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PGR “paralizada” frente a crimen organizado
*.- Salen libres peligrosos delincuentes y la autoridad federal deja escapar gran oportunidad
*.- El general Sergio Aponte Polito lo dijo también: la Paren Baja California no hace nada
*.- El nuevo delegado en la entidad, con antecedentes no aclarados
*.- Salen libres peligrosos delincuentes y la autoridad federal deja escapar gran oportunidad
*.- El general Sergio Aponte Polito lo dijo también: la Paren Baja California no hace nada
*.- El nuevo delegado en la entidad, con antecedentes no aclarados
TIJUANA BC 31 de mayo de 2008 (AFN).- Cuando los ciudadanos
pensaban que había una esperanza de cambio, ante el reciente
nombramiento de delegado federal de la PGR en la entidad, el hecho de
que cuatro peligrosos delincuentes evadieran la justicia, puso en evidencia
que esto no es así.
Apenas el pasado 19 de este mes de mayo, el Procurador General de la
República, Eduardo Medina Mora, ordenó la integración del Lic. Martín
Rubio Millán a la titularidad de esa dependencia en Baja California,
presumiblemente para combatir –como es su función- al crimen
organizado.
Sin embargo bastaron tan sólo diez días, para comprobar que la
Procuraduría General de la República en esta entidad no está cumpliendo
con su papel, como no lo ha hecho durante las últimas décadas, en las
que creció desproporcionadamente la inseguridad y el crimen.
Mientras que la procuraduría estatal actuó tan sólo por extorsión en grado
de tentativa en contra de: José Ramón García García (encargado del grupo
que opera para La Perra), Jorge Luís Arellano García, Víctor Manuel
Hernández Barraza y Saúl Arnoldo Jacobi Guijarro, la General de la
República, ni siquiera se tomó la molestia de solicitar al Estado que se
declarara incompetente, como lo había hecho en el pasado con otros
varios casos, no obstante los datos que señalaban la relación de los
mencionados con Filiberto Parra Ramos (a) “La Perra”.
Y también, pese a que la procuraduría de la entidad le dio “vista” del asunto
a la PGR, esta institución brilló por su ausencia en este caso y los
individuos que “cobran piso” a sexo-servidoras y pasan droga a Estados
Unidos, volvieron a las calles, al parecer tras el pago de tan sólo cinco mil
pesos de fianza.
Agencia Fronteriza de Noticias fue informada de que muy probablemente lo
mismo ocurra con el caso de otros tres peligrosos integrantes del cártel,
encabezados por Edgar Gustavo Escamilla Campos, de 26 años de edad,
detenido el jueves 22 de mayo, acusado de secuestro, junto con Daniel
Espinoza Campos de 21 años y Erick Gutiérrez Buenrostro, de 19.
Estos se encuentran internados en la penitenciaría y aunque se les
encontró en posesión de 21 teléfonos celulares, tres radios de frecuencia,
otros tres de Nextel y un arma de fuego calibre .40 con siete tiros útiles y
dos cargadores, que no pudieron explicar para que utilizan, la PGR no
informó si los investiga por delincuencia organizada.
Estos dos casos, podrían haber llevado a la autoridad federal, de así
quererlo, a llegar a individuos de mayor envergadura dentro del cártel de
los hermanos Arellano Félix y a desarticular a grupos delictivos que realizan
secuestros, levantones y otros delitos que traen aterrados a los
ciudadanos.
Según lo que informaron algunas fuentes, en el primer caso, el grupo
encabezado por José Ramón García García, le representa a Parra Ramos,
por lo menos el 30 por ciento de sus ingresos, por lo cual se buscó lograr
su liberación.
Para eso primero atemorizaron a las mujeres a las que estos individuos
pretendían extorsionar con 50 dólares semanales, sin embargo al no lograr
que una de ellas cambiara sus declaraciones, se le pretendió “comprar”
con 15 mil dólares que le ofrecieron dos agentes ministeriales,
identificados solamente como Octavio y Mario, a fin de que falsearan sus
declaraciones o las retiraran.
El Comandante de la Segunda Región Militar, General Sergio Aponte Polito
acusó a la representación de la PGR en Baja California, frente al mismo
titular, Eduardo Medina Mora, en el sentido de que esta dependencia nada
hacía para enfrentar al crimen organizado y que no procesaba a los
delincuentes, muchos de los cuales recobraban su libertad.
EL NUEVO DELEGADO DE PGR
En tanto, en Baja California, desde el pasado 19 de este mes, despacha
como nuevo delegado de la Procuraduría General de la República, el
licenciado Marín Rubio Millán, el cual no ha informado sobre cuál es su
plan para combatir al crimen organizado ni mucho menos se ha visto que
haga algo para evitar que los secuestradores y sus cómplices, sigan en la
calle, no obstante la suerte de que otras autoridades se los han capturado.
De Rubio Millán, reportes periodísticos provenientes de las zonas en las
que despachó como tal (DF, Morelos y Michoacán) se establece que fue
investigado por la misma procuraduría a la que todavía sirve, por la
“escapatoria” de José Belem Mendoza Flores, identificado legalmente
como el hijo de Albino Quintero Meraz. Esto se dice que ocurrió el pasado
10 de mayo de 2003 en el estado de Morelos.
Sin embargo, previamente a esto, el funcionario ya tenía dos
averiguaciones abiertas en su contra, por solicitar la renuncia a un agente
del Ministerio Público Federal, bajo amenazas.
