en los ámbitos que "corresponden" para después ser enterado cómodamente de lo ocurrido, pero no deja de tener responsabilidad, porque aquí es donde debe entender que es di obligación estar al tanto de los más mínimos detalles de temas que representan seguridad nacional, como lo han hecho todos sus antecesores, por más que el actual gobernante los desacredite, y los desacrediten los mexicanos.

Alguien no hizo bien las cosas; alguien se equivocó y debe de pagar por esto; la mayoría de las voces coinciden en señalar al secretario de Seguridad Pública del país Alfonso Durazo como el responsable, y definitivamente él no puede alegar ignorancia ni inocencia, y el presidente así como tomó una firme decisión de poner fin a ese operativo peligroso para salvaguardar la vida de mexicanos, también debe tomar decisiones enérgicas y cortar cabezas, sin importar que con esto, sus opositores le echen en cara que se equivocó con el nombramiento de sus colaboradores.

De igual manera, no se le puede colgar la medallita de héroe, cuando en plena crisis, el presidente de la república no pudo ser capaz de cambiar su agenda y suspender su viaje a Oaxaca donde atendería temas sociales, para hacer frente a la mayor crisis que ha sufrido, y que seguramente enfrentará su gobierno hasta el momento.

Y nadie dice que los temas sociales que lo llevaron a Oaxaca no fueran importantes, pero en esta ocasión, había que atender algo urgente y el presidente perdió ese valioso tiempo de traslado y atención de su evento, que bien pudo utilizar para estar resolviendo la grave crisis. 

¿Que decidió enderezar el entuerto propiciado por sus encargados de seguridad? ¡Es cierto! pero tampoco lo hizo en forma inmediata, y por eso las horas de terror que vivieron las familias sinaloenses, que al concluir su pesadilla le agradecieron, como cuando las víctimas de un secuestrador terminan -sino enamorándose-  agradeciéndoles por su vida a sus secuestradores  que les trataron "bien".

El propio Andrés Manuel López Obrador lo dijo en su posterior rueda de prensa: sobre Ovidio Guzmán López había una orden de captura (de un juez mexicano) con fines de extradición, por haber sido solicitado por el gobierno de Estados Unidos (por lo que se entiende la posterior llamada de Donald Trump a López Obrador) lo que significa que se trató de un operativo que debió ser planeado y conocido por las más altas autoridades del país, pero por el contrario, vimos un operativo torpe con las consecuencias ya conocidas por todos.

Y sí, he escuchado y leído aquellas críticas de quienes apoyan -a ojos cerrados- al actual mandatario, señalando que ahora todos somos "expertos en seguridad" y no es eso; se trata simplemente de análisis, opiniones, y en algunos casos, de conocimiento previo de cómo se realizan estas acciones y qué es lo que calculan y miden quienes están al frente, para evitar no solamente daños colaterales como los que le reclaman al ex presidente Calderón (que también hizo cosas muy torpes) sino para no generar riesgos como el que ahora vivimos a un gran nivel, y en situaciones nunca antes observadas en el país, por la falta de experiencia de quienes manejan el área correspondiente.

Así es que en resumen podríamos decir: que fue el mismo gobierno mexicano el que puso en riesgo las vidas de las familias sinaloenses, aunque luego dio marcha atrás para salvarlas.

El presidente -por lo tanto- debe ordenar una revisión a fondo de lo sucedido: debe cortar cabezas, y debe -sobre todo- ponerse seriamente al frente de su gobierno; concuerdo con aquellos que dicen que ya debe  poner fin a las mañaneras -y a sus viajes por todo el país- para dedicarse de tiempo completo, y en cuerpo y alma, a encabezar las acciones de su gobierno; a dirigir el país, y a demostrarnos ese cambio que mucho nos prometió, y que nos hizo confiar en que no sería más de lo mismo, que nos dieron los gobiernos priistas y panistas

Así es que si no se da la desaparición de poderes, por lo menos que el gobierno federal tome el "toro por los cuernos" y asuma el control de la seguridad en ese estado.

*.- El pleito entre la Síndico y la Oficial Mayor

Definitivamente, los morenistas -como ocurrió con los panistas cuando recién tomaron las riendas de los gobiernos en Baja California- darán mucho de qué hablar, porque están mostrando que no solamente, no saben todavía cómo gobernar, sino que les falta la característica principal para que las cosas salgan bien: la comunicación.

Estamos viendo reproducirse los mismos escenarios que observamos en 1989, cuando ganó el partido de Acción Nacional, en que funcionarios de los mismos gobiernos se trataban como desconocidos -por no decir enemigos-  y en lugar de coordinarse y trabajar de mutuo acuerdo para sacar adelante el proyecto que los llevó al triunfo, se enfrentaban para ver quién salía adelante con su posición, imponiendo lo que cada uno creía que era correcto.

Durante la semana que concluyó, nos enteramos de un enfrentamiento verbal que se dio entre la síndico procuradora María del Carmen Espinosa (Melli) y la oficial mayor, Ana Leticia Salcedo Quiroz, porque inclusive quedó grabado en videos que luego nos fueron enviados.

El origen del problema estriba, en el hecho de que un espacio dentro de Palacio Municipal, que seguía siendo utilizado por la sindicatura procuradora (porque en su momento se entregó para la fugaz existencia de la sindicatura social), el gobierno municipal decidió "recuperar" para ubicar ahí, otras oficinas y más personal.

