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| Tintero Por: Enrique Tellaeche ¿Pena de muerte, ahora si? |
De nueva cuenta y ante los índices de criminalidad que se registran en el país y la
crítica situación del estado y
Tijuana, de nueva cuenta y gracias al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, se
pone en el pandero el tema
de la pena de muerte.
Más allá de la moralidad y la efectividad de la aplicación de la pena capital, el
problema que padecemos, el cáncer
que corroe al entramado social y nos mantiene en la desesperación, es la impunidad.
Claro, si nos secuestran, violan o asesinan con saña a un familiar, la mayoría --no se
cuantos-- desearíamos que
tasajearan con una navaja de rasurar, limón y sal a los responsables.
Sin embargo, a la hora de cuestionarnos la certidumbre de la responsabilidad
aplicable a los sentenciados, ahí es
donde la puerca torció el rabo.
El cáncer --insisto-- de la sociedad mexicana es la impunidad y evitarla en última
instancia y en este caso, es
atribución del poder judicial.
Muchos sabemos de la rampante corrupción de todos los integrantes de los
tribunales, otros suponemos esa
característica soterrada de los magistrados y pocos creemos en la honradez, probidad
y cumplimiento de la ley por
parte de los jueces.
En múltiples ocasiones algunos abogados se han quejado de la corrupción de los
jueces, pero ninguno quiere
denunciarla pública y formalmente pues sería el suicidio laboral y profesional.
Nadie puede negar que los juzgados son considerados como fruterías, porque "puro
melón", pero de pesos; esto
es, corren ríos de dinero no fiscalizable a cambio de la libertad.
La aplicación de la justicia es una "cadena" donde todos sus eslabones deben estar
plenamente conectados uno
con otro; de lo contrario --un eslabón roto-- por consecuencia no permite
técnicamente esa ideal aplicación de la
ley.
En lugar de buscar abrir el debate por la aplicación de la pena de muerte (que sería
económicamente rentable,
satisfactoria para los afectados y repudiable para los responsables) deberíamos iniciar
la discusión sobre cómo
acabar con la impunidad.
Hay que empezar por el ente más oscuro, más lóbrego y más sombrío como lo son los
poderes judiciales.
Fiscalizarlos, revisarlos, certificarlos y investigarlos.
!No nos hagamos los inocentes!. Las policías detienen a miles y miles, las
procuradurías "deben" integrar las
investigaciones correcta y eficientemente y los jueces "deben" aplicar "toda la ley"
para sancionar a la
delincuencia, acabar con ella y terminar con la impunidad.
Las autoridades hacen que la Virgen les habla porque, o por temor, o por mal
entendido respeto institucional o
complicidad, sólo hablan y destinan recursos a tratar de arrestar a los violadores de la
ley, pero nada que tienda a
abatir la impunidad.
No reclama el Gobernador la ineficiencia de las General de la República, de los
procesos en las instancias
judiciales federales, ni de las sentencias que emiten los juzgadores. Lo mismo sucede
en el ámbito local. Todos se
hacen patos, por conveniencia.
Allí, en el poder judicial federal y local, es donde se debe empezar la limpia.
¿O quién nos garantiza los juicios apegados a Derecho?
¿Será cierto que las cárceles están llenas de pobres e inocentes?
A ver quién tiene los arrestos suficientes para prender la mecha.
¡Ya basta de simulación!
crítica situación del estado y
Tijuana, de nueva cuenta y gracias al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, se
pone en el pandero el tema
de la pena de muerte.
Más allá de la moralidad y la efectividad de la aplicación de la pena capital, el
problema que padecemos, el cáncer
que corroe al entramado social y nos mantiene en la desesperación, es la impunidad.
Claro, si nos secuestran, violan o asesinan con saña a un familiar, la mayoría --no se
cuantos-- desearíamos que
tasajearan con una navaja de rasurar, limón y sal a los responsables.
Sin embargo, a la hora de cuestionarnos la certidumbre de la responsabilidad
aplicable a los sentenciados, ahí es
donde la puerca torció el rabo.
El cáncer --insisto-- de la sociedad mexicana es la impunidad y evitarla en última
instancia y en este caso, es
atribución del poder judicial.
Muchos sabemos de la rampante corrupción de todos los integrantes de los
tribunales, otros suponemos esa
característica soterrada de los magistrados y pocos creemos en la honradez, probidad
y cumplimiento de la ley por
parte de los jueces.
En múltiples ocasiones algunos abogados se han quejado de la corrupción de los
jueces, pero ninguno quiere
denunciarla pública y formalmente pues sería el suicidio laboral y profesional.
Nadie puede negar que los juzgados son considerados como fruterías, porque "puro
melón", pero de pesos; esto
es, corren ríos de dinero no fiscalizable a cambio de la libertad.
La aplicación de la justicia es una "cadena" donde todos sus eslabones deben estar
plenamente conectados uno
con otro; de lo contrario --un eslabón roto-- por consecuencia no permite
técnicamente esa ideal aplicación de la
ley.
En lugar de buscar abrir el debate por la aplicación de la pena de muerte (que sería
económicamente rentable,
satisfactoria para los afectados y repudiable para los responsables) deberíamos iniciar
la discusión sobre cómo
acabar con la impunidad.
Hay que empezar por el ente más oscuro, más lóbrego y más sombrío como lo son los
poderes judiciales.
Fiscalizarlos, revisarlos, certificarlos y investigarlos.
!No nos hagamos los inocentes!. Las policías detienen a miles y miles, las
procuradurías "deben" integrar las
investigaciones correcta y eficientemente y los jueces "deben" aplicar "toda la ley"
para sancionar a la
delincuencia, acabar con ella y terminar con la impunidad.
Las autoridades hacen que la Virgen les habla porque, o por temor, o por mal
entendido respeto institucional o
complicidad, sólo hablan y destinan recursos a tratar de arrestar a los violadores de la
ley, pero nada que tienda a
abatir la impunidad.
No reclama el Gobernador la ineficiencia de las General de la República, de los
procesos en las instancias
judiciales federales, ni de las sentencias que emiten los juzgadores. Lo mismo sucede
en el ámbito local. Todos se
hacen patos, por conveniencia.
Allí, en el poder judicial federal y local, es donde se debe empezar la limpia.
¿O quién nos garantiza los juicios apegados a Derecho?
¿Será cierto que las cárceles están llenas de pobres e inocentes?
A ver quién tiene los arrestos suficientes para prender la mecha.
¡Ya basta de simulación!