La PGR lo acusó de haber devuelto 82 millones de pesos e inmuebles a
defraudadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando Rubio
estuvo en la delegación del Distrito Federal, entre los años de 1999 y 2003.
Estas acusaciones se quedaron finalmente “archivadas”.
.
pensaban que había una esperanza de cambio, ante el reciente
nombramiento de delegado federal de la PGR en la entidad, el hecho de
que cuatro peligrosos delincuentes evadieran la justicia, puso en evidencia
que esto no es así.
Apenas el pasado 19 de este mes de mayo, el Procurador General de la
República, Eduardo Medina Mora, ordenó la integración del Lic. Martín
Rubio Millán a la titularidad de esa dependencia en Baja California,
presumiblemente para combatir –como es su función- al crimen
organizado.
Sin embargo bastaron tan sólo diez días, para comprobar que la
Procuraduría General de la República en esta entidad no está cumpliendo
con su papel, como no lo ha hecho durante las últimas décadas, en las
que creció desproporcionadamente la inseguridad y el crimen.
Mientras que la procuraduría estatal actuó tan sólo por extorsión en grado
de tentativa en contra de: José Ramón García García (encargado del grupo
que opera para La Perra), Jorge Luís Arellano García, Víctor Manuel
Hernández Barraza y Saúl Arnoldo Jacobi Guijarro, la General de la
República, ni siquiera se tomó la molestia de solicitar al Estado que se
declarara incompetente, como lo había hecho en el pasado con otros
varios casos, no obstante los datos que señalaban la relación de los
mencionados con Filiberto Parra Ramos (a) “La Perra”.
Y también, pese a que la procuraduría de la entidad le dio “vista” del asunto
a la PGR, esta institución brilló por su ausencia en este caso y los
individuos que “cobran piso” a sexo-servidoras y pasan droga a Estados
Unidos, volvieron a las calles, al parecer tras el pago de tan sólo cinco mil
pesos de fianza.
Agencia Fronteriza de Noticias fue informada de que muy probablemente lo
mismo ocurra con el caso de otros tres peligrosos integrantes del cártel,
encabezados por Edgar Gustavo Escamilla Campos, de 26 años de edad,
detenido el jueves 22 de mayo, acusado de secuestro, junto con Daniel
Espinoza Campos de 21 años y Erick Gutiérrez Buenrostro, de 19.
Estos se encuentran internados en la penitenciaría y aunque se les
encontró en posesión de 21 teléfonos celulares, tres radios de frecuencia,
otros tres de Nextel y un arma de fuego calibre .40 con siete tiros útiles y
dos cargadores, que no pudieron explicar para que utilizan, la PGR no
informó si los investiga por delincuencia organizada.
Estos dos casos, podrían haber llevado a la autoridad federal, de así
quererlo, a llegar a individuos de mayor envergadura dentro del cártel de
los hermanos Arellano Félix y a desarticular a grupos delictivos que realizan
secuestros, levantones y otros delitos que traen aterrados a los
ciudadanos.
Según lo que informaron algunas fuentes, en el primer caso, el grupo
encabezado por José Ramón García García, le representa a Parra Ramos,
por lo menos el 30 por ciento de sus ingresos, por lo cual se buscó lograr
su liberación.
Para eso primero atemorizaron a las mujeres a las que estos individuos
pretendían extorsionar con 50 dólares semanales, sin embargo al no lograr
que una de ellas cambiara sus declaraciones, se le pretendió “comprar”
con 15 mil dólares que le ofrecieron dos agentes ministeriales,
identificados solamente como Octavio y Mario, a fin de que falsearan sus
declaraciones o las retiraran.
El Comandante de la Segunda Región Militar, General Sergio Aponte Polito
acusó a la representación de la PGR en Baja California, frente al mismo
titular, Eduardo Medina Mora, en el sentido de que esta dependencia nada
hacía para enfrentar al crimen organizado y que no procesaba a los
delincuentes, muchos de los cuales recobraban su libertad.
EL NUEVO DELEGADO DE PGR
En tanto, en Baja California, desde el pasado 19 de este mes, despacha
como nuevo delegado de la Procuraduría General de la República, el
licenciado Marín Rubio Millán, el cual no ha informado sobre cuál es su
plan para combatir al crimen organizado ni mucho menos se ha visto que
haga algo para evitar que los secuestradores y sus cómplices, sigan en la
calle, no obstante la suerte de que otras autoridades se los han capturado.
De Rubio Millán, reportes periodísticos provenientes de las zonas en las
que despachó como tal (DF, Morelos y Michoacán) se establece que fue
investigado por la misma procuraduría a la que todavía sirve, por la
“escapatoria” de José Belem Mendoza Flores, identificado legalmente
como el hijo de Albino Quintero Meraz. Esto se dice que ocurrió el pasado
10 de mayo de 2003 en el estado de Morelos.
Sin embargo, previamente a esto, el funcionario ya tenía dos
averiguaciones abiertas en su contra, por solicitar la renuncia a un agente
del Ministerio Público Federal, bajo amenazas.
La PGR lo acusó de haber devuelto 82 millones de pesos e inmuebles a
defraudadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando Rubio
estuvo en la delegación del Distrito Federal, entre los años de 1999 y 2003.
Estas acusaciones se quedaron finalmente “archivadas”.
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