Recordarán que en una de esas ocurrencias del Partido Acción Nacional, se determinó crear la sindicatura social, que revisaría (de cierta forma), lo que a su vez haría la sindicatura procuradora, pero los mismos gobiernos panistas decidieron -tras un primer trienio- desaparecer esa oficina, por considerar que no dio los resultados que esperaban, aunque más bien algunos suponen  que esto se debió al hecho de que el trabajarla, le dio popularidad y presencia política, al primero y único de sus titulares, Bernabé Esquer Peraza.

El hecho, es que la oficial mayor ordenó que fueran reinstalados en la misma sindicatura los pocos elementos que se dice que ahí laboraban, bajo el argumento de que la sindicatura social desapareció en su momento, y por lo tanto, ya no correspondía ese espacio a la dependencia de Melli. Además se valoró el hecho de que la siguieron ocupando, en virtud de que el anterior presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, le concedió esa petición a la titular Ana Marcela Guzmán Valverde.

Por su parte, de la sindicatura procuradora respondieron con un documento oficial del Cabildo de Tijuana, en el que -si bien- se establecía la desaparición de la sindicatura social, en uno de sus incisos, se hacía notar que los recursos presupuestales y materiales que la sindicatura social tenía, quedarían bajo el resguardo de la sindicatura procuradora, ya que de ahí se desprendió esta breve figura, así es que de esto se agarró Meli Espinoza, para defender lo que consideró suyo, argumentando además que se cuenta con una dirección social dentro de la dependencia a su cargo.

Lo que no cuidaron fueron las formas, y resultó bochornoso el enfrentamiento que tuvieron ambas mujeres frente a varios de los colaboradores de las dos funcionarias. 

Aunque la oficial mayor discutía de manera más tranquila y sin levantar la voz, la síndico procuradora, muy al estilo al que nos tiene acostumbrados, hablaba en tono fuerte e imperativo, repitiendo aquel discurso que ya se ha hecho clásico desde antes de su llegada, en el sentido de que ella está ahí para evitar la corrupción y el mal funcionamiento del gobierno municipal.

No sabemos si se hizo previamente, pero la oficial mayor debió haber buscado una reunión en privado con la síndico procuradora para darle a conocer que se haría ese desalojo y cambio de su personal para concentrarlo dentro de las oficinas que encabeza Espinoza, y si no fue así, entonces la propia síndico, con toda corrección y guardando la compostura, debió haber pedido a la funcionaria que la acompañara a su oficina, para platicar en privado -y en cortito- sobre esto que las enfrentó de manera lamentable.

PD.- No les "cae el veinte" de que ya son gobierno, de que ya ganaron, de que deben de unirse para que no les arrebaten lo que obtuvieron en las urnas, y de que el enemigo lo tienen afuera, y no dentro de ellos mismos.

PD1.- ¿O será que hay quienes traen su propio proyecto político? 

PD2.- El gran tema en lo sucedido en Sinaloa no es si se tomó una correcta decisión para salvar vidas, porque eso era imperativo y no quedaba de otra, sino el hecho de haber realizado un operativo de manera tan torpe que provocó que se pusieran en riesgo esas vidas.

PD3.- Crecen las versiones en el sentido de que Durazo quiso colgarse la "estrellita" con su Guardia Nacional y que dejó al margen a las fuerzas armadas y a sus mandos, a los que también puso en peligro, y a los que finalmente tuvo que recurrir para evitar más graves consecuencias.

PD4.- Eso amerita una investigación seria y a fondo, y si se comprueba, fincarle las responsabilidades que correspondan.

PD5.- Entiendo el enojo, como ya se los dije antes, que pudieran tener los integrantes de las fuerzas armadas, por las vidas que han perdido -y que inclusive se perdieron en este operativo- para que luego los hicieran quedar como los "malos de la película".

PD6.- Ojalá que eso no les haga  renacer, aquellos sueños que han tenido desde la revolución.

PD7.- De igual manera, creo que ha llegado la hora de que el presidente entienda que en México hay diversidad de opiniones y puntos de vista, y si realmente es un gobernante tolerante y respeta la libre opinión (cómo ha dicho hasta el cansancio) debe dejar de tratar de exhibir a quienes le preguntan cosas que no coinciden con su manera de actuar.

PD8.- Con todo respeto, pero parece chamaco, peleando cuando le lanza pullas a reporteros, como sucedió en el caso de Reforma, en el momento en que éste le hacía una pregunta que efectivamente refleja lo que otros millones de mexicanos, que no son amlovers piensan, y que necesitan de una respuesta inteligente.

PD9.- Para este domingo, cuando ya tenía gran parte de la columna escrita, recibimos informes de nuestro compañero Fernando Bojórquez en el sentido de que ya están llegando centenares de militares al Estado de Sinaloa, lo que debió haber ocurrido desde el primer momento de la crisis, pero, ya es algo bueno.

PD10.- Ahora, quien se puso en el centro de la polémica fue Juan Manuel Hernández Niebla, quién durante los últimos años ha destacado por sus análisis en torno al tema de la seguridad, ya que se reveló que tenía un contrato con el gobierno de la ciudad por $200,000 pesos mensuales, para la digitalización de documentos.

PD11.- Sucede, que reclamó que no se le ha dado respuesta a su solicitud en el sentido de celebrar una reunión con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del cual es presidente, y la administración municipal respondió que no han tenido ninguna petición en ese sentido y que el único encuentro formal que se tuvo con el empresario fue en tesorería, en donde supuestamente Hernández pidió que se le renovara ese contrato.